La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, negó suspender el decreto que permite a los servidores públicos promover la consulta de revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La ministra aceptó el trámite que le presentaron los representantes de los partidos PAN, PRI y PRD, en el que solicitaban que se impidiera hacer publicidad a la consulta.
Ante la situación el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no dio efecto al decreto de la coalición “Va por México” que pidió que suspendieran los efectos hasta que fueran determinados si son constitucionales.
También la ministra Margarita Ríos-Farjart no otorgó la suspensión de la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados, en las buscaban frenar el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retirar la propaganda que difunden en redes sociales.
También negó la suspensión solicitada por los Diputados y la petición de atender de manera prioritaria este asunto, por lo que seguirá vigente la orden de borrar las publicaciones sobre las actividades del presidente en Hermosillo y Cajeme, Sonora del 12 de febrero.
Marko Cortés
El pasado 23 de marzo cuando Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que esperan que la Corte declare inconstitucional esta reforma que busca cambiar las reglas del juego.
“Esto es absolutamente inaceptable, estamos en medio de una consulta tergiversada de la revocación de mandato que el propio presidente de la República impulsó, que ellos mismos aprobaron, pero que ahora al ver el desinterés de la sociedad en participar en esta gran farsa están cambiando las reglas del juego para que los funcionarios de Gobierno destinen su tiempo, que deberían destinarlo a darnos resultados para hacer promoción para que la gente vaya a votar en esta falsa consulta de revocación de mandato en lo que hoy es más bien una ratificación de mandato”, declaró.
La impugnación ocurre luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anular el decreto que permitía a funcionarios públicos hablar sobre la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril.
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