Como se sabrá, este próximo fin de semana se definen seis gobernaturas en el país. Algo muy significativo no solo para los partidos políticos, sino para los ciudadanos, pues estos comicios prometen ser un preámbulo (o reflejo) de lo que acontecerá en las presidenciales de 2024.
Por una parte, los partidos de la actual oposición ansían volver al poder; el país se está tiñendo de guinda a nivel local, por lo que, al parecer, están dispuestos a todo, con tal de volver, incluso si esto significa traicionar valores y mezclarse con opuestos, como son las alianzas “Va por México”, entre PRI, PAN y PRD. Perder más presencia, ya no es opción.
Por la otra parte, está un movimiento que pretende seguir con una agenda que aspira a la transformación del país y cuyo principal cuestionamiento es qué pasará después de concluir el mandato del actual ejecutivo federal: Andrés Manuel López Obrador. Puebla y Veracruz, por ejemplo, no se han caracterizado por obtener mejores resultados que otras administraciones; por lo que puede decirse que la transformación, en estos estados, va lenta.
Por tanto, este tipo de detalles empiezan a llamar la atención para cuestionarse respecto al porvenir. Por lo mismo, existe la necesidad de empezar a observar otro tipo de cuestiones que, por lo general, no están tan de cerca del radar ciudadano.
Por ejemplo, hace ya poco más de un mes en que se promovió una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Sin embargo, su análisis a fondo ha pasado desapercibido; temas tan importantes como: financiamiento de partidos políticos, reducción de legisladores a nivel local y federal, elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, o el voto electrónico.
Simplemente, y sin entrar tanto a detalles, tómese de ejemplo lo que antes era el Instituto Federal Electoral (IFE), su cambio a Instituto Nacional Electoral (INE) y lo que se propone ahora, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Todo esto resulta importante porque es ahí donde radica la verdadera «tensión electoral». Desde hace tiempo, nuestro país cuenta con un sistema electoral mixto, en el que conviven tanto el método de mayoría simple y de proporcionalidad. No obstante, la institucionalización de este sistema, no se ha logrado propiamente.
Hoy por hoy, se sabe que la política es conflicto. Se espera que los partidos políticos compitan entre sí. Pero entre esas diferencias deben existir acuerdos que permitan la institucionalización, y qué mejor que una institucionalización del sistema electoral.
En otras partes del mundo, los partidos políticos también tienen sus diferencias. Esto no es exclusivo de México. Pero, lo que hace a este país estar un paso atrás es, precisamente, no haber institucionalizado su sistema electoral.
Por tanto, la institucionalización del sistema electoral mexicano debe ser una prioridad y dejar de ser una «tensión electoral», donde el partido hegemónico pretende imponer mecanismos que le beneficien; mientras que los pequeños y los que luchan por sobrevivir, apuestan por esquemas que les permitan obtener una representación.
Habría, pues, que ponerse de acuerdo en cómo institucionalizar el sistema electoral mexicano; adaptarlo a la realidad que se vive en el país. Más allá de centrar el debate en quién o quiénes serán los vencedores, es importante establecer reglas firmes para determinar a esos ganadores.
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