El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”,no logró un acuerdo con el gobierno federal por el caso de corrupción de la planta chatarra de Agronitrogenados.
El juez de control Gerardo Alarcón López, tras cinco horas de audiencia, aplazó la audiencia para el próximo 31 de agosto.
Esto se dio luego de que el Gobierno Federal solicitara 30 millones de dolares al exdirector de Pemex para concretar el acuerdo de conciliación por la compraventa de la planta de fertilizantes.
Esta cantidad es tres veces más del monto que ofreció la defensa de Emilio “L” en abril pasado.
El exfuncionario se comprometió a pagar 10.7 millones de dólares. Es decir, más de 220 millones de pesos en concepto de indemnización. También garantizaría cinco propiedades adicionales, entre ellas:.
La residencia en Lomas de Bezares en la Ciudad de México.
Un departamento de su esposa en Ixtapa, Zihuatanejo.
La casa de su padre en la colonia Bosques del Pedregal, Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, Emilio “L” habría recibido 10 millones de dólares por la transacción.
Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear 39 mil 55 mil pesos como medida cautelar. De esa cantidad, se han recuperado judicialmente 88 mil 9 mil pesos, la mayoría a través de recursos de apelación, informó el medio La Jornada.
La nota reveló que datos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que a mayo de 2023, solo 4,350 millones de pesos de los 39 mil 55 mil millones de pesos que tienen congelados a los usuarios del sistema financiero desde 2014 para evitar y detectar actos relacionados con el financiamiento del terrorismo y operaciones que utilicen recursos de procedencia ilícita (lavado de activos) permanezcan inmovilizados.
Casi nueve de cada diez pesos que la UIF había bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, actividades ilícitas de hidrocarburos, petróleo o petroquímica, servicio público ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión han sido recuperados en casos legales por las personas investigadas.
En casi una década se han desbloqueado 34 mil 705 millones de pesos, de los cuales 9 mil 303 millones (o 26 por ciento) fueron liberados a través de la garantía de audiencia, 25 mil 119 millones (o 72 por ciento) a través de juicios de amparo, y más 281 mil millones (0 por ciento), lanzados en 2017, 2018 y 2020, no han revelado su método de descongelación.
La investigación reveló que la tesorería de Pablo Gómez asegura haber bloqueado solo 346 millones de pesos hasta mayo de 2023, pero en esos cinco meses personas investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales o apoyo al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos a través de juicios de amparo.
La UIF está lejos de registrar el monto total bloqueado en 2019, cuando congeló 16 mil 384 millones de pesos, pero solo quedaron bajo protección 706 mil millones de pesos una vez que entró la garantía de audiencia y, más importante, los juicios de amparo, a través de los cuales los usuarios del sistema financiero fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas y posteriormente recuperaron el dinero.
No hay datos organizados y concisos sobre quiénes han sido dados de baja de la lista de bloqueados de la UIF.
Sin embargo, entre los casos más destacados de este año están los de Linda Cristina Pereyra Gálvez y Luis Cárdenas Palomino, quienes fueron la mano derecha y esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos recibieron protección a cambio de ser eliminados de la lista del Tesoro y pudieron recuperar los fondos que estaban congelados en el sistema financiero.
Personas vinculadas al caso Genaro García Luna, incluida su esposa Cristina Pereyra, tuvieron acceso a más de la mitad del dinero inicialmente congelado, según datos de la UIF divulgados en marzo.
Este viernes Pablo Gómez, titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para informar sobre el juicio que el Gobierno de México presentó ante un tribunal de Miami, Florida, para recuperar alrededor de 600 millones de dólares que Genaro García Luna y sus socios, entre ellos su esposa, desviaron del erario público en los sexenios de Felipe Calderón Inojosa y Enrique Peña Nieto.
El funcionario mencionó que un Tribunal de Florida ya resolvió la demanda del gobierno de México presentada contra el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, por lo que ahora habrá un juicio para que esos 600 millones de dólares regresen a las arcas de México, además de que la decisión de la corte civil es inapelable, en el sentido de que la defensa de García Luna buscaba frenar el proceso.
Pablo Gómez mostró una tabla en donde se leen los nombres de los socios, empresas y cantidades que desviaron cada uno de ellos durante los dos sexenios del pasado, en donde destacan Linda Christina Pereyra Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg López, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg Pinto y quienes firmaron contratos por 225,212,906 dólares.
Detallaron que los recursos que se desviaron fueron de 223 millones 212 mil 909 dólares durante el sexenio ilegítimo de Felipe Calderón y de 420 millones 753 mil 293 dólares en la administración de Enrique Peña Nieto.
“No se quedó en el tiempo en que García Luna fue secretario de seguridad con Felipe Claderón, siguieron operando con el nuevo gobierno (EPN)”, mencionó Gómez respecto a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez.
Corrupción, insignia de los gobiernos neoliberales
El titular de la UIF explicó a la audiencia de las mañaneras y a prensa que durante los gobiernos neoliberales la corrupción fue uno de los principales instrumentos de gobierno del país y destacó que la administración que encabeza el Presidente López Obrador es la primera que trabaja para desmantelar la corrupción.
Sobre la red de García Luna, el funcionario mencionó que tomaban el dinero, le daban vuelta a través de Barbados, siendo éste su paraíso fiscal de tránsito para finalmente llegar a Florida, por lo que no es de extrañar que lo robado, se haya invertido en aquel estado de la nación americana.
Finalmente puntualizó que la demanda del Gobierno de México es un precedente, ya que es la primera vez que se hace un juicio contra una trama de corrupción y es la primera vez que una administración se empeña en combatir la corrupción como un sistema.
Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al Gobierno de México respecto a una demanda civil en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México durante el sexenio de Felipe Calderón, por presunto lavado de fondos robados.
La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la institución lo acusó de participar en una red compleja de lavado de fondos robados. En 2021 la UIF presentó la demanda en los tribunales del condado de Miami-Dade donde se le acusaba al exfuncionario de lavado de dinero por más de 700 millones de dólares.
Quienes también estarían involucrados en este delito serían la esposa de García Luna, Linda Pereyra, y la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López.
En el caso de los Weinberg, los abogados presentaron una apelación argumentando que el caso debía ser juzgado en Miami.
Tanto un juez en Miami, como la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida, han dictaminado a favor del Gobierno mexicano, aunque aún falta un largo proceso para que se dictamine un juicio.
Cabe señalar que esta demanda es independiente al juicio penal en el que García Luna, detenido en Dallas, Texas, en 2019, fue declarado culpable en febrero pasado de cinco delitos; cuatro de ellos por tráfico de drogas y uno por mentirle a la autoridad migratoria.
Hace apenas un mes se dio a conocer que Linda Cristina Pereyra, así como cuatro familiares del exfuncionario mexicano, cuentan con una orden de aprehensión ya que son acusados del desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante contratos de prisiones federales.
El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar las operaciones financieras y económicas de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina.
Al justificar el punto de acuerdo, diputados de Morena expusieron que la Auditoría Superior de la Ciudad de México halló irregularidades en el gasto de dos programas sociales del gobierno del panista por 8 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021.
Asimismo, revelaron contratos por más de 11 millones de pesos con la empresa Aymas Herramientas SA de CV, cuya sede se encuentra en España y su domicilio fiscal en México no existe. A esta compañía se le encargó el acondicionamiento de un centro para la prevención de las violencias de género, así como dar mantenimiento y rehabilitación a una casa de cultura y biblioteca.
También hicieron referencia a las declaraciones patrimoniales de Taboada, quien en tres años pasó de declarar ingresos anuales de 40 mil pesos a 14 millones de pesos.
Dichos motivos fueron por los que la mayoría del pleno aprobó hacer el exhorto a la UIF durante la sesión del pleno.
Los panistas no sólo son propietarios de departamentos en la alcaldía Benito Juárez; sus gobiernos han quedado retratados como los más opulentos y menos transparentes. Por eso las autoridades deben investigarlos y llegar hasta las últimas consecuencias, dijo la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila.
Luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, abandonó su comparecencia ante diputados el viernes pasado, el pleno del Congreso local exhortó a las comisiones Unidas de Alcaldías y de Administración Pública a que cite nuevamente al panista, con la finalidad de que cumpla cabalmente con la obligación constitucional de informar y comparecer.
También se pidió a la Secretaría de la Contraloría General investigar la conducta del funcionario, y en caso de incurrir en faltas administrativas se proceda conforme a derecho.
Los morenistas afirmaron que el acuerdo de comparecencia consta de la rendición del informe y sesión de preguntas y respuestas con legisladores, lo cual no cumplió el funcionario.
Más allá de una afrenta y ofensa directa de un alcalde a un poder público, el funcionario violentó la Constitución local, la Ley Orgánica y el Reglamento del órgano legislativo. Incumplió con su obligación de rendir cuentas.
Este martes 23 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que un tribunal colegiado negó un amparo a Genaro García Luna para descongelar sus cuentas bancarias.
De acuerdo a la UIF, esta decisión fue adoptada porque el congelamiento se hizo en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional.
Cabe recordar que el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del expanista, Felipe Calderón, fue procesado y sentenciado en Estados Unidos por recibir sobornos del crimen organizado.
En 2020, García Luna promovió juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México contra el acuerdo que lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos.
El 16 de mayo de 2022, el Juez de Distrito emitió sentencia y señaló que nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
Con ello, se dio validez a la solicitud emitida por la DEA aportada por la UIF en el juicio de amparo.
En contra de dicha resolución, García Luna interpuso recurso, el cual fue admitido por el Décimo Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 288/2022.
El tribunal decidió negar el amparo, por considerar que la UIF demostró que el origen de la inclusión fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional.
Este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el caso de Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de Genaro García Luna y que ahora fue contratada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dirige Norma Lucía Piña Hernández.
Pablo Gómez agregó que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna. Aseguró que Sonia Vargas Terreno realizó operación que consisten en 71 millones 600 mil dólares.
“Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”.
Sentenció
En el mismo tenor explicó que las autoridades mexicanas, hicieron contrataciones por servicios de 2012 a 2018 en las que están involucrados funcionarios como Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Cisen; EduardoGuerreroDurán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como EnriqueSalinasRomero, director General de la Política y Estadística Criminal.
Igualmente detalló que todas las erogaciones que se hicieron a un mismo conglomerado de empresas manejadas por un par de personas para sistemas de rastreo, sistemas de inteligencia y telefonía celular. Estas operaciones, dijo, se llevaron a cabo durante el sexenio de FelipeCalderón y el de Enrique Peña Nieto.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo”, dijo sobre estas acciones que habrían llevado a desviar más de 700 millones de dólares, los cuales el gobierno de México espera recuperar gracias a un juicio civil en Florida, EstadosUnidos.
Finalmente mencionó que las personas mencionadas en este informe son investigadas por la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra buscando más evidencias para que se determine si estos funcionarios cometieron algún acto de corrupción.
Este viernes, tras su regreso a las conferencias matutinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña NIeto, y señaló que el ex funcionario deberá delatar a quienes lo presionaron para cometer actos de corrupción, si es que quiere llegar a un acuerdo.
En la conferencia mañanera rechazó nuevamente la propuesta de que el acuerdo económico sea por 10.7 millones de dólares, sin embargo, mencionó que concretarlo será una decisión de las dependencias involucradas como la UIF, Pemex y la Fiscalía General de la República.
“Sí es testigo protegido, criterio de oportunidad, se hace por dos cosas, a partir de dos elementos, uno que devuelvan, que ese para mí es el más importante y dos que dé más información sobre los actos de corrupción, en este caso quién le ordenó lo de nitrogenado, quiénes fueron los que participaron junto con él porque él sí tiene responsabilidad era el director de Pemex y quién compra esta empresa chatarra es Pemex, pero quién le ordenó comprar. Él puede decir quién hizo el trato, si intervino Salinas, si intervino Peña, si fue un negocio en las alturas, pero él sabe”.
Fue ayer, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, aseguró que en un periodo de 15 días se podría concretar la firma de un acuerdo reparatorio entre el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo que el ex funcionario quedaría en libertad.
AMLO también consideró que 10.7 millones de dólares como reparación del daño es poco, siendo esta la cifra que ofreció la defensa de Emilio Lozoya.
“Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco, es que 10 millones son 200 millones de pesos, cuánto entregó a los legisladores, fue muchísimo más que eso y de dónde salió ese dinero, entonces que hagan bien las cuentas, cuánto fue el pago extra o excedente en la compra de Agronitrogenados”.
La defensa de Emilio Lozoya alcanzó un diálogo con la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte y que encabezó el juez Gerardo Genaro Alarcón López, los representantes de la FGR, la UIF y Pemex se manifestaron a favor de suspender la audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados, a fin de llegar a un acuerdo con Emilio Lozoya.
Emilio Lozoya Austin seguirá en prisión, dentro del Reclusorio Norte, hasta que se formalice el convenio de reparación del daño con UIF y Pemex y el criterio de oportunidad con la Fiscalía y se avale judicialmente.
Durante la diligencia, la defensa del ex director de Pemex hizo un recuento de los momentos que ha vivido la negociación que permitirá el retiro de los cargos y que mantienen en prisión desde noviembre de 2021 a Lozoya Austin.
El abogado Miguel Ontiveros Alonso mencionó que desde enero de 2022 estuvieron en posibilidad de formalizar ante la autoridad judicial el acuerdo que concedería el criterio de oportunidad y el pago exigido por Pemex y UIF.
Para esto también dijo que “Emilio Lozoya no reconoce responsabilidad penal ni se considera culpable en ninguno de los dos casos”. Hay ánimo y voluntad para proceder con la firma del acuerdo.
El litigante pidió a los representantes del gobierno federal que tienen que participar en la negociación que se mantengan dos condiciones, la primera de ellas que se mantengan los montos repositorios solicitados por Pemex y UIF y que ascienden en total en ambos procedimientos penales a 10 millones 736 mil 351 dólares.
La segunda petición consistió en que se beneficien de estos acuerdos, su madre, Gilda Austin, su esposa, Marielle Heckes, y su hermana, Gilda Susana.
Explicó que al igual que hace un año el monto exigido como reparación del daño se garantizará con diversos inmuebles.
En su exposición, Ontiveros Alonso mencionó que durante la conferencia de prensa en esta mañana en Palacio Nacional el secretario de gobernación, Adán Augusto López, mencionó que Emilio Lozoya tiene derecho a un acuerdo reparatorio.
En su oportunidad los representantes de las instituciones federales señalaron que llegaron a esta audiencia con la instrucción de no oponerse al diferimiento de la diligencia y restablecer las negociaciones.
Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron “no existe oposición en caso de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio”.
Los representantes de Pemex y de la UIF se manifestaron a favor del diferimiento para “llevar acabo las pláticas conciliatorias” y se llegue a un acuerdo reparatorio.
En respuesta la defensa del ex director de Pemex se manifestó a favor de que esto se alcance con los montos ya convenidos con anterioridad y se formalice el criterio de oportunidad, y aunque solicitaron que los representantes gubernamentales se comprometieran a los puntos con los defensores, el juez Alarcón López les respondió que la sola manifestación de esa voluntad en la audiencia no tendría ninguna obligatoriedad pues tiene que establecerse en el convenio que alcance.
Ante esta situación, Lozoya participó en la audiencia y declaró: “Ya llevamos muchos años cooperando y hemos accedido a las peticiones de la FGR y de las otras partes, ello no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o con que acepte alguna responsabilidad en los cargos”.
“Es sorprendente que sigan echando largas para este acuerdo mientras que otro coacusado, el señor Alonso Ancira, logró el acuerdo que no se me ha permitido. Yo le pediría que no se utilice la prisión preventiva o la persecución de mujeres para intentar un incremento en los montos de la reparación del daño, ello va contra mis derechos”.
Ontiveros Alonso agregó que se requiere el compromiso de las instituciones federales que hasta ahorita no tienen garantías objetivas “para que se mantenga el monto que se determinó con peritaje y que constan en las actuaciones realizadas en el poder judicial”.
Sin embargo, los defensores de Lozoya señalaron estar a favor “de un acuerdo justo, establecido en las constancias judiciales” y que tanto Lozoya Austin como su familia “han aceptado pagar el 100 por ciento de lo que ellos han pedido”.
La próxima audiencia para revisar si ya hubo un acuerdo o continúa el proceso de Agronitrogenados contra Lozoya Austin se fijó para el próximo 18 de julio a las 12:30 horas.
El Presidente López Obrador explicó que existen varias denuncias contra empresas factureras, sin embargo, el Poder Judicial poco ha avanzado en los procesos, por lo que ha instruido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Atención Tributaria (SAT), intervenir en el caso y explicar cuantas denuncias hay.
AMLO aclaró que estas prácticas crecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero se acrecentaron en el siguiente, con Enrique Peña Nieto, momento en que fueron “muy socorridas” las empresas factureras.
“Hizo mucho daño lo de las facturas falsas, se extendió como práctica desde Calderón”, explicó el Presidente López Obrador.
El líder del Ejecutivo federal detalló que el modus operandi para desviar recursos es crear factureras de empresas que no existen y las registraban con domicilios en Unidades Habitacionales, así como en colonias populares.
Pablo Gómez entra al juego
Detalló que la gente que vivía en esos lugares desconocía que su domicilio era usado para estas prácticas ilegales, pues no saben que sus casas son usadas como la sede de una empresa facturera fantasma.
En el mismo contexto, señaló que aunque existen denuncias contra empresas factureras, poco se ha avanzado en estos casos, pues el Poder Judicial no ha hecho nada al respecto.
“El Poder Judicial no está comprometido con la justicia ni con el combate a la corrupción, el Poder Judicial debe reformarse, jueces, magistrados, ministros”.
AMLO
Puebla, paraíso de empresas factureras
Cabe mencionar que 2014 a 2018, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, Servicios de Salud del Estado de Puebla desvió al menos 124 millones 179 mil 135 pesos pagando facturas de supuestos servicios que resultaron emitidas por empresas fantasmas.
Igualmente en 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la actualización de su lista de empresas que simulan operaciones emitiendo facturas, también llamadas “fantasma”, con 116 nombres, entre ellos seis con domicilio fiscal en el estado de Puebla.
