Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear 39 mil 55 mil pesos como medida cautelar. De esa cantidad, se han recuperado judicialmente 88 mil 9 mil pesos, la mayoría a través de recursos de apelación, informó el medio La Jornada.
La nota reveló que datos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que a mayo de 2023, solo 4,350 millones de pesos de los 39 mil 55 mil millones de pesos que tienen congelados a los usuarios del sistema financiero desde 2014 para evitar y detectar actos relacionados con el financiamiento del terrorismo y operaciones que utilicen recursos de procedencia ilícita (lavado de activos) permanezcan inmovilizados.
Casi nueve de cada diez pesos que la UIF había bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, actividades ilícitas de hidrocarburos, petróleo o petroquímica, servicio público ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión han sido recuperados en casos legales por las personas investigadas.
En casi una década se han desbloqueado 34 mil 705 millones de pesos, de los cuales 9 mil 303 millones (o 26 por ciento) fueron liberados a través de la garantía de audiencia, 25 mil 119 millones (o 72 por ciento) a través de juicios de amparo, y más 281 mil millones (0 por ciento), lanzados en 2017, 2018 y 2020, no han revelado su método de descongelación.
La investigación reveló que la tesorería de Pablo Gómez asegura haber bloqueado solo 346 millones de pesos hasta mayo de 2023, pero en esos cinco meses personas investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales o apoyo al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos a través de juicios de amparo.
La UIF está lejos de registrar el monto total bloqueado en 2019, cuando congeló 16 mil 384 millones de pesos, pero solo quedaron bajo protección 706 mil millones de pesos una vez que entró la garantía de audiencia y, más importante, los juicios de amparo, a través de los cuales los usuarios del sistema financiero fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas y posteriormente recuperaron el dinero.
No hay datos organizados y concisos sobre quiénes han sido dados de baja de la lista de bloqueados de la UIF.
Sin embargo, entre los casos más destacados de este año están los de Linda Cristina Pereyra Gálvez y Luis Cárdenas Palomino, quienes fueron la mano derecha y esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos recibieron protección a cambio de ser eliminados de la lista del Tesoro y pudieron recuperar los fondos que estaban congelados en el sistema financiero.
Personas vinculadas al caso Genaro García Luna, incluida su esposa Cristina Pereyra, tuvieron acceso a más de la mitad del dinero inicialmente congelado, según datos de la UIF divulgados en marzo.
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