Las personas con los cargos más importantes del país, con la facultad de quitar o asignar propiedades, de confirmar o revocar contratos, de privar a ciudadanos de su libertad, de revocar leyes o reglamentos o de destituir a funcionarios electos por el pueblo; esas personas no responden ante la ciudadanía ni enfrentan consecuencias por sus actos, ya que se vigilan a sí mismos.
Así es el Poder Judicial en la actualidad, sumido en la más profunda opacidad, sin rendición de cuentas. La democracia no ingresa a sus dominios, que se mantienen en un sistema de prebendas y privilegios, como si todavía vivieran en el virreinato.
‘El Poder Judicial está podrido” fueron las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en lo que lleva de gobierno trató de asear y modernizar este Poder, hasta caer en cuenta que necesita un cambio de raíz.
Pese al cambio hacia la oralidad y a una reforma realizada al inicio de este sexenio, se mantiene una casi absoluta arbitrariedad en el actuar de los jueces y magistrados, quienes parecieran fallar de acuerdo a intereses o incluso a sobornos. Por demasiados años, los mexicanos hemos visto con rabia a toda clase de políticos corruptos seguir libres gracias a amparos u otras artimañas, ¡hasta su mal habida fortuna estaba protegida! También hemos visto como conocidos hampones y líderes delictivos logran asombrosamente la libertad, debido a decisiones de jueces.
Es común que la ciudadanía critique la inseguridad, y con razón, pero solo despotrique contra el Poder Ejecutivo, cuando la procuración de justicia está en manos de un órgano autónomo, la Fiscalía, y la sentencia de los delincuentes está en manos de jueces, a menudo sin capacitación suficiente o que prefieren soltar a malhechores por errores procesales. La oposición, que tanto gusta hablar de contrapesos, olvida que mientras los legisladores, gobernadores y presidentes municipales, además de ser votados al cargo, pueden ser retirados del mismo por un juicio político, destitución judicial o revocación de mandato, los jueces gozan de una impunidad garantizada, ya que los vigila un organismo interno, el Consejo de la Judicatura, que es casi inoperante.
¿Cómo se llegó a este estado de cosas? Desde la última gran reforma, la de Zedillo, los jueces y magistrados han operado sin suficientes contrapesos. Aquí ya no se trata de una autonomía, sino de una total falta de rendición de cuentas, de una falta total de democracia, entendida como un predominio del interés del pueblo, garantizado a través de canales de acción y participación. Cuanto más peso tiene la ciudadanía en una institución, más cuidadosos son los funcionarios en su actuar, más sensibles y temerosos son ante la opinión pública, más rápido se corrigen errores y se despide a quienes actúan mal. Por ello, en los tiempos de la represión priista, cuando la opinión de la gente importaba poco, los políticos se creían semidioses, gastaban el dinero público de manera grosera, y actuaban contra el interés general (privatizaban, subían impuestos o endeudaban), sin consecuencias. Hoy, en dos de los poderes del Estado, el panorama ya no es tan grave, pero en el Judicial, todo sigue igual: una vida de lujos y privilegios para los jueces y magistrados, contrataciones discrecionales, familiares en nómina, ascensos por lealtad y la justicia vendida al mejor postor.
La conclusión es clara: una institución encerrada, a espaldas del pueblo, rápidamente comienza a envenenarse; es una herida que se gangrena, un agua que se estanca por no fluir. Si el Poder Judicial está podrido, entonces lo que corresponde es “abrir las ventanas” y así oxigenar esta institución, con una saludable dosis de democracia.
¿Puede alguien negar que la corrupción impera entre los jueces? ¿No está claro que se han vuelto en un obstáculo para el desarrollo del país, ya que su arbitrario proceder menoscaba el estado de derecho?
Tal parece, que será directamente por la decisión del pueblo, a través de una consulta popular, que se reformará al Poder Judicial. Oponerse a ello, como lo está ya haciendo el conservadurismo, es oponerse a la voluntad de los mexicanos, es evidenciarse como antidemocráticos.
Porque, de paso, resulta hasta risible, si no fuera en un tema tan grave, ver cómo los medios de comunicación elitistas repiten hasta el cansancio de que hay un “golpe de estado” y que no se respetan los contrapesos, cuando el Poder Ejecutivo y Legislativo actúan de acuerdo a sus facultades, con las mayorías que se han ganado en las urnas. De aprobarse esta reforma, será igualmente, a través de los canales permitidos por la propia constitución y leyes. ¿Solucionará todo?, por supuesto que no, pero sin duda mejorará muchísimo las cosas en un poder que no puede ir peor.
CALICA ‘BORRA’ A INDÍGENAS
De forma ofensiva, la empresa estadounidense “Vulcan Materials”, autora de una de los mayores ecocidios en el Caribe mexicano a través de su cantera Calica, publicó una postura ante los supuestos “ataques” del gobierno mexicano. Allí, negó la existencia de asentamientos humanos junto a esta gigantesca mina, borrando de un plumazo la existencia de cerca de 17 mil personas.
Calica destinó recursos por años para disfrazarse de “Empresa Socialmente Responsable”, adoptando parques y reforestando partes de Playa del Carmen, pero ahora pretende ignorar todas las comunidades con las que coexistía, lo que incluye a muchísimas personas de origen indígena. Un grupo de estos habitantes, de escasos recursos, ha denunciado a la empresa por los daños causados tanto a ellos como a sus niños por las nubes de polvo que eran obligados a respirar, producto de sus explosiones. Aunque olvidados por los gobiernos neoliberales e ignorados por Calica, ellos no guardarán silencio y exigirán su derecho a vivir en un medio ambiente sano.
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