EL PODER JUDICIAL AMPARA AL PODER JUDICIAL CONTRA EL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO. JUEZ Y PARTE, ¿CONFLICTO DE INTERÉS?.
Tal como amenazó el poder judicial de la federación, al advertir que pelearía por todos sus privilegios, luego de la aprobación por parte del poder legislativo en ambas cámaras, de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos de la burocracia dorada del poder judicial que beneficia a poco más de 1,738 miembros de ese poder. Un juez federal suspendió temporalmente la reforma constitucional aprobada por diputados y senadores de Morena y que fue publicada por el ejecutivo federal para su entrada en vigor, con lo cual, el consejo de la judicatura estaría obligado a regresar a la tesorería de la federación los mas de 15 mil millones de pesos contenidos en esos 13 fideicomisos creados ilegalmente. Fue el juez federal décimo segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, no olviden ese nombre, quien concedió el amparo.
Martes 31 octubre 2023, un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena, la reforma que extingue los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral entregarían más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
El día de ayer, se dio a conocer una medida cautelar que impide, por el momento, la aplicación de la reforma que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, los organismos judiciales argumentaron que esta medida vulneraba su autonomía financiera y pone en riesgo el cumplimiento de sus funciones.
El juez federal consideró que existían elementos suficientes para conceder la suspensión provisional, en tanto se resuelve el fondo del asunto. La decisión del juez ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, pues algunos la ven como una defensa del Estado de derecho y otros como un obstáculo para el combate a la corrupción y a los excesivos gastos de ese poder.
El Juez décimo segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, “prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesofe”, además, a estos últimos organismos les prohibió disponer del dinero de dichos instrumentos financieros.
Lo anterior, al resolver un amparo interpuesto por su superior jerárquico, es decir a la Magistrada del primer Tribunal Colegiado en materia civil y del trabajo María del Carmen Cordero Martínez.
Dense cuenta lo eficiente que es el poder judicial, cuando se trata de sus intereses o los de algún grupo de intereses creados que tienen poder sobre jueces, magistrados o ministros. Pero no fueran los 17 mil presos sin sentencia, ellos pueden esperar, no fueran todas las víctimas de crímenes que, también deben esperar, o no fuesen las reformas contra el pueblo y los recursos de México regalados a extranjeros, por que entonces, no ven, no oyen, no saben y no resuelven, y si lo hacen es en contra de México.
En resumen, la magistrada le ordena a su empleado (el juez Juan) hacerle y resolverle un amparo para quedar bien con su jefa Norma Piña, que claro, también en su momento resolverá a favor el fondo del asunto, sin importarles aquel mandato que sentencia que solo el poder legislativo puede LEGISLAR, atentando otra vez contra las funciones de los otros dos poderes.
Lluvia de amparos contra el decreto de extinción de fideicomisos de PJF.
La publicación del decreto que extingue los 13 fideicomisos del poder judicial de la federación ha provocado una lluvia de amparos por parte de los “supuestos afectados” del poder judicial, que consideran que se vulnera su autonomía y sus derechos laborales. El decreto, que entró en vigor el pasado 23 de octubre, ordena la transferencia de los recursos de estos fideicomisos al Tesoro de la Federación, con el fin de generar ahorros y evitar la opacidad en su manejo. Sin embargo, los beneficiarios de estos fondos, que incluyen a jueces, magistrados, consejeros, servidores públicos y magistrados pensionados del poder judicial, argumentan que se trata de una medida arbitraria, que afecta sus ingresos y prestaciones, así como el funcionamiento del sistema de impartición de justicia.
Pero además ya vienen otros amparos de la mafia del poder, de Claudio X y de la llamada sociedad civil, como los de: “Uniendo caminos México”, “México haciendo ciudadanía” y “Fuerza ciudadana”, entre otras. ¿Qué pasará con esos amparos?, no se preocupe, no necesita ser abogado, le adelanto que todos se van a conceder.
¿Quien promueve el amparo en la asociación “Uniendo caminos México”?, su vocero, Joan Antonio Ochoa, de Irapuato, Michoacán, quien quiso ser candidato independiente a diputado federal en Guanajuato en 2020, es decir, un conservador de derecha, de un grupito que promueve todo tipo de amparos contra el gobierno, como lo hizo contra ley de ciencia del CONACYT.
¿Deben excusarse los jueces, ministros y magistrados para conocer y resolver amparos contra el decreto que extingue los fideicomisos que atañen a su propio poder?
Esta es una pregunta que ha generado mucha controversia en el ámbito jurídico y político de México. Ante esta situación, se plantea si los jueces, ministros y magistrados que conforman el Poder Judicial deben excusarse para conocer y resolver los amparos contra el decreto, es decir, si deben abstenerse de intervenir por tener un interés personal o institucional en el asunto. La respuesta no es sencilla, pues implica analizar diversos aspectos jurídicos y éticos, así como el equilibrio entre la independencia judicial y la rendición de cuentas.
Lo cierto es que los jueces, ministros y magistrados tienen el deber de excusarse para garantizar la imparcialidad y la objetividad en el ejercicio de su función jurisdiccional. Al ser beneficiarios directos o indirectos de los fideicomisos que se pretenden extinguir, podrían tener un conflicto de interés que les impida resolver con plena autonomía e independencia. Además, al excusarse estarían demostrando su compromiso con la transparencia y la ética judicial, así como su respeto al principio de división de poderes.
Pero la realidad es que los jueces, ministros y magistrados dirán que no tienen por qué excusarse, pues su intervención no implica una violación al debido proceso ni a la tutela efectiva de los derechos. Al contrario, al conocer y resolver los amparos estarían cumpliendo con su obligación constitucional de proteger los derechos humanos y garantizar el orden jurídico. Asimismo, dirán que, al no excusarse estarían defendiendo su independencia judicial frente a posibles injerencias o presiones políticas que busquen limitar su actuación o su autonomía presupuestal.
En conclusión, si los ministros de la suprema corte de injusticias del país siguen violando la constitución a diario en un acto de desacato y abuso de poder, ya que se han negado a acatar la ley que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, ley aprobada por el Congreso y respaldada por el pueblo, que tiene como objetivo combatir la corrupción y la desigualdad que imperan en el país. Sin embargo, los magistrados, que se supone que son los garantes de la constitucionalidad, han violado la Carta Magna al otorgarse salarios exorbitantes que superan los 600 mil pesos mensuales.
Se puede adelantar que, este poder se impondrá, violando la constitución y las Leyes, no importándole que, el Pueblo manda, lo hace a través de sus representantes, ellos son los Diputados y Senadores, los cuales ya ordenaron la desaparición de esos ilegales fideicomisos que, insultan a millones de mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema. ¡Urge una reforma judicial profunda!.
Estamos en un gobierno Judicial, donde nada sucede sin la aprobación de el Poder de Podres, el Poder Judicial, el cual está al servicio de una Oligarquía de derecha, conservadora y malinchista.
Lo que vivimos es una situación de dominio judicial, en la que todo depende de la voluntad de un Poder de Jueces, el Poder Judicial, que actúa en favor de una élite de derecha, tradicionalista y entreguista.
La función del poder judicial es administrar justicia y garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Sin embargo, en México, el poder judicial intenta imponerse a los otros dos poderes, interfiriendo en sus competencias y dictando sentencias contrarias al interés general. Esto ya genera un conflicto institucional y una crisis de legitimidad democrática que molesta al pueblo y al gobierno emanado de él.
¿Cómo se puede combatir al poder judicial cuando pretende imponerse al poder legislativo y ejecutivo?
– Reformar la Constitución o las leyes para limitar el alcance y la duración del mandato de los jueces, establecer mecanismos de control y rendición de cuentas, y modificar el sistema de nombramiento y remoción de los magistrados para puntualizar los límites de su independencia, mejorando su eficiencia, transparencia y calidad, y para combatir la corrupción, el nepotismo, el corporativismo y la politización que puedan afectar a sus integrantes.
– Promover el diálogo y la cooperación entre los tres poderes del Estado, respetando sus respectivas funciones y competencias, y buscando soluciones consensuadas y acordes con el ordenamiento jurídico y los principios democráticos.
– Movilizar a la ciudadanía y a la sociedad civil para exigir el respeto a la Constitución y las leyes, denunciar los abusos o arbitrariedades del poder judicial, y defender los valores democráticos y republicanos.
Marchemos en 2024 por México, contra los abusos del poder Judicial, esta movilización se llamará PLAN C y les dará el poder a los mexicanos para cambiar al corrupto omnipresente poder Judicial.
Mtro. Ricardo Álvarez López, el hijo del monje. J.J.A.Fuster.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
