Cuatro de cada cinco activistas asesinados en el mundo eran latinoamericanos; Colombia lidera en número total y Guatemala en asesinatos per cápita, según Global Witness.
En 2024, al menos 146 líderes sociales y ambientales fueron asesinados o desaparecidos en todo el mundo, y 120 de ellos (82%) eran latinoamericanos, de acuerdo con el último informe de Global Witness, titulado Raíces de resistencia. Por tercer año consecutivo, Colombia encabeza la lista de homicidios, con 48 activistas muertos, mientras que Guatemala registra un aumento alarmante, quintuplicando sus casos y situándose como el país con más asesinatos per cápita, de acuerdo con un análisis de Noor Mahtani para El País.
Entre las víctimas destacan Carmelina Yule Paví, de 62 años, quien luchaba contra el reclutamiento infantil por grupos armados en Cauca, Colombia; Felipe Xo Quib, que defendía los derechos del pueblo Q’eqchi’ frente a macroproyectos mineros en Guatemala; y Marcos Sánchez Perea, quien protegía los bosques de Puebla desde el Comisariado Ejidal de San Andrés Hueyacatitla, México. Todos fueron asesinados para frenar su labor y enviar un mensaje a quienes pudieran continuar su lucha.
El informe evidencia que los pueblos afrodescendientes, indígenas y mujeres son los más afectados. Solo los pueblos indígenas representaron un tercio de los asesinados, a pesar de constituir apenas el 6% de la población mundial. La mayoría de las muertes (68% en América Latina y el Caribe) están relacionadas con disputas por la tierra, mientras que otras se vinculan a minería, industrias extractivas, explotación forestal y agroindustria.
Expertos como Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores en Colombia, destacan que la violencia se puede prevenir si el Estado y las autoridades locales responden a las alertas tempranas. En Guatemala, la activista Brenda Guillén denuncia que la impunidad es casi total: el 89% de las denuncias ni siquiera se investigan, mientras los responsables operan con impunidad.
Global Witness advierte que la región mantiene el estatus de la más peligrosa para activistas, y la COP30 en Brasil plantea la pregunta urgente: ¿cómo proteger a quienes defienden los territorios y el medio ambiente antes de que sea demasiado tarde?
