El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Naciones Unidas emitió la resolución A/RES/65/209 donde se aprobó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Así que la importancia de un día como hoy obliga a que hablemos un poco sobre este lamentable tema.
Terrorismo de Estado
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención ya referida la desaparición forzada se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por personas servidoras públicas, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.
Una desaparición forzada viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, entre otros:
- Derecho a la libertad y seguridad de la persona
- Derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes
- Derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición
- Derecho a la protección y a la asistencia a la familia
- Derecho a un nivel de vida adecuado
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación
- Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
- Derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida
Como podemos ver la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que ha formado parte en el Estado mexicano como una política establecida para provocar terror y miedo en la población, pues ya se sabía de los años 60 que si te metías poquito en política contra el PRI podías muy seguramente ser desaparecido forzadamente. A esta política se le conoce conceptualmente como Terrorismo de Estado y es muy utilizada para ilegalmente mantener el control de ciertos gobiernos y sociedades.
La guerra contra el narco
Así escalamos a la guerra total y al crimen más grande que cometió el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006 al declarar la guerra al narco (aunque en realidad se alió al cártel de Sinaloa para atacar a los Zetas) y provocar la oleada de violencia brutal de la cual aún no nos podemos recuperar del todo.
Y es que se tuvieron más de 100 mil muertos y las desapariciones forzadas aumentaron a miles. Es decir, el Estado ya no solo te desaparecía por tus ideas, también lo podía hacer ahora casi por cualquier razón ya que los grupos delictivos estaban en contubernio con las autoridades e instalaron una eficiente economía del crimen (narcotráfico, trata de personas, esclavitud de migrantes, cobro de derecho de piso, etc.)
Los 43 normalistas de Ayotzinapa es una muestra de lo hondo que había calado esa problemática. Fue la gota que derramó el vaso y protestar por los estudiantes desaparecidos era a su vez hacerlo contra todas las desapariciones forzadas perpetuadas por el Estado mexicano.
Te seguiré buscando…
En esa baraja ahora tenemos a las personas buscadoras de desaparecidos aglutinadas en comités o en organizaciones sociales que a su vez también resultan ser acosadas y violentadas mientras hacen su búsqueda. Es decir, no basta con el martirio de buscar a algún familiar desaparecido, ahora también su vida peligra considerablemente y en muchos casos han sido asesinadas.
Hablamos que en nuestro país a pesar de las políticas y los avances de la actual administración para reducir los índices de violencia, tenemos un registro oficial (siempre con un sesgo) de 110 mil 985 personas que han sido reportadas como desaparecidas de 1964 al 22 de agosto pasado.
Es decir, la crisis de seguridad nos alcanza y en muchos sentidos nos rebasa. No queda más que seguir luchando codo a codo con los comités y colectivos de personas buscadoras por construir políticas públicas que puedan ayudar a encontrar a las personas desaparecidas y también a evitar que esa práctica siga ocurriendo. Después de todo, añoramos y luchamos por una paz que sea producto de la justicia social.
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