La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al primer juzgado de distrito especializado admitir la demanda colectiva presentada por la Cofece contra empresas y directivos que, durante al menos una década, se coludieron para restringir la distribución de medicamentos, manipular precios y limitar descuentos a farmacias.
En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó con más de 903 millones de pesos a cinco empresas, una asociación y 21 personas físicas, además de inhabilitar a 10 directivos. Estas prácticas ocasionaron un daño estimado en más de 2 mil 400 millones de pesos al sistema de salud.
La demanda colectiva interpuesta en 2024 exige la reparación de mil 900 millones de pesos, a ser destinados al IMSS-Bienestar. Aunque inicialmente fue rechazada por el juzgado de distrito debido a amparos en curso, la SCJN determinó que las sanciones son definitivas desde su emisión administrativa, lo que permite continuar con el proceso.
Este fallo sienta un precedente para que la nueva autoridad de competencia impulse acciones colectivas en defensa de los derechos de los consumidores.
Con 323 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, nueva autoridad que sustituirá a la extinta Cofece y que dependerá de la Secretaría de Economía. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
Este nuevo organismo público descentralizado será responsable de garantizar la libre competencia en todos los mercados del país, prevenir prácticas monopólicas y combatir concentraciones indebidas. Tendrá cinco comisionados designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
La Comisión contará con autonomía técnica y de gestión, aunque la oposición advirtió que su adscripción al Poder Ejecutivo representa una subordinación que pone en riesgo su independencia para investigar y sancionar abusos en el mercado.
Tendrá facultades para hacer visitas de verificación, recabar información electrónica o física, emitir opiniones sobre leyes y sancionar a empresas que afecten la libre competencia.
En telecomunicaciones y radiodifusión, podrá declarar si existen o no condiciones de competencia, imponer límites a la concentración de frecuencias y regular a agentes preponderantes.
La creación de esta comisión forma parte de la reforma de simplificación orgánica impulsada desde el sexenio anterior y representa un cambio en el rediseño institucional del Estado en materia de rectoría económica.
Con 68 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó en lo general y particular la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituirá a la Cofece. La reforma fue avalada por Morena y aliados durante sesión extraordinaria y ya fue turnada a la Cámara de Diputados.
La nueva comisión estará integrada por cinco personas comisionadas y su presidencia será designada por el Ejecutivo federal. Se busca fortalecer la política de competencia con una estructura renovada, que mantenga la separación entre la investigación y la sanción.
Durante el debate, legisladores destacaron que la reforma busca adecuar el marco institucional a una nueva arquitectura legal y operativa. De acuerdo con el dictamen, la propuesta cumple con los compromisos establecidos en el T-MEC en materia de competencia económica.
Sin embargo, senadores de oposición manifestaron preocupación por los cambios, argumentando que se requiere garantizar autonomía técnica y operativa para preservar la libre competencia.
El dictamen continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde se discutirá su aprobación final.
La aerolínea Aeromexico, anunció el día de hoy que acatará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la obliga a pagar una multa de 88 millones de pesos, impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tras incurrir en prácticas monopólicas absolutas.
Aunque no están de acuerdo en los métodos que fueron utilizados para sancionar las acciones que presuntamente se registraron hace 17 años.
Aeroméxico no coincide con los criterios ni metodología de la Cofece para llegar a dichas conclusiones sobre supuestas prácticas de mercado de hace casi dos décadas. Sin embargo, Aeroméxico es respetuoso del estado de derecho y acatará las resoluciones de las autoridades judiciales”, contrastó Aeromexico en un comunicado oficial.
Dejo en claro que reiteraba su compromiso con los clientes, inversionistas y aliados estratégicos en la rama de la aviación comercial, reafirmando su respeto absoluto a las reglas de libre mercado, la libre concurrencia y la legislación en materia de competencia económica.
En marzo del 2019, se impuso una multa de 86 millones 196 mil pesos contra Aeromexico, Mexicana de Aviación y otras tres personas físicas, quienes habrían modificado las cuotas que cobrarían a los usuarios del servicio de transporte aéreo en rutas específicas en el territorio nacional de abril del 2008 a febrero del 2010.
Entre las 112 rutas aéreas implicadas en el caso, se encontraban: León-Tijuana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallarta, México-Acapulco, México-Mérida, México-Los Cabos, México-Monterrey y México-Guadalajara.
La decisión de la SCJN sirve como precedente para que los acuerdos ilegales entre competidores para manipular precios en perjuicio de la población no queden impunes. Uno de los ejes fundamentales de una política de competencia robusta es investigar y sancionar este tipo de acuerdos, lo que contribuye a que contemos con mercados competitivos para generar una economía más justa e incluyente”, declaró a través de un comunicado la Cofece este miércoles.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descalificó las afirmaciones que se han hecho en contra del decreto que formaliza la eliminación de organismos autónomos en el país, calificándolas como “mentiras” y no críticas legítimas. Aseguró que las decisiones tomadas buscan optimizar recursos y fortalecer la transparencia, negando categóricamente que estas reformas sean indicios de autoritarismo, como han señalado algunos sectores.
En relación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Sheinbaum explicó que sus funciones serán asumidas por un órgano desconcentrado enfocado en combatir los monopolios empresariales. Este nuevo organismo será más pequeño, con una estructura simplificada y menos costosa para el erario público.
Sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la mandataria señaló que las labores de transparencia serán absorbidas por la Secretaría de Corrupción y del Buen Gobierno, un área que tendrá como objetivo garantizar que las operaciones del gobierno sean accesibles y claras para los ciudadanos.
En el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Sheinbaum precisó que esta pasará a formar parte de la Secretaría de Energía, una decisión que, según ella, responde a la necesidad de consolidar funciones bajo una misma institución y evitar redundancias.
Además, Sheinbaum criticó lo que calificó como un “albazo” del IFT, el cual, antes de su cierre, habría entregado “unas cuantas concesiones”. En sus palabras, este acto será revertido para garantizar que las decisiones tomadas en la materia sigan un proceso adecuado y justo.
Con estas reformas, el gobierno busca simplificar su estructura administrativa, reducir gastos y reforzar el control sobre sectores estratégicos, alejándose de una narrativa de “supuesto autoritarismo”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó las críticas de la oposición tras la desaparición de siete organismos autónomos aprobada ayer en el Senado. Durante su conferencia matutina, conocida como La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum aseguró que esta medida no significa la instauración de un gobierno autoritario, como afirman sus detractores.
“Ahora dicen que los autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario (…) pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional”, puntualizó la presidenta.
Instituciones que no cumplieron con sus objetivos
Sheinbaum recordó que estos organismos fueron creados en el contexto del periodo neoliberal para debilitar al Estado, no para combatir monopolios privados o fomentar el bienestar social.
“Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y CFE, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios”, expresó.
Como ejemplo, mencionó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se ha centrado en obstaculizar a las empresas públicas mientras ha ignorado los abusos de las empresas privadas.
“La Cofece se ha dedicado a ‘parar a las empresas públicas’, pero nunca frenó a las empresas privadas”, señaló Sheinbaum, poniendo en duda la efectividad de estas instituciones para garantizar la competencia económica.
Las funciones continuarán
La presidenta también aclaró que las funciones de los organismos autónomos no desaparecerán, sino que serán asumidas por entidades gubernamentales que garantizarán su continuidad bajo los principios de eficiencia y transparencia.
“Cuando los opositores dicen que sin estos organismos habrá autoritarismo, es una mentira. Principalmente, porque las funciones de éstos no se perderán”, afirmó Sheinbaum, reiterando que la medida busca fortalecer el papel del Estado y acabar con los privilegios que marcaron el pasado.
Con esta acción, el gobierno federal busca consolidar a las empresas públicas como motores de la economía nacional y eliminar estructuras queno cumplieron su propósito de combatir la corrupción.
La acción es contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) declaró que por una década estas empresas no distribuyeron medicamentos durante ciertos días del año y limitaron la cantidad de fármacos que surtían a farmacias.
De igual foma manipularon los precios de venta. Con estas acciones aumentaron los costos para las famacias y disminuyeron la disponibilidad de productos. La cofece calcula que se generó un daño de más de 2 mil millones de pesos.
Durante 2021 la Cofece sancionó a empresas y a 21 personas físicas por 903.4 millones de pesos, la multa máxica que permitió la ley para este caso.
Para el caso actual, la Comisión exige que las empresas paguen 2 mil 316 millones de pesos para reparar al daño. Recursos que se destinarán al IMSS-Bienestar, para que se pueda atender la salud de todos los mexicanos.
“El objetivo de esta acción es no solo sancionar sino también asegurar una compensación a las personas afectadas“, informó la Cofece.
De acuerdo con la Cofece, las acciones colectivas en materia de competencia son un tipo de recursos que permite que “quienes hayan sufrido daños derivados de una conducta anticompetitiva determinada por esta autoridad, sena compensados“.
📢 #AndreaTeExplica que a través de una #AcciónColectiva la #Cofece exige que quienes causaron un daño por más de $2 mil millones de pesos mediante prácticas desleales en el mercado de medicamentos, devuelvan estos recursos en beneficio de todas y todos los mexicanos. pic.twitter.com/7iuUxE3QuF
La Comisión Federal de Competencia (Cofece) autorizó al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), la adquisición de las 13 centrales a Iberdrola, señalando que dicha operación deberá concluir en los siguientes seis meses, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hacienda, destacó que con el aval del órgano regulador, e “Estado mexicano recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional”, sin ocasionar alguna afectación a la condiciones de competencia y en beneficio de los consumidores.
Aunque, el pleno de la Cofece estableció condiciones para la compra, señalando que las centrales operarán de manera independiente en el mercado, además de no realizar el intercambio de información sensible entre los competidores.
Por su parte, Hacienda destacó que la operación no implica aumentar la deuda pública presupuestal más allá del costo de adquisición de 51% de la misma y, en esa medida, no presiona las finanzas públicas. Asegurando esta transacción generará una nueva fuente de ingresos en dividendos para el Estado y, de esa manera, ahorrará al país el pago de dividendos al extranjero.
Al concluir la adquisición, el Estado mexicano sumará la generación de 8,500 MW adicionalespara superar el objetivo de contar con el 54% en la generación eléctrica del país.
Cabe mencionar que, el pasado mes de abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la trasnacional Iberdrola, destacando que esta operación “es una nueva nacionalización”.
Con una multa de 2,414 millones 51,954 pesos en total por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 53 empresas y 34 personas que actuaron en su representación, fueron sancionadas por coludirse para fijar, elevar, concertar y manipular el precio de distribución de gas licuado de petróleo (gas LP) a través de plantas y expendio en estaciones de servicio, así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones del mercado, mediante clientela en el territorio nacional.
“Mediante estas conductas los agentes económicos acordaron mantener sus participaciones de mercado y evitar competir entre sí, lo que se tradujo en un deterioro de las condiciones de oferta de este importante energético, así como el cobro de sobreprecios indebidos”, dijo la Cofece.
Tras concluir el procedimiento seguido en forma de juicio, el Pleno de la Cofece determinó que había elementos suficientes para acreditar las prácticas monopólicas absolutas realizadas por los distribuidores imputados, la cuales forman parte de los grupos Soni, Nieto, Tomza, Simsa, Global, Uribe y Metropolitano, en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, Culiacán, Colima y Tamaulipas.
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica determinó que, de 2007 a 2019, dichos infractores provocaron un daño estimado que asciende a 13,392 millones 548,798 pesos. Destacar que este monto es 5.5 veces más alto que la multa que se les impuso.
En ese contexto, el Pleno de la Cofece también consideró procedente imponer la sanción de inhabilitación a diversas personas físicas que participaron en algunos de los acuerdos acreditados durante la vigencia de la LFCE.
Debido a la magnitud del daño, el carácter intencional de las conductas y la relevancia del mercado afectado en el bienestar general, las conductas fueron catalogadas de gravedad alta y se impusieron las multas señaladas.
Gas Lp en México
Cabe destacar que el gas LP es el combustible de uso doméstico más utilizado en el país y, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocho de cada 10 familias lo utilizan como su principal combustible para la cocción de alimentos, estableció el regulador como contexto ante esta sanción.
Durante el primer semestre del 2022, el valor de las ventas totales de gas LP a nivel nacional ascendió a más de 36,000 millones de pesos, de acuerdo con datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.
