Mucho ya se ha hablado sobre los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Incluso se ha llegado a abordar su constitucionalidad, pero más allá de ese detalle, lo que habría que evaluar es la justicia social de este rubro.
No muy lejana es esta la razón del por qué algunos ciudadanos han protestado en las instalaciones del máximo tribunal. Ciertamente, no ven reflejados los valores de justicia social que ellos defienden y creen en definitiva.
Uno de esos valores aún perdura en la consciencia de los ciudadanos y que el actual presidente de México, en un acto de congruencia, exclamó y cuestionó el por qué hay un gobierno rico, cuando la gran mayoría de la gente es pobre.
Casi de inmediato, desde diciembre de 2018, se reveló que algunos ministros tenían un salario por arriba de los $600 mil pesos mensuales. Increiblemente, era un dato que muchos desconocían, lo cual dio pauta a empezar a visualizar qué ocurré en el poder judicial y cómo funciona.
Hoy, el poder judicial, pricipalmente la SCJN, es cuestionado en sus decisiones y se le exige justicia social. Liberar cuentas de algunos políticos (o familiares cercanos a ellos) no es algo que se entienda de ese modo, por ejemplo.
Antes bien, da sensación que existe una severa corrupción en sus filas. No hace poco, en el estado de Veracruz, se vinculó a proceso a una juez por su especial forma de llevar un caso delicado.
Ante estos embates ciudadanos, el poder judicial federal ha encabezado, muy sutilmente, una defensa con algunos eventos sobre ética judicial y temas afines. Han invidado incluso a juristas reconocidos a esas actividades, quienes responden a algunas dudas ciudadanas que están sobre la mesa.
No obstante, todo esto se ve opacado cuando se cuestiona sobre la justicia social. Ciertamente, los jueces no se deben a lo que la gente demande, ya que su labor es ponderar lo que se ha expuesto durante el juicio; tienen un valor institucional. Sin embargo, esto no significa que sus sentencias deben ser totalmente ajenas a los valores e intereses de justicia social. Tal es el caso de sus altos salarios.
Así las cosas, no serían los ciudadanos quienes demanden a los ministros de la SCJN que reduzcan sus altos salarios, sino que los mismos ministros sean los que rechacen su alta nómina, como acto congruente a una nación que no ve esto con buenos ojos.
Entonces, lejos de esperar justificaciones de por qué los ministros deben tener la nómina que tienen, se debería explicar por qué sí debe valer lo que está en la constitución. Mas no valerse de un transitorio para seguir validando algo que, a los ojos de un ciudadano, no es justicia social.
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