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Ruido y memoria

enero 20, 2023
En Opinión, Sandra Ximena Isidoro Martínez
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La semana pasada, el 11 de enero para ser exacta, se estrenó la película Ruido, cuyo argumento, escrito y dirigido por Natalia Beristain, se basa en hechos reales, retrata la vida de miles de mujeres que buscan a sus familiares y seres queridos desaparecidos por la delincuencia organizada, si bien la película se enmarca en el contexto actual de desapariciones, es importante hacer memoria sobre el origen del estallido de violencia en nuestro país y situarnos en la Guerra contra el Narcotráfico iniciada por Felipe Calderón en 2006, estrategia política para legitimarse después de obtener la presidencia a través del fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Lo que, justamente, se relaciona con el juicio iniciado esta semana en contra Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en ese sexenio, que enfrenta cargos por tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos y cooperación con la delincuencia organizada, en específico en beneficiar el poder del Cártel de Sinaloa en el territorio nacional a sabiendas de Felipe Calderón.

Esto es alarmante, conocer que las autoridades que debieron encargarse de la protección y seguridad de la población dirigieran todas esas funciones a apoyar a grupos del narcotráfico y colocar toda la infraestructura policial y militar en la coordinación del trasiego y distribución de drogas, sobre todo, ser autores principales de miles de desapariciones forzadas, es decir, toda aquella forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por servidoras y servidores públicos, o grupos que actúen bajo la aprobación del Estado.

Así, el escenario de personas desaparecidas que vemos en la película, es vigente, real, doloroso y aunque desgraciadamente ha ido en aumento se ha identificado a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas coordinado por la Secretaria de Gobernación, que la guerra contra el narcotráfico representó el detonante del aumento exorbitante de esta problemática, sólo con cifras oficiales, 16 mil 903 desaparecidos en la administración de Felipe Calderón; la continuidad en la estrategia contra el crimen organizado con Enrique Peña Nieto derivó en un incremento de 100 por ciento respecto a aquel, alcanzando 35 mil 61 desapariciones en ese sexenio (https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/17/politica/rebasa-mexico-la-cifra-de-100-mil-personas-desaparecidas/).

Ante esta situación, desde el inicio de la administración de López Obrador en 2018 se ha reconocido la crisis de desaparición de personas y la crisis forense para colocar la búsqueda de personas, los derechos y la participación de las víctimas como prioridad y asunto de Estado, para ello se creó el Programa Nacional de Derechos Humanos que coordina los esfuerzos institucionales en la Administración Pública Federal.En octubre de 2022, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración señalo en su Informe de Derechos Humanos (https://www.gob.mx/segob/documentos/informe-de-derechos-humanos-27-de-octubre-2022) señaló que para enfrentar esta situación se realizaron las siguientes acciones:

  • Reinstalación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda.
  • Creación de las 32 comisiones de búsqueda.
  • Subsidios federales a comisiones por más de mil 800 millones de pesos para acciones de búsqueda y fortalecimiento de capacidades forenses.
  • Trabajo coordinado y permanente con familiares y colectivos.
  • Del 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre de 2022 se han realizado 3,356 jornadas de búsqueda, en 28 entidades y 404 municipios.
  • Creación de capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52 mil cuerpos humanos sin identificar.

De la mano de estos resultados, la política de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación ha cambiado totalmente, en palabras del presidente López Obrador “se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve sólo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, es decir a través de una política integral que ha puesto el bienestar de todas y todos en el centro.

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