Este lunes, en su primer conferencia matutina de esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que tiene información de que otra ex colaboradora de Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo mencionó que será hasta el día martes, que revelará de quien se trata.
Con esta nueva trabajadora en la administración de la Corte, serían ya dos personas ex colaboradoras del ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, que trabajan con Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, señalada de proteger y ahora también, de rodearse de presuntos criminales.
“Me mandaron el documento de otra abogada, mañana les voy a dar a conocer, que parece que trabajaban juntas que también la contrataron la corte, pero no tiene ella demanda pero si trabajo allí con Garcia Luna y tiene un cargo en la Corte administrativo de manejo de fondos”.
Mencionó.
Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de GGL pasa a la SCJN
El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el pasado viernes 19 de mayo, en su conferencia de prensa, que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrató a la exdirectora de recursos materiales de Genaro García Luna, Sonia Vargas Terrero, para un cargo similar, pero ¿quién es ella?
De acuerdo con información compartida por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Vargas Terrero se desempeñó como directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, en el periodo de Genaro García Luna.
Una de las cuestiones que destacaron el presidente López Obrador y Ramírez Cuevas sobre la gestión de Vargas Terrero como funcionaria pública bajo el mando de García Luna fue que ella firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios, e infraestructura de la Policía Federal Preventiva, con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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