Los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, califican de “infundadas” a las nuevas pruebas que el Departamento de Justicia anunció tener en su poder el pasado 15 de junio contra su cliente y que consisten en grabaciones de conversaciones y amenazas a periodistas.

En una carta enviada al juez Brian Cogan, a cargo del caso en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, los abogados de García Luna, piden un plazo de dos semanas para contestarle al Departamento de Justicia que exige se admitan las pruebas al proceso.

César de Castro, jefe del equipo de abogados de García Luna, explicó al juez que tienen dificultades para determinar la validez de las grabaciones y además desestima el asunto de amenazas por parte de su cliente a periodistas que, en este caso sostiene se trata de una mujer.

“La evidencia que se ha entregado a la defensa sobre este asunto consiste en más de 500 horas de grabaciones que en su mayoría son ininteligibles o no se escuchan bien y que son declaraciones hechas por un informante de la cárcel y no por García Luna”, escribió de Castro.

“Segundo, el gobierno (estadunidense) está buscando que se permita presentar como evidencia a denuncias hechas por una periodista en México, sobre que ella cree que a través de otros, García Luna de alguna forma la amenazó”, describe el abogado en la misiva.

El pasado 15 de junio los fiscales federales que acusan a García Luna de narcotráfico solicitaron a Cogan que admita como evidencia probatoria, grabaciones de conversaciones de García Luna con una persona realizadas en noviembre de 2020; ya estando en prisión.

Los fiscales anotaron que en esas grabaciones García Luna se incrimina porque a su interlocutor le pide que le ayuda a contratar a un presunto integrante de la mafia rusa (un agente federal encubierto) para manipular o matar a dos posibles testigos que hablarían en su contra en el juicio.

La descripción de las grabaciones que al juez le hicieron los fiscales en la misiva del pasado 15 de junio, indican que los dos testigos a los que García Luna quería que el mafioso ruso asesinara son; Jesús “Rey” Zambada García y Luis Cárdenas Palomino.

Rey Zambada García es un narcotraficante del Cártel de Sinaloa y hermano del jefe de esa organización, Ismael “El Mayo” Zambada García quien, durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, declaró ante Cogan que a García Luna le pagaban millones de dólares.

Cárdenas Palomino fue mano derecha y colaborador de García Luna en la Secretaria de Seguridad Pública y está en prisión en México acusado de extorsión y secuestro y en Estados Unidos le achacan el cargo de narcotráfico en el mismo encausamiento que a su ex jefe.

Con respecto a las presuntas amenazas, acosos y cohecho de periodistas mexicanos realizado por García Luna cuando era funcionario federal, de lo que los fiscales dicen tener las evidencias, a Cogan en la carta del 15 de junio no le especifican la identidad ni genero de los afectados.

“El gobierno (estadunidense) no identifica a la periodista, pero nosotros creemos que es una reportera que ha venido centrándose en García Luna durante décadas con alegatos infundados disfrazados de periodismo. Notablemente, ella ahora está haciendo denuncias similares en contra del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador”, subraya la defensa del exfuncionario en la presidencia de Calderón.

En el aspecto de las grabaciones, De Castro matiza que escuchar las grabaciones de las más de 500 horas de conversaciones ha sido una tarea “pesada y herculina”, amén de todo lo demás para preparar el caso.

El abogado añade que pretende demostrarle a la Corte hechos relevantes sobre la credibilidad del informante de la cárcel al que utilizaron los fiscales para grabar a García Luna estando en prisión.

“Proveeremos ejemplos de las grabaciones que consideramos que junto con circunstancias sobre el informante, probarán a la Corte cuan insostenible y falsos son estos alegatos”, insiste De Castro en la carta.

En la Corte Federal de Distrito Este está programado para el mes de octubre el inicio del juicio contra García Luna, no obstante a que también los fiscales siguen negociando con la defensa la posibilidad de anular el proceso si su cliente se declara culpable y acepta convertirse en testigo cooperante del Departamento de Justicia para incriminar a otros.

La defensa legal de García Luna que integran también, Valerie Gotlib y Shannon McManus, solicitaron al juez Cogan que les de plazo hasta el próximo 15 de julio para responderle a la petición de los fiscales de admitir como prueba las grabaciones y la amenaza a la periodista.

“La aceptación de estas evidencias probablemente darán como resultado procesos extensos y complicados”, concluye la defensa de García Luna.