El Poder Judicial ha vuelto a mostrar que los que deberían ser impartidores de justicia, solo defienden a corruptos y empresarios, ya que son señalados de haber exonerado a empresarios vinculados al llamado “Cártel Inmobiliario” del PAN. Este grupo ha sido señalado por su papel en presuntas irregularidades en la construcción de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, todo bajo el amparo y complicidad de las autoridades panistas de la mencionada demarcación.
A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para llevar a los implicados ante la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha decidido suspender el proceso legal contra varios empresarios y exfuncionarios acusados de favorecer la construcción de más de 130 inmuebles fuera de los lineamientos urbanos, aparentemente a cambio de sobornos y favores. Los implicados habrían recibido permisos de construcción ilegales y descuentos en propiedades de alto valor.
Entre los nombres más destacados en este escándalo se encuentran Christian Von Roehrich, exdelegado de Benito Juárez, y Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, quienes habrían aprobado proyectos irregulares y acumulado propiedades a precios preferenciales. Además de ellos, otros empresarios y un director de obra fueron señalados en la investigación de la FGJCDMX.
Sin embargo, los acusados alegaron que la Fiscalía violó sus derechos al clasificarlos públicamente como parte del “Cártel Inmobiliario”, argumento que fue aceptado por la Séptima Sala Penal, presidida por el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas. El fallo prohíbe a la FGJCDMX utilizar este término en cualquier documentación pública y cuestiona la autenticidad de los documentos acusatorios presentados, calificándolos de insuficientes para proseguir con el proceso legal.
Este nuevo caso de corrupción reafirma la urgencia de la Reforma al Poder Judicial que ya fue aprobada por la mayoría en Cámaras de la Cuarta Transformación y promulgada en el Diario Oficial de la Federación y que promete poner la justicia a la mano del pueblo y no de las elites
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