Los jueces y magistrados electos en junio pasado enfrentarán exámenes teórico-prácticos y revisiones de desempeño, en un proceso que busca medir capacidad, eficiencia y abatimiento de rezago judicial.
A partir del lunes 9 de febrero, inicia la evaluación formal de jueces y magistrados electos en junio de 2025, un proceso que pretende medir su desempeño real en la impartición de justicia, tras poco más de cuatro meses en funciones. La revisión estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, con exámenes diseñados por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.
El procedimiento incluye un examen teórico-práctico, que se aplicará desde las 10:00 horas, y evaluará conocimientos jurídicos, resolución de casos y manejo del rezago de expedientes, uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial. Los juzgadores evaluados asumieron el cargo el 17 de septiembre de 2025, luego de ser asignados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) a sus respectivos órganos jurisdiccionales.
Para quienes ya ejercían como jueces o magistrados antes del proceso electoral del 1 de junio, la evaluación será distinta. En estos casos se aplicará una revisión de seguimiento regular, acompañada de visitas presenciales o digitales, que también incluirán a secretarios de acuerdos y actuarios, como parte de los controles permanentes de desempeño.
Las autoridades judiciales informaron que el contenido de la prueba permanecerá bajo resguardo, con el objetivo de evitar filtraciones o ventajas indebidas para personas cercanas a quienes tengan acceso a la información. La intención, aseguran, es garantizar imparcialidad y equidad en el proceso.
En caso de que algunos juzgadores no obtengan calificaciones aprobatorias, la evaluación no implicará sanciones inmediatas. Servirá, en primer término, para detectar áreas de capacitación, diseñar cursos específicos y ofrecer una segunda oportunidad de evaluación, reforzando la profesionalización del nuevo Poder Judicial.
Este ejercicio marca un precedente clave tras la elección judicial, al poner a prueba si el cambio en el mecanismo de designación se traduce en mejor desempeño, mayor eficiencia y una justicia más cercana a la ciudadanía.
