Este miércoles se reanudó el juicio contra Diego “N”, acusado de usar Inteligencia Artificial para editar y comercializar fotografías íntimas de ocho alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El caso, considerado el primero en América Latina que podría culminar con una sentencia por violencia digital, ha captado la atención pública por la gravedad de los hechos y su relevancia en el combate a este tipo de delitos.
A las 14:00 horas está programada la última audiencia, donde el juez Francisco Salazar determinará la sentencia del acusado. Según Valeria Mondragón, abogada de las víctimas, se solicitaron 12 años de prisión por cada una de las dos alumnas cuyas carpetas se judicializaron, lo que equivale a un total de 24 años.
Proceso judicial y antecedentes
El juicio comenzó con ocho denuncias, pero hasta ahora solo dos carpetas de investigación han llegado a la etapa judicial, mientras que las otras seis permanecen en proceso de investigación. En la audiencia del 27 de noviembre, la defensa del acusado decidió desistirse de desahogar testimonios y pruebas, lo que allanó el camino para que la audiencia de clausura se enfocara en los alegatos finales.
Mondragón explicó que estos alegatos consisten en un resumen de las pruebas presentadas, como evidencia digital y testimonios, para sustentar la acusación de violencia digital y garantizar que se haga justicia a las víctimas.
Un precedente para América Latina
Este caso representa un hito en la región, al ser el primero en llegar a una posible sentencia por violencia digital, un tipo de agresión que ha crecido exponencialmente con el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial. La comercialización de contenido íntimo alterado sin consentimiento vulnera derechos fundamentales y pone de relieve la urgencia de tipificar y sancionar estos delitos de manera efectiva.
Las ocho alumnas afectadas han destacado la importancia de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias para visibilizar el impacto de la violencia digital y exigir justicia.
Lo que sigue
Si se dicta una sentencia condenatoria contra Diego “N”, el fallo marcará un precedente jurídico que podría influir en futuros casos similares en México y América Latina. Además, enviará un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de la violencia digital, destacando la importancia de la protección legal en este ámbito.
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