Libia García, virtual ganadora en Guanajuato, se dice “aliada de las mujeres”, pero está en contra de que decidan sobre sus cuerpos y evita hablar sobre los los derechos sexuales y reproductivos de las guanajuatenses

Colectivas y legisladoras guanajuatenses exigen que Libia García, la virtual ganadora del gobierno del estado, adopte la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Durante su campaña por la gubernatura de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, militante del Partido Acción Nacional (PAN), no esclareció del todo si favorecerá la entrada en vigor de la interrupción legal del embarazo. La bancada del PAN en el congreso estatal permanece en contra del aborto, señalan que es un principio doctrinario del partido.

Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- Durante su cierre de campaña, el pasado 26 de mayo, Libia García Muñoz Ledo, candidata a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que, en caso de resultar victoriosa, su regencia será “una aliada de las mujeres”. García Muñoz Ledo releva en el gobierno a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también militante del PAN, quien dejó el estado con altos índices delictivos.

Las propuestas de la virtual gobernadora de Guanajuato son: impulsar apoyos sociales, escuelas de tiempo completo, apoyo a estancias infantiles, tarjetas rosas para que empresas contraten mano de obra femenina, implementar una estrategia contra la violencia de género y “limpiar de agresores sexuales” los puestos públicos. Sin embargo, el gobierno estatal de Guanajuato, dominado por el PAN desde 1991, tiene una deuda histórica para favorecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

PAN en contra de despenalizar el aborto en Guanajuato

En Guanajuato, desde el poder ejecutivo local, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunado a los altos índices de violencia de género. Así, el congreso local a desechado iniciativas para legislar a favor de la despenalización del aborto en el estado.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional criminalizar a la mujer por abortar, el Código Penal del Estado de Guanajuato (CPEG), castiga con multas y prisión de 6 meses y hasta 3 años a quienes intervengan o participen indirecta o directamente en abortos. La única forma que las leyes guanajuatenses no crimilizan el aborto, es cuando aquel resulta de una violación.

El pasado 23 de mayo, la Colectiva Verde Aquelarre organizó un foro digital, donde participaron las entonces contendientes por la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaráz, por la coalición Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Yulma Rocha, por Movimiento Ciudadano (MC); y Libia García, por el PAN. Ahí se les preguntó sobre su postura ante la penalización del aborto en el estado y si estarían dispuestas a legislar para legalizar la interrpción del embarazo.

Libia García, en consonancia con las posturas pro-vida ante los derechos reproductivos de la mujer que favorece el PAN, partido donde milita, se limitó a responder lo siguiente:

Creo en la vida como el principio y origen de todos los derechos, pero en mi experiencia también he aprendido que no podemos dejar de lado las realidades que viven las mujeres. Como persona, yo puedo tener una convicción propia, pero como gobernadora no voy a dejar de lado las voces y circunstancias de las mujeres para atender sus realidades y garantizar sus derechos.

Declaración de Libia García.

Días después, el medio digital PopLab destacó que Libia García no se había pronunciado públicamente sobre su disposición para garantizar la interrupción legal del embarazo. Solo adujo que será respetuosa de las instituciones.

Aunque reconoció la deuda histórica del estado de Guanajuato para con los derechos reproductivos de la mujer, Libia García no articuló una respuesta concreta a favor o en contra de la despenalización del aborto.

Por su parte, durante la última legislatura en el Congreso local del estado, el pasado 30 de septiembre de 2021, la diputada Martha Lourdes Ortega Roque, del PVEM, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto. Esto con el fin de no criminalizar a la mujer o a personas gestantes, por tomar decisiones sobre sus cuerpos.

Además, señaló la importancia de corresponder la legislación interna y el CPEG con el mandato de la SCJN al declarar inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal.

Por su parte, el pasado 14 de septiembre de 2023, Cristina Márquez Alcalá, legisladora del PAN en Guanajuato, reiteró su negación para despenalizar el aborto. Incluso defendió la cualidad de soberanía de los estados ante la federación, para no acatar la sentencia de la SCJN a favor del aborto.

A pesar de que en el congreso del estado ya existe una iniciativa para reformar el CPEG, la legisladora, en calidad de presidente de la Comisión de Justicia, declaró lo siguiente:

No tenemos ningún tema que atender desde lo que la corte ha señalado. La competencia del ámbito federal no toca a los estados.
Yo pertenezco al PAN, donde la defensa de la vida es uno de nuestros principales presupuestos doctrinarios.

Declaración de la legisladora del PAN Cristina Márquez Alcalá.

El CPEG considera el aborto como un delito grave en el artículo 11, fracción IV. Además, el capítulo VII del CPEG, en relación al aborto y en sus artículos 158 al 163, respectivamente, señala lo siguiente:

En Guanajuato “no existe el feminicidio”

Las estadísticas delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que Guanajuato, bajo gobiernos panistas, es de las entidades federativas más violentas de los últimos años. En lo que va del 2024, se contabilizaron 50 mil 341 delitos enla entidad.

Además, de acuerdo con la incidencia delictiva reportada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), las mujeres permanecen como un sector vulnerable en la entidad. Los delitos contra la libertad sexual y contra el orden familiar son los de mayor prevalencia; entre ellos, la violación y la violencia familiar, respectivamente.

Con base en la FGEG, la interrupción del embarazo se considera un delito contra la salud y, entre 2020 y 2024, se llevaron a cabo 101 abortos. Asimismo, las estadísticas muestran un crecimiento exponencial ante la violencia contra la mujer. En el mismo lapso se registraron 3 mil 703 delitos por violación y 55 mil 368 delitos por violencia familiar.

Delitos contra la saludAbortoDelitos contra la libertad sexualViolaciónDelitos contra el orden familiarViolencia familiar
2020302020569202010,035
2021232021896202111,624
2022242022953202213,724
2023182023954202314,695
20246202433120245,290
Total101Total3,703Total55,368
Información elaborada con base en estadísticas de la FGEG.

Otra deuda histórica y jurídica de los gobiernos blanquiazules en Guanajuato, es poner en marcha la tipificación del feminicidio en el CPEG. Aunque no existe este delito, el semáforo delictivo de Guanajuato reportó, entre 2018 y 2024, un total de 130 feminicidios.

AñoFeminicidios
201820
201918
202019
202128
202219
202325
20241
Total130
Información elaborada con base en Semáforo Delictivo de Guanajuato.
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