La medida permitirá revisar casos desde 1999 y podría beneficiar a activistas, opositores y periodistas detenidos por conflictos políticos.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una ley de amnistía general que marca un giro histórico en la política del país, al reconocer la existencia de presos por motivos políticos y ordenar la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación desde 1999.
La norma fue firmada pocas horas después de su aprobación unánime en el Parlamento y abre la posibilidad de liberar a activistas, opositores, abogados y periodistas, detenidos durante distintos episodios de conflictividad política, incluidas las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas en todo el país.
Durante la ceremonia de promulgación, Rodríguez aseguró que la ley representa un cambio de rumbo en la vida pública venezolana. “Estamos dejando la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política. Hay que saber pedir y recibir perdón”, afirmó, al señalar que el objetivo central es avanzar hacia la pacificación y la convivencia democrática.
La aprobación de esta legislación ocurre semanas después de la captura de Nicolás Maduro, hecho que precipitó la conformación de un gobierno de transición y una serie de decisiones orientadas a revertir políticas previas, entre ellas la negativa oficial a reconocer presos políticos.
El texto legal concede amnistía plena a personas investigadas o condenadas por hechos políticos, sociales o institucionales, pero establece exclusiones claras: no podrán beneficiarse quienes hayan participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía nacional con apoyo extranjero.
Organizaciones civiles siguieron de cerca el proceso. La ONG Foro Penal ha documentado más de 600 personas privadas de la libertad por razones políticas. Aunque ya se han liberado cientos de detenidos, muchos continúan bajo medidas condicionadas, lo que mantiene la presión social para que la amnistía se aplique de forma plena y expedita.
La nueva ley abre la posibilidad de nuevas excarcelaciones en las próximas semanas, aunque su impacto real dependerá de la rapidez con la que jueces y autoridades administrativas ejecuten la revisión de los casos.
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