El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta una crisis con más de 56 mil detenidos. Este número supera el récord anterior de 39 mil al final de la administración Biden. Ahora, ICE opera al 140% de su capacidad.
A partir de marzo, las detenciones diarias se duplicaron, alcanzando mil 200. Sin embargo, el presidente Donald Trump exige que esta cifra se eleve a tres mil diarias. “Quiero sacar a lo peor de lo peor”, afirmó durante un discurso.
Trump se centra en migrantes con antecedentes delictivos, pero los datos muestran que solo el siete por ciento de los detenidos tiene condenas graves. Muchos de los arrestados son personas sin antecedentes penales, incluidos aquellos que asisten a audiencias de regularización migratoria.
Para cumplir con las cuotas de detenciones, algunas agencias han empezado a reclutar personal sin entrenamiento. Esto ha llevado a incidentes de violencia y abuso. Agentes encapuchados actúan sin identificaciones, lo que ha generado múltiples arrestos indebidos de ciudadanos y residentes legales.
En el pasado, la mayoría de las detenciones ocurrían en la frontera. Ahora, más del 70% de los arrestos suceden dentro de EE.UU. Esto refleja un cambio significativo en la estrategia de detención.
Datos recientes indican que el 65% de los detenidos en el año fiscal actual no tiene condenas previas. La mayoría enfrenta cargos relacionados con migración y faltas no violentas.
La cacería de migrantes continúa a pesar de la saturación en los centros de detención. Una nueva iniciativa busca financiar 100 mil camas en estos centros para atender la creciente demanda. La situación sigue siendo crítica y genera preocupación entre defensores de derechos humanos.
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