El caso Teuchitlán ha encendido las alarmas a nivel nacional. En un predio ubicado en Jalisco, se descubrió que personas eran retenidas contra su voluntad para ser adiestradas y reclutadas por un grupo del crimen organizado. Ante la gravedad de los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum delineó en su conferencia matutina una serie de acciones que ya se han puesto en marcha, además de anunciar reformas legales de fondo para enfrentar el delito de desaparición de personas.
Desde que el Gabinete de Seguridad tuvo conocimiento de la situación, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo una investigación profunda. La Comisión Nacional de Búsqueda, con un equipo especializado, se encuentra en el lugar para colaborar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
Sheinbaum fue enfática: no habrá espacio para la impunidad ni para ocultar información. Señaló que su gobierno está centrado en brindar verdad y justicia, con base en evidencia científica, y que no tolerará la construcción de narrativas falsas. Además, se está siguiendo la pista de quiénes sabían lo que sucedía en el predio desde septiembre de 2024, para deslindar responsabilidades.
Uno de los temas centrales fue la atención a las familias. La mandataria instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda a atender de manera directa a los familiares de víctimas y personas desaparecidas. Afirmó que el respeto a los derechos humanos es el pilar de su gobierno y que jamás confrontará a quienes buscan a sus seres queridos.
El próximo 19 de marzo, la Fiscalía General de la República presentará un informe sobre los avances en las investigaciones. Además, se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de construir nuevos protocolos para prevenir y atender la desaparición de personas, así como para dar seguimiento a las víctimas y sus familias.
En respuesta directa al caso de Teuchitlán, Sheinbaum anunció seis medidas clave. Entre ellas, fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a través de un decreto, y reformar la Ley General de Población para consolidar el CURP como fuente única de identidad, lo que permitirá cruzar datos en todo el país y generar alertas sobre personas desaparecidas.
También propuso crear una base nacional de datos forenses, alimentada con información de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la FGR, y establecer mecanismos de búsqueda inmediata, eliminando la espera de 72 horas para abrir carpetas de investigación.
Finalmente, la presidenta impulsará la equiparación del delito de desaparición con el de secuestro, y la homologación de penas y procesos de investigación en todo el país, tanto a nivel estatal como federal.
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