Mientras crecen las marchas contra el alza del pasaje, el gobierno estatal ofrece un “descuento” condicionado a una tarjeta emitida por una financiera señalada por presunta corrupción y fallas en controles antilavado.
El malestar social en Jalisco por el aumento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos, continúa en ascenso. Pese a dos protestas recientes y una movilización masiva anunciada en Guadalajara, el gobierno encabezado por Pablo Lemus ha optado por mantener el tarifazo y promover la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con la que el cobro sería de 11 pesos, no de 14.
La polémica se agudizó luego de confirmarse que los plásticos serán emitidos por Servicios Broxel, empresa bajo investigación federal por la Secretaría Anticorrupción por presuntas irregularidades en licitaciones y con sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por incumplimientos en prevención de lavado de dinero y entrega de información falsa.
Broxel obtuvo un contrato directo para distribuir cinco millones de tarjetas de débito vinculadas a Visa, con el argumento de fomentar la “inclusión financiera”. Además de pagar el transporte, las tarjetas permitirán recibir apoyos gubernamentales y manejar recursos personales, según el Ejecutivo estatal.
El incremento de más de 47% ha sido rechazado por partidos de oposición, la Universidad de Guadalajara y colectivos ciudadanos, que acusan al gobernador de favorecer a concesionarios y aplicar un aumento que consideran ilegal y desproporcionado, especialmente frente a una inflación de 3.69% en 2025, de acuerdo con Banxico.
Lemus aseguró que el estado subvencionará la diferencia entre los 11 y 14 pesos, con una bolsa inicial de mil 200 millones de pesos. Para acceder al descuento, los usuarios deberán registrarse con datos personales, presentar INE o CURP, comprobar domicilio en Jalisco, además de proporcionar correo electrónico y teléfono.
Aunque el aumento entrará en vigor el 1 de abril, el gobierno deberá emitir y entregar cinco millones de tarjetas en poco más de dos meses, lo que implicaría distribuir al menos 66 mil diarias, incluidos fines de semana. Pese a las dudas, el Ejecutivo estatal desestimó las protestas, mientras los usuarios advierten que las movilizaciones continuarán hasta revertir el tarifazo.
Con información de Juan Carlos G. para La Jornada.
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