El presidente Donald Trump prepara el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago como parte de su ofensiva contra el crimen y la migración, según reportes de The Washington Post. El operativo movilizaría a miles de elementos en septiembre, lo que ha generado fuertes críticas por parte de las autoridades locales.
Trump ya envió efectivos a Washington D.C. durante este mes, y advirtió que Nueva York podría ser la siguiente. “Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras. Creo que Chicago será la próxima”, declaró desde la Casa Blanca.
El plan replica el polémico operativo autoritario de junio en Los Ángeles, cuando se desplegaron 4 mil guardias nacionales y 700 marines pese a la oposición estatal. Además, reforzaría la ofensiva del ICE contra migrantes indocumentados.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazaron la medida y la calificaron de “innecesaria e irracional”. Pritzker aseguró que la medida de Trump atenta contra la seguridad pública y busca disfrazar su política como “ley y orden”.
Chicago cerró el 2024 con 573 homicidios, un 8% menos que el año anterior, de acuerdo con la policía local, lo demuestra que la iniciativa de Trump es autoritaria, infundamentada e innecesaria.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” gracias a su plan de seguridad que incluye el despliegue de la Guardia Nacional y el FBI.
En su red social Truth Social, el mandatario afirmó que la capital no ha registrado asesinatos en una semana y celebró que “las multitudes están regresando y el ánimo está alto”, señalando que la Policía y la Guardia Nacional “no se andan con juegos”.
Las declaraciones contrastan con la postura de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, quien sostiene que los índices delictivos ya mostraban una tendencia a la baja antes del operativo, al que calificó como un acto de propaganda autoritaria.
Trump también acusó a Bowser de “dar cifras falsas e inexactas”, advirtiendo que, de continuar, podrían ocurrir “cosas muy malas, como la completa federación de la ciudad”.
El presidente Donald Trump impulsa un incremento sin precedentes del control militar en Estados Unidos, acercando al país a un régimen policial a gran escala. Tras militarizar Washington D.C., amenaza con usar tácticas similares en otras ciudades mientras el Pentágono planifica una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles Nacionales”, con cientos de efectivos de la Guardia Nacional listos para intervenir en cualquier ciudad estadounidense, según información recopilada por MPR21.
Trump justifica la medida alegando que la capital está tomada por “bandas violentas y criminales”, pese a que las cifras del Departamento de Justicia muestran que la delincuencia violenta está en su nivel más bajo en 30 años. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, cuestiona la legalidad de usar al ejército contra ciudadanos.
El despliegue incluye 800 soldados de la Guardia Nacional, apoyando a la policía y a agencias federales como el FBI, ATF, DEA y Servicio de Alguaciles, además de planes para incorporar otras unidades militares bajo la supervisión directa del presidente. Esta estrategia busca someter a la capital a la autoridad federal, invocando la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.
La táctica de Trump ya se ha reproducido en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, y ha desplegado más de 20 mil tropas en varios estados, incluidas operaciones en la frontera sur con Arizona, California, Florida, Nuevo México y Texas. Expertos advierten que estos despliegues violan el principio de “posse comitatus”, que prohíbe el uso de fuerzas militares para funciones policiales dentro del país.
El plan del Pentágono contempla una fuerza de 600 soldados listos para despliegue rápido, lo que preocupa a analistas sobre la normalización del uso militar en la vida civil. Activistas y legisladores alertan que la medida podría erosionar libertades fundamentales y convertir la Guardia Nacional en un instrumento de represión interna.
El presidente Donald Trump anunció que pedirá al Congreso de EE. UU. extender su control sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C., más allá del límite de 30 días permitido por la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. Esta medida se da tras declarar una emergencia criminal en la capital y busca intensificar su poder sobre la seguridad local.
De acuerdo con información de Reuters, Trump ya ha desplegado 800 miembros de la Guardia Nacional y más de mil agentes federales para reforzar la seguridad. Según la Casa Blanca, la máxima autoridad del MPD ahora recae en la fiscal general Pam Bondi y Terry Cole, administrador federal interino designado por Trump, aunque la jefa municipal Pamela Smith asegura que sigue reportando a la alcaldesa Muriel Bowser.
El mandatario republicano afirmó que la ciudad enfrenta una ola de delitos violentos, pese a que las estadísticas oficiales demuestran que la criminalidad está en su nivel más bajo en 30 años. La operación, desde el 7 de agosto, ha resultado en 103 detenciones por homicidios, delitos con armas y casos de inmigración.
Trump advirtió que, si el Congreso no actúa, podría declarar una emergencia nacional para mantener su control. Expertos legales consideran que el presidente no puede extender unilateralmente la medida más allá de los 30 días.
Analistas señalan que estas acciones reflejan cómo Trump busca probar los límites de su poder presidencial, al tiempo que ignora la autoridad de líderes locales y genera tensiones políticas en ciudades gobernadas por demócratas.
El presidente Donald Trump declaró situación de emergencia y el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional para “liberar” a Washington D.C. del crimen. Por el contrario, las estadísticas oficiales y testimonios locales desmienten sus afirmaciones: muestran el nivel más bajo de criminalidad en 30 años.
Según datos del Departamento de Policía Metropolitana, citados por El País, los delitos violentos en la capital estadounidense bajaron un 35% en 2024, con disminuciones significativas en homicidios (-32%), robos (-39%) y asaltos a mano armada (-27%). Algunos residentes aseguran que la ciudad es segura y califican la medida de Trump como una imposición política sin respaldo real.
La controversia ha surgido tras el ataque a un funcionario del gobierno y la postura de la fiscal Jeanine Pirro, aliada de Trump, quien busca juzgar a adolescentes violentos como adultos. Sin embargo, muchos vecinos aseguran que el despliegue militar genera más preocupación que seguridad.
Washington D.C., con mayoría de electores demócratas, ha sido blanco de constantes críticas del presidente, que ha cuestionado la gestión de la alcaldesa Muriel Bowser, quien prometió acatar la ley, pero reiteró la necesidad de proteger la autonomía del distrito ante acciones “inquietantes y sin precedentes”.
Un aumento en la militarización de la capital también se puede observar en otras ciudades, como Los Ángeles, donde un despliegue similar generó polémica y enfrentamientos legales. Mientras tanto, expertos alertan que estas medidas basadas en “datos fantasiosos” pueden recordar a episodios autoritarios y ponen en riesgo la convivencia ciudadana.
Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, adelantó que será el miércoles 19 de febrero cuando se revisará la solicitud de desafuero en contra del senador del PRI, Alito Moreno.
La próxima semana se realizará una sesión ordinaria para desahogar el expediente de Alito, esto tras un acuerdo que resultó de una reunión en la Comisión, detalló Flores Cervantes.
Advirtió que en el proceso de desafuero de Alito se cuidarán todos los detalles para que después no vaya a haber pretexto o la posibilidad de interponer un amparo que salve al priísta.
El asunto es muy sencillo, queremos ser muy bien de origen porque no queremos que al ratito vaya a haber amparos, vaya a haber problemas de origen en los procedimientos, tenemos que ser muy cuidadosos y estamos solicitando alguna información adicional”, indicó Flores Cervantes.
Mientras tanto, Alito Moreno presumió sus fotos en Washington DC, EEUU, donde anda de visita. Dice que está sosteniendo encuentros de importancia bilateral sobre el T-MEC y la supuesta instalación de una Red Interparlamentaria de Norteamérica a favor de las instituciones, de la democracia, de la justicia y de las libertades económicas, en la que participarían legisladores de EEUU y Canadá.
Sin embargo otros sospechan de que el objetivo de su repentino viaje es escapar de México para no tener que responder ante la cuestión del desafuero, sobre todo porque el presidente del PRI advirtió que acudiría a pedir ayuda a “instancias internacionales” para denunciar la “dictadura” en la que, según él, vivimos todas y todos los mexicanos desde que llegó la 4T.
No hay normalidad democrática, porque para el gobierno de Morena su única razón de Estado es consolidar una dictadura, no la paz, no la justicia y menos la democracia en nuestro país; y exhibió las intenciones del gobierno para la persecución política”, declaró Alito.
Por eso las sospechas, ya que trae ese discurso, seguramente buscará cambiar la narrativa y hacerse la víctima de “persecución política” o alguna de esas tretas del antiguo régimen.
En el año 2022 la Fiscalía del Estado de Campeche solicitó formalmente el desafuero de Alito Moreno, para poder proceder penalmente en su contra y que el líder del PRI respondiera ante los señalamientos por enriquecimiento ilícito, que presuntamente habría cometido cuando fue gobernador de ese estado del sureste mexicano.
Conforme a los artículos 110 y 111 de la Constitución, para que Alito esté en posibilidades de responder por sus crímenes, se le tendría que desaforar que es el proceso de retirar la inmunidad procesal de un funcionario público, con el objetivo de que pueda ser juzgado por presuntos delitos. El fuero es una protección que impide que legisladores y otros servidores públicos sean arrestados o procesados judicialmente sin el debido proceso.
Las fases del proceso de desafuero son: acusación, revisión y votación. Y es la Cámara de Diputados la responsable de tomar la decisión final. En este caso de si proteger o no al señor Alito Moreno.
¡Buenas tardes desde Washington, DC! En reuniones de trabajo privadas para abordar temas clave de la relación México-Estados Unidos: seguridad, el futuro del T-MEC y el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral. Siempre con la visión de defender los intereses del pueblo de… pic.twitter.com/RywBm11dcA
