La violencia sexual dirigida hacia las mujeres en México se ha transformado en una dolorosa realidad que exige atención inmediata. Según una investigación reciente publicada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, durante este mes de julio, esta forma de agresión se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que las mujeres alcancen una vida libre de violencia y miedo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como cualquier acto de índole sexual que degrada o causa daño al cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, vulnerando su libertad, dignidad e integridad física. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) categoriza esta forma de violencia como una manifestación de abuso de poder que refleja la supremacía masculina sobre la mujer, degradándola y objetivándola.
La violencia sexual no se limita únicamente a un acto físico, sino que también representa un acto de abuso de poder que degrada y perjudica la libertad, dignidad e integridad de la víctima. Constituye un ataque a la esencia misma de la mujer y una manifestación de la persistente supremacía masculina en la sociedad. La envergadura de este problema es innegable, como se evidencia en las cifras alarmantes.
La investigación del IBD revela que, durante el primer semestre de 2023, se denunciaron en promedio 66 presuntos delitos de violación diariamente en las procuradurías y fiscalías de las entidades. No obstante, esta cifra solamente representa una fracción de la verdadera magnitud del problema, ya que muchas víctimas no denuncian debido al temor o a la vergüenza. Se estima que en el año 2021 se registraron más de 88 mil violaciones, lo que implica que en promedio 243 mujeres mayores de 18 años fueron violadas cada día en todo el país.
La impunidad sigue siendo un problema alarmante en este contexto. A pesar de la elevada incidencia de delitos sexuales, únicamente una pequeña proporción de los perpetradores es llevada ante la justicia. En el año 2021, de los 1.7 millones de delitos sexuales reportados, sólo 10,807 personas fueron encarceladas, lo que significa que la gran mayoría queda impune.
Las cifras también indican que la violencia sexual ocurre con mayor frecuencia en lugares como la calle o parques, con una prevalencia del 67.2%, seguida por las escuelas (53%) y los entornos laborales (14.4%). Las entidades con mayor cantidad de casos reportados hasta junio de 2023 fueron el Estado de México, con 1,746; seguido de la Ciudad de México, con 1,453; Nuevo León con 838; Chihuahua con 748 e Hidalgo con 570. En contraposición, las entidades con menores casos reportados fueron: Tlaxcala con 6; Yucatán con 20 y Sonora con 91 casos.
Es importante tener en cuenta la cifra oscura, que representa a las víctimas que no denuncian sus casos, lo cual resalta la necesidad de fomentar la confianza en las instituciones para que las víctimas se sientan seguras al denunciar.
Según la última edición de la ENDIREH del año 2021, el 49.7% de las mujeres mayores de quince años declara haber sido víctima de alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, y el 23.3% afirma haber sido víctima de esta forma de violencia durante los últimos 12 meses (INEGI, 2022).
El grupo de edad más afectado por la violencia sexual es el de mujeres de entre 15 y 24 años (con un 42% de incidencia), seguido por el grupo de edad de 25 a 34 años (32%). Las mujeres con mayor nivel educativo también son las más afectadas por la violencia sexual, ya que las mujeres con educación media superior y superior completa tienen la mayor prevalencia de violencia sexual. Otro dato socioeconómico relevante es que la violencia sexual afecta más a las mujeres solteras (39.1%) que a las mujeres casadas o en una relación (17.9%).
Ante esta preocupante realidad, el Congreso de la Unión ha tomado algunos pasos significativos, como la creación de leyes destinadas a combatir la violencia de género y el análisis de reformas legislativas, como la eliminación de la prescripción del delito de violación y la aplicación de la castración química para violadores. No obstante, es crucial que estas medidas trasciendan las palabras y se materialicen en acciones concretas que resguarden a las mujeres y les brinden un camino hacia la justicia.
Como sociedad, debemos rechazar la normalización de cualquier forma de violencia sexual y crear un entorno seguro en el cual las mujeres podamos denunciar sin temor. La educación y la sensibilización son elementos clave para modificar la mentalidad y prevenir estos actos atroces. Además, resulta fundamental que las políticas públicas y el sistema de justicia se fortalezcan para proporcionar apoyo integral a las víctimas y sancionar a los perpetradores.
La violencia sexual dirigida hacia las mujeres es una herida profunda en la sociedad mexicana, y es responsabilidad de todas y todos trabajar juntos para sanarla. Sólo mediante la colaboración entre gobiernos, instituciones, organizaciones y la sociedad en su conjunto lograremos erradicar este mal y alcanzar un futuro seguro, exento de violencia para todas las mujeres en México.
- La autora es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes ponerte en contacto con ella a través de Facebook: MUMA Mariuma Munira, y Twitter: @MariumaMunira.
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