La democracia en México se ha enriquecido con la participación activa de las mujeres en la política. Sin embargo, este avance histórico también ha puesto al descubierto una problemática preocupante: la violencia política de género. A pesar de los logros en materia de igualdad, las mujeres políticas enfrentan una realidad dolorosa en su búsqueda de representación y participación plena en el ámbito político.
Una herramienta clave en la lucha contra esta problemática es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, creado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Este registro es una pieza fundamental para identificar, rastrear y sancionar a los agresores que perpetúan actos de violencia política contra las mujeres.
El camino hacia una mayor inclusión y equidad en la política mexicana ha estado marcado por reformas constitucionales significativas. En 2014, se logró un avance trascendental con la reforma electoral que estableció la paridad de género en la integración de candidaturas al Congreso y congresos locales. Gracias a esta medida, el número de mujeres en la Cámara de Diputados ha aumentado considerablemente, acercándose cada vez más a la igualdad de representación.
Sin embargo, la violencia política de género ha sido un obstáculo persistente en el proceso hacia la igualdad sustantiva. Durante el proceso electoral de 2021, se vivió un preocupante incremento de la violencia contra las mujeres políticas, con un alarmante número de candidatas asesinadas. Oaxaca y Veracruz encabezaron las estadísticas de casos, arrojando luz sobre la vulnerabilidad que enfrenta el género en la esfera política.
Para hacer frente a esta problemática, se aprobó en 2019 la reforma “Paridad en Todo”, que buscaba asegurar que la mitad de los cargos de decisión fueran ocupados por mujeres en los tres poderes del Estado, los tres órdenes de gobierno y los organismos autónomos. Además, en 2020 se tipificó el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, un paso importante para perseguir legalmente a los agresores.
El Registro Nacional de Agresores se ha convertido en un baluarte para visibilizar y prevenir estos actos de violencia política de género. Al corte del 23 de julio de 2023, el INE tiene 341 registros ordenados por distintas autoridades, de los cuales, 297 personas han sido sancionadas, algunas de ellas, más de una ocasión por cometer Violencia Política contra las Mujeres, de las cuales 238 son hombres y 59 mujeres. Estas cifras nos recuerdan que la violencia no distingue género y que la lucha por la igualdad es responsabilidad de toda la sociedad.
Los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Campeche y Morelos concentraron el mayor número de personas sancionadas, lo que pone de manifiesto la urgencia de implementar acciones específicas en estas regiones para prevenir y sancionar estos actos de violencia.
El ámbito municipal fue identificado como el nivel con mayor cantidad de sanciones, lo que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción a nivel local.
Además de la identificación de agresores, es esencial implementar programas de capacitación y sensibilización para prevenir estas agresiones. Promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida política y social es fundamental para garantizar una participación política plena y libre de violencia para todas las mujeres.
La violencia política de género no sólo afecta a las mujeres directamente involucradas en la política, sino que también tiene un impacto en la participación política de todas. Cuando las mujeres se sienten amenazadas o intimidadas, es menos probable que participen activamente en la vida política, lo que limita su representación y voz en la toma de decisiones.
El Registro Nacional de Agresores es una herramienta poderosa para combatir y erradicar la violencia política de género. Al contar con una base de datos que identifica a los agresores y sus sanciones, se pueden identificar patrones y tomar medidas para proteger a las mujeres que están siendo víctimas de este tipo de violencia. Además, el registro puede servir como una herramienta disuasoria para aquellos que contemplen ejercer violencia política.
Es imperativo que sigamos trabajando de manera conjunta, sociedad y autoridades, para garantizar la participación política plena y segura de las mujeres. Sólo así podremos construir una democracia inclusiva y equitativa, donde las mujeres seamos reconocidas y valoradas como agentes clave para el desarrollo de nuestro país. La lucha contra la violencia política de género es una responsabilidad compartida, y el Registro Nacional de Agresores es un paso firme en la dirección correcta para lograr una sociedad justa e igualitaria para todas y todos.
- La columnista es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, contáctala en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira
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