El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha sido absuelto del delito de desaparición forzada, según informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La imputación había sido realizada a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, que lo señaló como presunto responsable de la desaparición de una persona identificada con las iniciales “D.L.C.”.
Con esta resolución, Duarte continúa cumpliendo su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los que fue sentenciado en 2018. Según el cronograma actual de su proceso penal, podría obtener su libertad en abril de 2026.
Un caso que marcó su administración
Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016, enfrentó múltiples acusaciones durante y después de su mandato, relacionadas con corrupción, desvío de recursos y presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre estas, la desaparición forzada fue uno de los señalamientos más graves.
Duarte fue detenido en el poblado de Panajachel, Guatemala, el 15 de abril de 2017, tras una intensa búsqueda internacional. Posteriormente, fue extraditado a México el 17 de julio de ese mismo año.
La absolución en contexto
El delito de desaparición forzada es considerado uno de los más graves en el sistema de justicia mexicano, ya que afecta directamente los derechos humanos. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz no logró sustentar las pruebas necesarias para vincular a Duarte con este crimen en particular, lo que derivó en su absolución.
Aunque esta decisión judicial alivia la carga legal de Duarte, no implica el fin de su responsabilidad penal, ya que sigue cumpliendo su condena actual.
Con su absolución en este caso, Duarte podría centrarse en la obtención de beneficios procesales que eventualmente le permitan reducir su condena. No obstante, su legado político y los daños ocasionados durante su gestión continúan siendo objeto de debate en el estado de Veracruz.
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