La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM anunció el regreso a clases en línea pese al paro que mantiene cerradas sus instalaciones desde hace tres semanas. Los estudiantes rechazaron la medida por considerarla impuesta y llaman a no participar hasta lograr un acuerdo real con las autoridades.
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM informó que a partir del jueves 13 de noviembre se reanudarán las clases en línea para el sistema escolarizado, los diplomados de titulación, el Centro de Idiomas y el sistema abierto, luego de la aprobación del Consejo Técnico de la facultad.
El anuncio, difundido mediante un comunicado oficial, generó inconformidad entre los estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones desde el 24 de octubre. Los paristas calificaron la decisión como “unilateral” y “apócrifa”, argumentando que no existió diálogo ni acuerdos firmados con la dirección antes del anuncio.
“Desconocemos enérgicamente la decisión del Consejo Técnico y la Dirección, el paro sigue en pie”, expresaron los estudiantes organizados, quienes exhortaron a sus compañeros a no tomar las clases virtuales mientras continúe el movimiento.
Por su parte, las autoridades universitarias hicieron un llamado a entregar las instalaciones para reanudar plenamente las actividades presenciales, apelando a la disposición al diálogo y al regreso a la normalidad académica.
A menos de tres semanas del fin del semestre, cinco facultades mantienen paros pese a los llamados de las autoridades y el cumplimiento parcial de sus demandas.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una de las crisis académicas más prolongadas del año: más de 40 mil estudiantes —equivalentes al 11% de la matrícula total— siguen sin clases debido a los paros en Medicina, Odontología, Química, Arquitectura y Contaduría y Administración.
Con el semestre programado para concluir el 28 de noviembre, el conflicto amenaza con afectar calificaciones, acreditaciones y prácticas escolares. Hasta ahora, las votaciones en distintas facultades han mantenido la decisión de continuar con los paros, pese a que la universidad ha reforzado la seguridad con más botones de emergencia, luminarias y protocolos de atención ante amenazas o incidentes.
En la Facultad de Química, por ejemplo, 60% de los alumnos y docentes votaron por no regresar a clases presenciales. De 5 mil 941 participantes, 3 mil 614 decidieron seguir en paro, mientras 2 mil 327 optaron por reanudar actividades. La encuesta, realizada vía formulario digital, mostró que cerca del 40% de la comunidad no participó.
El desacuerdo principal radica en que los estudiantes desean concluir el semestre en modalidad virtual, tras más de un mes de clases en línea. El pasado 4 de noviembre, incluso, un grupo de alumnos bloqueó el acceso a las instalaciones, impidiendo el ingreso de personal docente y administrativo.
En tanto, la Facultad de Medicina acumula seis semanas sin clases, afectando principalmente a más de 5 mil alumnos de primero y segundo año. Aunque la carrera tiene un plan anual, los paristas aseguran que no se han cumplido todas las exigencias de su pliego petitorio, centrado en mayor seguridad dentro del plantel.
Las autoridades universitarias han convocado a una mesa de diálogo este martes 11 de noviembre, con el objetivo de buscar acuerdos que permitan reanudar las actividades antes del cierre del semestre. Sin embargo, el descontento entre estudiantes y la falta de consenso en las votaciones mantiene en vilo el regreso a la normalidad académica.
Con información de Lillian Hernández para La Jornada
En 2021, una investigación de Ricardo Sevilla para RegeneraciónMx reveló cómo la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México destinaron casi 30 millones de pesos a la exposición Carne y Arena, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Los nombres de Enrique Graue y Jorge Volpi destacaron por su papel en la asignación de estos recursos, generando cuestionamientos sobre ética, transparencia y prioridades institucionales.
En diciembre de 2021, se dio a conocer que Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Enrique Graue, rector de la UNAM, autorizaron pagos millonarios a Alejandro González Iñárritu, quien además recibió el grado de Doctor honoris causa por parte de la máxima casa de estudios. La cifra total se aproximó a los 28 millones 527 mil pesos, de los cuales un millón de dólares se destinó directamente a Iñárritu, y más de 10 millones de pesos adicionales se usaron en construcción, operación, logística, promoción y otros gastos asociados.
Una excolaboradora de la UNAM recordó que “fue el propio Graue quien ordenó a Jorge Volpi que, con dinero de nuestra máxima casa de estudios, le llenaran los bolsillos al Negro Iñárritu”. Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural, ejecutó estas instrucciones con la ayuda de Ricardo Raphael de la Madrid, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, “supervisando” los detalles de la exposición, aunque sin acudir personalmente al recinto.
El convenio CC-013-2017, firmado entre Volpi y Raphael de la Madrid, especificaba que la UNAM y la CDMX aportarían fondos “para actividades que desarrollen estrategias de promoción turística en la Ciudad de México”. Sin embargo, críticos y trabajadores del Centro Cultural señalaron que la exposición tuvo escasa afluencia de público durante sus 285 días de exhibición, cuestionando la eficacia de la inversión y la prioridad de destinar recursos públicos a un proyecto con valor cultural dudoso.
Carne y Arena, periodista que documentó los costos, precisó que una parte de los 500 mil dólares adicionales se pagó a Nicolas Scabini, director de arte y proveedor autorizado por Iñárritu, mientras que la UNAM asumió otros pagos por obras, construcción y operación. En paralelo, se gastaron 145 mil pesos en elementos promocionales, incluyendo más de 106 mil pesos para la página web oficial y 70 mil pesos para horas extra del personal.
La instalación fue considerada la más cara en la historia de la UNAM, superando exposiciones previas de artistas reconocidos como Anish Kapoor y Yayoi Kusama. Irmgard Emmelhainz, ensayista y crítica cultural, señaló que “el problema con la instalación de González Iñárritu es que las experiencias y sensaciones carecen de valor de revelación; su fuerza reside en una estéril (y sensacionalista) puesta en escena que pierde fuerza en lo efímero de la sensación del espectador”.
El manejo de los recursos por parte de Graue y Volpi dejó un legado de cuestionamientos: el gasto millonario, la opacidad en la asignación de fondos y la priorización de proyectos de alto costo frente a necesidades académicas y culturales más relevantes evidenciaron un patrón de decisiones que muchos consideraron arbitrarias y poco responsables.
La burocracia dorada de la UNAM y una élite intelectual, con el respaldo de diferentes gobiernos de derecha, llevan sexenios repartiéndose puestos directivos, agregadurías culturales, premios y distinciones en México y el extranjero.
Y esta degeneración ha quedado evidenciada, una vez más, al conocerse el fallo del Premio Cervantes de este año.
El escritor Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, ha ganado el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2025.
Y llama la atención porque Celorio es un sujeto que, más allá de tener una obra consistente o destacada, ha tenido importantes puestos dentro de la élite cultural de México.
Celorio, por ejemplo, fue designado como director del Fondo de Cultura Económica durante el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2002). En el siguiente sexenio panista, el de Felipe Calderón, Celorio sino fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes.
Poco después, en 2015, el gobierno panista de Mario López Valdez, mejor conocido como Malova, entregó a Celorio el Premio Mazatlán de Literatura.
Curiosamente, un año antes, en 2014, obtuvo ese mismo premio Rafael Pérez Gay, de la revista Nexos, propiedad de Héctor Aguilar Camín y, en 2013, lo ganó Jaime Labastida Ochoa, hermano del priísta Francisco Labastida Ochoa.
¿Casualidad?
Esta recurrencia revela que los premios y galardones que obtienen en la cúpula intelectual, más que un reconocimiento puramente artístico, funcionan como una moneda de intercambio o una consolidación de favores entre la clase política y los intelectuales orgánicos.
Celorio no tuvo empacho en recibir un premio Cervantes onanista.
¿A qué nos referimos? A que, siendo Celorio director de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es precisamente el organismo que propone el Premio Cervantes de Literatura al Ministerio de Cultura de España.
Es decir: Celorio se autopremió.
Lamentablemente, la mayoría de los escritores y escritoras de México saben que no cualquier persona puede acceder a los circuitos donde se mueven personajes como Celorio.
Y es que la élite intelectual funciona como un círculo cerrado que se reserva el derecho de admisión.
El hijo de Celorio, el ‘golden boy’ de la UNAM en España
Dentro del ámbito universitario, Gonzalo Celorio ha impulsado a su hijo, Diego Celorio Morayta, quien desde hace más de una década se desempeña en la UNAM como Coordinador del Centro de Estudios Mexicanos en España.
Gracias a las influencias de su padre, Diego Celorio tiene 12 años siendo en un puesto de alto perfil en Europa.
Hoy justo trabaja al lado del polémico Ciro Murayama Rendón, quien es uno de los críticos más exacerbados de la Cuarta Transformación.
Cabe destacar que, antes de eso, Diego Celorio, al igual que su padre, también trabajó en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón como agregado cultural de México en Barcelona.
Es importante decir que la élite cultural opera en el campo intelectual, pero en realidad su poder radica en la capacidad de convertir su capital cultural (obra, erudición, títulos) en capital social y político.
Los importantes puestos que Celorio ha ocupado –FCE, AML, UNAM– le han permitido tejer una red de contactos a nivel nacional e internacional.
Lamentablemente, el perfil de Celorio encaja en el concepto de “intelectual orgánico” que describió Antonio Gramsci, y que no necesariamente trabaja alineado a una ideología particular, sino al Estado y a sus instituciones (UNAM, AML, FCE). Su función, más allá de la creación artística, es legitimar y dotar de prestigio cultural a las estructuras de poder que lo han encumbrado.
Estos cargos y premios, que se reparten entre los miembros de la cúpula intelectual, funcionan como prebendas o trofeos que no se asignan por concurso abierto, sino por lealtad o pertenencia a la élite, garantizando una posición de renta (altos sueldos, vida en el extranjero) a las familias de una cohorte de oxidados académicos.
CCH Sur inicia toma de fotografía digital para más de 11 mil alumnos; paros y denuncias continúan en varias facultades ante agresiones y protocolos de seguridad.
La inactividad académica persiste en diversas facultades y colegios de la UNAM, pese a los recorridos del rector Leonardo Lomelí Vanegas. Ayer se activó el Protocolo de Actuación ante Posible Agresión en la Facultad de Filosofía y Letras, tras un mensaje en redes sobre una supuesta agresión a estudiantes, situación que se replicó en la Facultad de Economía, derivando en denuncias penales.
Los paros continúan en las facultades de Contaduría y Administración, Arquitectura, Medicina y Odontología, mientras que en Química no hubo clases debido a la toma de instalaciones en repudio al regreso a clases presenciales. En el CCH Vallejo, el paro fue motivado por la agresión de un vigilante contra una estudiante y su madre en la puerta 1, luego de una supuesta obstrucción vial.
(Foto: Cuartoscuro/Pedro Valtierra)
Ayer, la Dirección de Personal de la UNAM sostuvo una mesa de diálogo con trabajadores de vigilancia, movilidad y protección civil, donde se solicitó la destitución de cuatro mandos de la DGAPSU, medida que no prosperó por limitaciones legales, y se acordó una nueva reunión para el próximo lunes.
En el CCH Sur, inició la toma de fotografía digital a más de 11 mil 300 alumnos, trámite que se realizará hasta el 12 de noviembre y será requisito para el ingreso cuando regresen a clases presenciales. El procedimiento incluyó revisión ocular de mochilas y verificación de cita, sin generar molestias significativas entre los estudiantes.
Algunos alumnos expresaron emociones encontradas: alegría por reencontrarse con compañeros, pero también miedo y zozobra por el tiempo sin clases presenciales. Padres acompañaron a sus hijos por precaución, mientras las obras para torniquetes y cámaras de detección facial avanzan lentamente, poniendo en duda la reanudación de actividades el 18 de noviembre.
Ayer, Norma Piña, exministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reapareció en la UNAM.
En un evento titulado “El Futuro de la Justicia: Independencia Judicial en México y su Entorno Regional”, Norma Lucía Piña Hernández presumió que durante su gestión como presidenta de la SCJN, un grupo de juzgadores se dedicó a “parar” proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, específicamente el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La declaración fue realizada, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en un foro que reunió a una pléyade de virulentos opositores de la Cuarta Transformación.
Y aquí hay un dato clave: la afirmación de Norma Piña sobre “parar” el Tren Maya y el AIFA. Esto, dicho de manera sucinta, se refiere a la proliferación de amparos y suspensiones concedidas por jueces federales que obstaculizaron temporalmente (o buscaron detener definitivamente) la ejecución de obras prioritarias del Gobierno Federal.
La UNAM, especialmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lleva tiempo se afanándose en buscar exponentes que tienen una clara afinidad ideológica y académica con la derecha.
De hecho, al revisar el directorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IJJ) cualquiera puede percatarse de que, en efecto, ese lugar es una cueva de conservadores.
De hecho, la actual directora de ese instituto, Mónica GonzálezContró, no estudió en la UNAM, sino en el ITAM.
Ahora bien, si le echamos un ojo a la sociología del derecho, observaremos que esta supuesta invocación a la “independencia judicial”, en realidad, suele ser utilizada como una bandera de legitimación por grupos conservadores que se sienten amenazados por un cambio de régimen político.
Y no es necesario ser un genio para percatarse de cómo son las cosas.
Que Norma Piña haya admitido su modus operandi en la Corte revela que, durante su presidencia, las decisiones judiciales, que legalmente deberían haber sido neutrales, se convirtieron en actos con una clara –y tramposa– intencionalidad política.
Y eso reafirma muchas de nuestras sospechas: que la suspensión de obras no solo fue una aplicación del derecho, sino una estrategia coordinada de contrapeso al Poder Ejecutivo.
Y hay algo mucho más grave que lamentar:
El juicio de amparo, diseñado para proteger al ciudadano de abusos de autoridad, en la época de Piña en la Corte, fue instrumentalizado como una herramienta de freno político por actores con grandes recursos, convirtiendo la defensa legal de los ciudadanos en una batalla a favor de los grandes corporativos.
Es muy triste –y lamentable- que la UNAM se haya convertido en una cueva de itamitas y una trinchera contra el pueblo.
Un video que muestra a un vigilante jaloneando y tirando las muletas a una alumna en el CCH Vallejo desató indignación y protestas. El hecho ocurre a pocas semanas del asesinato de un estudiante del CCH Sur, que mantiene a la UNAM en crisis y con varios planteles aún en paro.
A poco más de seis semanas del asesinato de un estudiante del CCH Sur, un nuevo episodio de violencia en el CCH Vallejo volvió a encender la indignación en la UNAM. En redes sociales se difundió un video donde un vigilante jalonea y arroja las muletas de una alumna frente al plantel, mientras la toma del cabello y la hace caer al suelo.
La madre de la estudiante denunció que la agresión ocurrió cuando acudieron al colegio para exigir una silla adecuada, luego de que su hija sufriera un accidente dentro del plantel. “Mi hija se cayó por los pisos hundidos, pedí una silla de ruedas y nunca la quisieron dar. Cuando reclamé, me empujaron y golpearon a mi hija”, relató.
El CCH Vallejo confirmó el incidente y afirmó que brindó apoyo a la alumna y a su madre. La dirección anunció que colaborará con las autoridades universitarias para sancionar al responsable conforme a la legislación universitaria. Ante la indignación, estudiantes convocaron a paro de actividades y bloqueo vehicular, mientras que el plantel suspendió clases en lo que avanzan las investigaciones.
Durante la misma jornada, la Facultad de Química fue tomada por encapuchados, interrumpiendo el regreso a clases presenciales tras cinco semanas en línea. Su director, Carlos Amador Bedolla, llamó a los profesores a mantener contacto con los alumnos y ajustar las evaluaciones debido a las condiciones del semestre.
En la Facultad de Contaduría y Administración, la propuesta de un nuevo calendario escolar también generó tensión, ya que grupos estudiantiles señalaron que las instalaciones “aún no han sido entregadas” y que el documento carece de validez oficial.
Mientras tanto, en el CCH Sur, alumnos convocaron a una marcha para exigir la destitución de la directora Susana de los Ángeles Lira de Garay.
El rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que “la situación se está normalizando” y confió en que esta semana será clave para estabilizar la Universidad antes del cierre del semestre. Sin embargo, las movilizaciones, las tomas y los llamados a diálogo continúan en distintas facultades.
Arquitectura anunció que sus instalaciones fueron reparadas y realizará una asamblea el 5 de noviembre, mientras que Odontología convocó a una mesa de diálogo para el miércoles al mediodía, en busca de acuerdos que permitan retomar las actividades académicas.
“¡Nosotros no fuimos! A los verdaderos culpables los dejaron libres”, asegura imputado en el caso del crimen de aficionado del Cruz Azul en CU.
El asesinato de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario (CU), ha sacado a la luz pública la nebulosa actuación de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGaPSu) de la UNAM, develando una terrible dinámica de impunidad y probable fabricación de responsables.
Pero demos un poco de contexto:
Hace unos días, cuatro trabajadores de la DGAPSU —Jose Rodrigo Valerio Carrillo, Luis Alberto Molina Bautista, Brallan Leonardo Islas y Noé Manzo Campuzano— fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado (asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con la necropsia del Incifo).
Sin embargo, familiares y compañeros de estos trabajadores sostienen que los imputados son “chivos expiatorios” y que podrían ser una operación por parte de la estructura de seguridad de la UNAM con el fin de blindar a los verdaderos agresores.
El Juez de Control, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ordenó prisión preventiva justificada para los imputados; además fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El juzgador basó su determinación de iniciar un juicio penal contra los guardias basándose en los peritajes de la necropsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), a Rodrigo Mondragón, en la que se precisó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.
Sin embargo, dos de los trabajadores Brallan Leonardo Islas y Rosas Noé Manzo Campuzano aseguran que fueron detenidos arbitrariamente y que ellos no son “responsables de lo ocurrido en el estadio”.
Estas personas sostienen que “a los verdaderos culpables los desaparecieron”. Y señalan que Gerardo Moisés Loyo Martínez, director general de la DGaPSu, habría dado la orden de “ponerlos”.
También sostienen que José Felipe Romero Pérez, alias Búfalo, quien funge como director de operaciones de la DGaPSu, les habría dado la instrucción para que fueran al túnel 16.
Noé Manzo Campuzano, a través de una serie de audios a los que ReporterosMx tuvo acceso, narra que Romero Pérez habría facilitado la huida de los verdaderos responsables, quienes, de acuerdo con su propio testimonio, habrían permanecido en la batea de una camioneta de la UNAM con el número 04.
El testimonio de Manzo Campuzano es una pieza clave.
El relato de Campuzano, que envió desde el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, señala que hubo un encubrimiento activo orquestado desde la cúpula de seguridad de la UNAM.
Otras voces señalan que la detención de los cuatro vigilantes habría sido una medida desesperada para presentar resultados rápidos ante la presión mediática y familiar.
Una cosa es cierta: la versión de estos personajes se conecta con otros señalamientos alrededor de lo que estaría ocurriendo en la DGaPSu.
Y es que investigaciones periodísticas paralelas a las de ReporterosMx han revelado denuncias sobre un presunto grupo de choque operando dentro de la seguridad de la UNAM.
Testimonios de otros guardias (obtenidos por diversos medios) apuntan a que mandos de la DGAPSU supuestamente encabezan un grupo de al menos 20 personas dedicadas a la extorsión y la violencia en la zona de CU, lo cual añade una capa oscura al contexto del crimen de Mondragón.
La UNAM concedió a Ciro Murayama la dirección de uno de sus ocho Centros de Estudios Mexicanos en el extranjero; sedes a las que la máxima casa de estudios destina más de 71 mdp, y cuyos resultados han sido escuetos o nulos.
Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) padece paros indefinidos que han detenido las actividades académicas en varios planteles, la cúpula dorada sigue cobrando y derrochando sin el menor remordimiento.
Tan sólo entre el 1 de enero y el 31 de septiembre de 2025, la UNAM gastó 71.7 millones de pesos en sus Centros de Estudios en el Extranjero.
Se trata de escuelas de extensión universitaria y Centros de Estudios Mexicanos que, hasta la fecha, no han reportado beneficios concretos para la comunidad estudiantil, más allá de eventos culturales ocasionales y “seminarios” virtuales a los que, prácticamente, no acude ninguna persona.
Curiosamente, estos centros presumen dar clases genéricas de español, arte, cultura y estudios mexicanos, cuyo programa académico es desconocido.
Hasta este 2025, en su compendio de Políticas y Normas de Operación Presupuestal, la UNAM dijo mantener en operación nueve Centros de Estudios Mexicanos en el extranjero y tres sedes de Extensión Universitaria en Europa, Asia, Norteamérica y el Caribe.
Los Centros de Estudios Mexicanos, de acuerdo con lo informado por la UNAM, están ubicados en las siguientes ciudades o países:
Los Ángeles, Estados Unidos
China
España
Francia
Reino Unido
Tucson, Arizona, Estados Unidos
Alemania
Boston, Massachusetts, Estados Unidos
La Habana, Cuba
Sin embargo, los resultados de dichos centros, cuya supuesta misión es “promover la cultura mexicana” en el extranjero y formar alianzas con instituciones locales, son prácticamente inexistentes.
Por ejemplo, el Centro de Estudios Mexicanos en España, que desde el 1 de enero de 2025 dirige Murayama Rendón, exconsejero del INE y profesor Titular tipo A de la Facultad de Economía, se dedica a organizar seminarios, conversatorios, conferencias web y proyecciones cinematográficas.
Cabe mencionar que desde el 13 de febrero hasta el 29 de octubre de 2025, el Centro dirigido por Ciro Murayama apenas organizó 34 actividades, entre ellas una conferencia sobre “Los orígenes del culto a la virgen de Guadalupe”; una proyección de la película “Tepeyac”, un filme sobre la figura religiosa, y algunas presentaciones alternas de renombrados investigadores/funcionarios de la UNAM como Gina Zabludovsky, socióloga e investigadora emérita, o Tatiana Cuevas, directora del MUAC.
La realidad, nos aseguran miembros de la propia comunidad universitaria, es que estos “eventos culturales” organizados por el Centro que dirige Murayama, que arrancó la programación un mes y medio después de asumir el cargo, solo sirven como pasarela internacional para los más renombrados miembros de la UNAM y de sus amigos externos.
Del INE a la UNAM
A inicios de enero de 2025, Ciro Murayama Rendón asumió la dirección del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España, en sucesión del escritor Jorge Volpi.
Sin embargo, desde el 1 de mayo de 2023 es profesor de carretera titular A de la Facultad de Economía, año en el que el exfuncionario dejó el entonces INE.
Por si fuera poco, un año después, Murayama se hizo miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II, un rango otorgado a personalidades internacionales consolidadas, gozando de un estímulo federal adicional de 36 mil pesos a su salario universitario, que hasta el 28 de febrero de 2025 fue de 56 mil 910 pesos netos.
Cabe señalar que la UNAM ha destinado al rubro de Remuneración a personal académico más de 7 mil 452 millones de pesos. Sumando aguinaldo, primas vacacionales, gratificaciones por separación o jubilación, cuotas de seguridad social y otras prestaciones, el total asciende a 33 mil 347 millones de pesos, 10 mil mdp menos que los ingresos generados entre enero y septiembre de 2025, que fueron de 43 mil 673 millones.
Lo cierto es que la manutención del personal académico de alto nivel como Murayama es uno de los rubros que más cuesta a la UNAM. De hecho, en ello se dilapida buena parte de los recursos, más que en becas (812 millones) o en mobiliario e instrumentos científicos (527 millones).
Lamentablemente, mientras la comunidad universitaria demanda mayor seguridad, instalaciones y educación de calidad, la UNAM gasta su presupuesto en conceptos que no reportan ningún beneficio real.
En 2024, la UNAM se negó a transparentar los talonarios de pago del entonces profesor, considerándolos “material confidencial”.
ReporterosMx ha vuelto a realizar otra solicitud de transparencia. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje, la UNAM no ha respondido.
A un mes del inicio del paro estudiantil, y ante las amenazas de bomba y la latente inseguridad en sus instalaciones, la UNAM se niega a dar respuestas. ¿Y el rector? Leonardo Lomelí, muy tranquilo, presentando libros en España e invitando a Krauze y otros de sus amigos a Europa.
Tras semanas de protestas y mesas de diálogo, la Facultad de Química acordó volver a la presencialidad, aunque permitirá que el profesorado mantenga actividades virtuales mientras continúan las mejoras en seguridad.
Luego de varias semanas de suspensión de actividades, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la reanudación de clases presenciales tras una sesión extraordinaria del Consejo Técnico. El acuerdo se alcanzó después de una mesa de diálogo entre autoridades, docentes y estudiantes, en la que se evaluó el avance de las medidas de seguridad solicitadas por el alumnado.
A través de un comunicado, la institución señaló que el regreso presencial tiene como objetivo garantizar la calidad académica y dar continuidad a las actividades de licenciatura conforme a los horarios establecidos. Sin embargo, precisó que los profesores podrán ofrecer sus clases vía streaming y proporcionar tareas o materiales en línea para favorecer la flexibilidad educativa.
Durante la sesión, que se extendió por más de cuatro horas, se escucharon las intervenciones de estudiantes, académicos y directivos, quienes coincidieron en la importancia de retomar las actividades sin descuidar las condiciones de seguridad dentro del plantel.
La Facultad recordó que el paro estudiantil se originó por exigencias en materia de seguridad dentro de las instalaciones, derivadas de un pliego petitorio que exigía cámaras, luminarias y botones de emergencia en todos los edificios. En respuesta, las autoridades universitarias aseguraron que el proyecto de reforzamiento de infraestructura ya se encuentra casi concluido.
“El pasado sábado se completó el 100% de los trabajos en los edificios centrales, donde se lleva a cabo la mayor parte de las actividades académicas”, precisó el comunicado, subrayando que se busca ofrecer mayor seguridad a toda la comunidad universitaria.
La medida marca el fin de un periodo de tensión interna en una de las facultades más emblemáticas de la UNAM. No obstante, el Consejo Técnico dejó abierta la posibilidad de mantener espacios de diálogo permanente con el alumnado para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y evitar nuevos conflictos.
