El Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar las operaciones financieras y económicas de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina.
Al justificar el punto de acuerdo, diputados de Morena expusieron que la Auditoría Superior de la Ciudad de México halló irregularidades en el gasto de dos programas sociales del gobierno del panista por 8 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2021.
Asimismo, revelaron contratos por más de 11 millones de pesos con la empresa Aymas Herramientas SA de CV, cuya sede se encuentra en España y su domicilio fiscal en México no existe. A esta compañía se le encargó el acondicionamiento de un centro para la prevención de las violencias de género, así como dar mantenimiento y rehabilitación a una casa de cultura y biblioteca.
También hicieron referencia a las declaraciones patrimoniales de Taboada, quien en tres años pasó de declarar ingresos anuales de 40 mil pesos a 14 millones de pesos.
Dichos motivos fueron por los que la mayoría del pleno aprobó hacer el exhorto a la UIF durante la sesión del pleno.
Los panistas no sólo son propietarios de departamentos en la alcaldía Benito Juárez; sus gobiernos han quedado retratados como los más opulentos y menos transparentes. Por eso las autoridades deben investigarlos y llegar hasta las últimas consecuencias, dijo la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila.
Luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, abandonó su comparecencia ante diputados el viernes pasado, el pleno del Congreso local exhortó a las comisiones Unidas de Alcaldías y de Administración Pública a que cite nuevamente al panista, con la finalidad de que cumpla cabalmente con la obligación constitucional de informar y comparecer.
También se pidió a la Secretaría de la Contraloría General investigar la conducta del funcionario, y en caso de incurrir en faltas administrativas se proceda conforme a derecho.
Los morenistas afirmaron que el acuerdo de comparecencia consta de la rendición del informe y sesión de preguntas y respuestas con legisladores, lo cual no cumplió el funcionario.
Más allá de una afrenta y ofensa directa de un alcalde a un poder público, el funcionario violentó la Constitución local, la Ley Orgánica y el Reglamento del órgano legislativo. Incumplió con su obligación de rendir cuentas.
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