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  • Poder Judicial libera cuentas a Inés Gómez Mont y su esposo pese a orden de aprehensión: UIF alerta sobre corrupción en el Poder Judicial

    Poder Judicial libera cuentas a Inés Gómez Mont y su esposo pese a orden de aprehensión: UIF alerta sobre corrupción en el Poder Judicial

    Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés Gómez Mont Arena y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ordenando eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas.

    • El fallo permite a ambos utilizar nuevamente el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión vigentes por parte del Ministerio Público.
    • El 4 de marzo de 2025, la UIF acató la resolución judicial y giró instrucciones para reanudar todos los servicios financieros de los involucrados.

    “La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, señaló Pablo Gómez.

    El titular de la UIF recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento preventivo, cuya función es frenar la circulación de recursos de presunta procedencia ilícita dentro de la economía nacional. Desde el inicio del sexenio y hasta marzo de 2025:

    • Se han incorporado a la Lista un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 morales.
    • Han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 morales.
    • Actualmente, se mantienen 6,545 sujetos bloqueados.
    • Se han bloqueado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros.
    • Asimismo, se han desbloqueado:
      • 23,575 millones de pesos por resolución judicial
      • 82.4 millones de pesos por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo
      • 5,061 millones de pesos por resolución directa de la UIF

    Respecto a los antecedentes del caso, Gómez Álvarez explicó que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga están acusados “de una serie de fraudes en el sistema de prisiones, [pues] se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero […] de tal manera que la justicia los empezó a perseguir […] y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”. Añadió que ambos han logrado evadir su extradición hasta el momento, aunque el Estado mexicano continúa con los esfuerzos para que enfrenten la justicia.

    De manera contundente, el funcionario aseguró que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México, eso no es justo”, subrayando la necesidad de reformas legales que fortalezcan la lucha contra el lavado de dinero.

    La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo dicho por el titular de la UIF, al asegurar que “cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, pero lamentó que “las personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en los juicios de fondo, les liberan las cuentas los jueces”. Detalló que, por instrucciones del Poder Judicial, se han liberado más de 35 mil millones de pesos, lo que ha debilitado las acciones preventivas.

    Finalmente, la mandataria adelantó que “además de lo que va a ocurrir el 1 de junio”, su administración ya trabaja en modificaciones legales para evitar que los recursos de cuentas congeladas puedan ser liberados sin una resolución de juicio definitiva, reforzando así el sistema de inteligencia financiera frente al crimen organizado.

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  • A pesar de estar prófugos, Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias gracias al PJ

    A pesar de estar prófugos, Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias gracias al PJ

    La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Álvarez Puga, anbos prófugos de la justicia, han sido beneficiados por el Poder Judicial el pasado 25 de marzo, al conseguir el restablecimiento del acceso a sus cuentas bancarias, a pesar de que siguen siendo huyendo de la ley.

    Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra la pareja por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema de desvío de fondos públicos que presuntamente asciende a más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, se habrían utilizado comprobantes fiscales falsos para simular transacciones y aparentar servicios inexistentes.

    Pese a esta situación y tras seis años fuera del país, Gómez Mont y Álvarez Puga obtuvieron un amparo derivado del juicio 107/2023. A partir de ello, el Poder Judicial de la Federación ordenó eliminar a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instruyendo al sistema financiero nacional a restablecer sus operaciones bancarias.

    De acuerdo con información publicada por El Economista, la UIF acató esta resolución y notificó a distintas instituciones financieras para que dejaran de restringir las cuentas de los señalados. La decisión provocó inconformidad entre funcionarios de la propia Unidad, incluido su titular Pablo Gómez Álvarez, quien ha sido uno de los principales impulsores del combate a la corrupción financiera en el país.

    Cabe recordar que las medidas de congelamiento de cuentas se habían adoptado como acción preventiva para evitar el movimiento de recursos presuntamente ilícitos y cualquier operación dentro del sistema financiero por parte de los acusados.

    Aunque ahora pueden disponer nuevamente de su dinero, las investigaciones en su contra continúan vigentes, y aún pesa sobre ellos una orden de aprehensión emitida en 2021, además de una ficha roja de la Interpol para su localización en más de 190 países. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la reciente resolución judicial.

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  • Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

    Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

    En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.

    De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.

    El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.

    Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.

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  • Yasmín Esquivel defiende imparcialidad judicial y rechaza división en la Suprema Corte por caso de Ricardo Salinas

    Yasmín Esquivel defiende imparcialidad judicial y rechaza división en la Suprema Corte por caso de Ricardo Salinas

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció sobre la controversia suscitada tras la sesión más reciente en el máximo tribunal, en la que la ministra Lenia Batres abandonó el salón, argumentando que se le impidió participar en la resolución relacionada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el empresario Ricardo Salinas Pliego. En entrevista exclusiva con el periodista Manuel Pedrero, Esquivel aclaró los puntos centrales del caso y expresó su postura ante la opinión pública.

    Durante la conversación, la ministra subrayó que el impedimento en cuestión no está vinculado con temas fiscales o de impuestos del empresario, sino con una solicitud de la UIF para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue estados de cuenta específicos. Según Esquivel, el impedimento fue solicitado por el propio quejoso y se consideró legal, ya que la ley de amparo establece que los jueces y ministras deben excusarse cuando exista enemistad manifiesta con alguna de las partes.

    La ministra explicó que la controversia surgió porque Lenia Batres, antes de asumir el cargo de ministra, publicó varios mensajes en redes sociales criticando abiertamente a Ricardo Salinas Pliego, incluso refiriéndose a él de manera despectiva en algunos casos. Además, ya en funciones como ministra, Abatres emitió opiniones públicas sobre los asuntos fiscales del empresario, lo que, desde la perspectiva de Esquivel, comprometió la imparcialidad exigida por la constitución.

    Esquivel también hizo referencia a una denuncia penal presentada por el propio Ricardo Salinas en contra de Lenia Batres por presunto ejercicio indebido del servicio público. Estos antecedentes, afirmó, justificaron el impedimento para que Abatres participara en el caso. La ministra reiteró que la decisión no resolvió el fondo del asunto, sino exclusivamente la recusación de la ministra involucrada.

    Manuel Pedrero cuestionó a la ministra Esquivel sobre posibles conflictos de interés en casos donde los juzgadores muestren simpatía o cercanía con alguna de las partes, haciendo alusión al ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha sido visto en eventos organizados por empresas vinculadas a Salinas Pliego. Esquivel fue enfática al señalar que ningún juez debe recibir prebendas económicas, favores políticos o privilegios de las partes involucradas en un litigio, asegurando que cualquier cercanía de esta naturaleza debe implicar la excusa del juez en el caso correspondiente.

    En el ámbito político, Esquivel rechazó la idea de que exista una división entre las ministras progresistas de la Corte, subrayando que tanto Lenia Batres como Loreta Ortiz son sus colegas con quienes comparte el compromiso de transformación del Poder Judicial. Asimismo, calificó de infundadas las aseveraciones de quienes buscan generar conflictos internos en la SCJN.

    En torno a las declaraciones recientes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que algunos ministros carecen de objetividad por supuestamente ocultar información fiscal de Salinas Pliego, Esquivel respaldó la postura de la mandataria y enfatizó que todos los ciudadanos y empresas tienen la obligación de pagar impuestos sin excepción. Afirmó que, a pesar de las tensiones políticas y mediáticas, ella continuará actuando con imparcialidad y conforme a la ley.

    Finalmente, la ministra expresó su confianza en que la controversia será superada pronto y que el Poder Judicial continuará con su labor en la búsqueda de justicia, sin permitir que los conflictos internos distraigan del objetivo común: consolidar un Estado de derecho sólido y confiable para todos los mexicanos.

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  • SCJN decidirá si amparo de Salinas Pliego lo exime de regulación financiera; UIF advierte impacto en la lucha contra ilícitos económicos

    SCJN decidirá si amparo de Salinas Pliego lo exime de regulación financiera; UIF advierte impacto en la lucha contra ilícitos económicos

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.

    De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.

    El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.

    La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.

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  • Alfredo Bedolla confirma orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles por presuntos delitos de desvío de fondos

    Alfredo Bedolla confirma orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles por presuntos delitos de desvío de fondos

    El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por presuntos delitos de desvío de fondos relacionados con la construcción de cuarteles de policía en el estado. Aureoles se encuentra prófugo de la justicia, y la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja activamente en su búsqueda y captura. Esta situación refleja un esfuerzo por abordar la corrupción en Michoacán, donde la percepción de impunidad ha sido un tema recurrente.

    La investigación, que ha durado varios años, ha revelado irregularidades significativas en la adjudicación de contratos para la construcción de cuarteles, con sobreprecios que alcanzan hasta cinco veces el valor real. Ramírez Bedolla explicó que al asumir el cargo se encontró con una “quiebra técnica” en las finanzas estatales, lo que llevó a presentar denuncias ante la FGR. La detención de varios exfuncionarios de la administración de Aureoles, incluyendo al exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, es un paso importante en la búsqueda de justicia.

    La FGR continúa con las investigaciones para cumplimentar la orden de aprehensión, mientras que Ramírez Bedolla ha enfatizado que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el gobierno de Michoacán.

    La estafa conocida como “La Licuadora”

    En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló detalles sobre la estafa conocida como ‘La Licuadora’, que ha dejado al estado en una situación financiera crítica. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra prófugo tras la emisión de una orden de aprehensión por delitos como peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

    El gobernador destacó que un cuartel se pagó alrededor de 980 millones de pesos, lo que consideró “totalmente ilógico” y “fuera de la realidad”, ya que un cuartel similar no debería costar más de 200 millones de pesos. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en cuestiones financieras y fraude en materia de seguridad pública, relacionado con el arrendamiento y construcción de cuarteles.

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  • Detienen en Miami a exsecretario de Finanzas de Michoacán por presunto desvío millonario

    Detienen en Miami a exsecretario de Finanzas de Michoacán por presunto desvío millonario

    Este 1 de marzo de 2025, las autoridades confirmaron la detención de Carlos Maldonado Mendoza, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán entre 2015 y 2021. El exfuncionario fue arrestado en Miami, Florida, en relación con el presunto desvío de miles de millones de pesos durante su gestión.

    Según información difundida por el medio Quadratín Michoacán, la captura de Maldonado Mendoza fue realizada por la Interpol y agentes federales mexicanos. Su arresto responde a los requerimientos de las autoridades de Michoacán, quienes lo investigan por presuntos actos de corrupción.

    El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla presentó al menos 15 denuncias por irregularidades en la administración de recursos públicos, lo que llevó a la apertura de diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los casos señalados destaca el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos, particularmente en la construcción de diversos cuarteles en el estado.

    Uno de los hechos que más ha llamado la atención de las autoridades es la compra de un inmueble que fue valuado en 100 millones de pesos, pero cuyo costo final reportado ascendió a 900 millones, lo que representa un sobreprecio de 800 millones de pesos. Esta y otras irregularidades fueron detectadas tras las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, en coordinación con el gobierno de Michoacán.

    Desde marzo de 2023, el gobernador Ramírez Bedolla había informado que su administración investigaba a Maldonado Mendoza y estimó inicialmente un daño al erario por más de 30 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mucho mayor.

    Con esta detención, el exsecretario de Finanzas se convierte en el primer funcionario de alto nivel del gobierno estatal anterior en ser arrestado tras más de tres años de indagatorias. Hasta el momento, no se ha determinado si será trasladado a Morelia, Michoacán, para continuar el proceso judicial en territorio mexicano.

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  • La Presidenta instruye protección para Gerardo Sánchez, víctima de persecución y advierte cero tolerancia a presunta corrupción de Gallardo

    La Presidenta instruye protección para Gerardo Sánchez, víctima de persecución y advierte cero tolerancia a presunta corrupción de Gallardo

    Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada por la prensa sobre el caso del empresario huasteco, Gerardo Sánchez Zumaya, que en semanas recientes ha denunciado ser blanco de una persecución política emprendida por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que ha tomado acciones ante las intenciones del industrial de trabajar por el pueblo de la entidad.

    “Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria (de seguridad) de aquel entonces, Rosa Icela, que lo protegiera, porque, pues está en riesgo, él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado le están otorgando contratos a este empresario, Gerardo Sánchez Zumaya”, declaró un comunicador.

    Ante estas denuncias, la mandataria federal fue muy clara al momento de reiterar que en su administración, así como en la pasada, no se tolerará ningún acto de corrupción, incluido sí se comprueban las acusaciones en contra del gobernador de SLP.

    En cuanto a la integridad de Sánchez Zumaya, la titular el Ejecutivo federal adelantó que le pedirá información a la actual Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para saber como es que se protegía al empresario en la administración pasada para darle seguimiento.

    “Vamos a preguntarle a Rosa Icela como se estaba apoyando y sí es el caso pues se apoyará”, mencionó Sheinbaum Pardo desde el Salón de Tesorería.

    Empresario Gerardo Sánchez denuncia persecución política en su contra

    Durante las últimas semanas, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte del diario Reforma, que lo acusa de ser un “proveedor facturero” basándose en presuntas investigaciones de otros medios como Latinus.

    Estas afirmaciones surgen a pesar de que la revista Forbes ha certificado recientemente la legitimidad de su fortuna tras una exhaustiva auditoría que validó el origen de sus ingresos y el impacto positivo de sus empresas, las cuales generan más de 5,000 empleos en todo el país. Sánchez Zumaya ha negado cualquier proceso legal en su contra e invita a los medios a investigar sus contratos, asegurando que no tiene nada que ocultar.

    Por otro lado, Sánchez Zumaya acusa al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de iniciar una persecución política en su contra, presuntamente debido al crecimiento de su influencia entre la población y su interés en participar en el proceso de la Cuarta Transformación para las elecciones estatales de 2027.

    Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha reactivado una investigación sobre Gallardo por presuntos desvíos de más de 724 millones de pesos durante su gestión en las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. La investigación incluye indagatorias sobre bienes y propiedades de la familia Gallardo y de colaboradores cercanos, sugiriendo posibles irregularidades en empresas vinculadas a ellos.

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  • A petición de cabeza de Vaca, el ministro Pérez Dayán resuelve que desde ahora la UIF necesitará “más requisitos” para poder bloquear cuentas

    A petición de cabeza de Vaca, el ministro Pérez Dayán resuelve que desde ahora la UIF necesitará “más requisitos” para poder bloquear cuentas

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece mayores restricciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a solicitud de autoridades extranjeras. El proyecto, promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue avalado en la Segunda Sala de la Corte con tres votos a favor y dos en contra.

    La decisión surgió tras resolver una presunta “contradicción de criterios” presentada por el abogado José Alfredo Cavazos Mercado, defensor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta resolución implica que, para que la UIF pueda proceder con el bloqueo de cuentas, la solicitud debe provenir de una autoridad extranjera con competencia en la materia y estar sustentada en compromisos internacionales.

    La ministra Lenia Batres votó en contra y señaló que esta medida restringe las facultades de la UIF, las cuales son cruciales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. Según Batres, esta interpretación de la Corte debilita los compromisos de México en acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

    En respuesta, los ministros Javier Laynez Potisek y Pérez Dayán argumentaron que la decisión no impide el bloqueo de cuentas, sino que precisa el procedimiento a seguir cuando se recibe una solicitud extranjera. Aclararon que no basta con una mención general de investigación, sino que la petición debe ser específica y estar directamente vinculada a los compromisos internacionales de México.

    Esta postura genera preocupación respecto a la efectividad de las acciones de la UIF, que podría enfrentar mayores trabas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el crimen financiero.

    Con esta nueva medida de la Suprema Corte, queda en claro la parcialidad de la mayoría de los ministros, que velan por los intereses de presuntos delincuentes que se niegan a pagar sus delitos ante las autoridades mexicanas.

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  • La guerra sucia en redes es sólo la punta del icebrg: UIF revela que MCCI recibió 96 MDP de la embajada estadounidense y se las gasta en transferencias millonarias sospechosas

    La guerra sucia en redes es sólo la punta del icebrg: UIF revela que MCCI recibió 96 MDP de la embajada estadounidense y se las gasta en transferencias millonarias sospechosas

    MCCI se encuentra en el centro de una controversia luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda reveló que la organización recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la embajada de Estados Unidos entre 2018 y 2023. Pablo Gómez, titular de la UIF, destacó la importancia de la transparencia en los financiamientos extranjeros para evitar posibles conflictos de interés y proteger la soberanía nacional.

    La UIF también expuso cómo MCCI utilizó estos fondos, detallando las transferencias realizadas a bancos en Suiza y Estados Unidos. Entre 2016 y 2023, la organización transfirió 31 millones 752 mil 802 pesos a cuentas en el extranjero, incluyendo grandes sumas dirigidas a entidades como Consorcio Metropolitano Inmobiliario e Inmobiliaria Coapa Larca, ambas en Suiza.

    Además de las transferencias internacionales, la UIF informó sobre los pagos por sueldos realizados dentro de México. Claudio X. González, uno de los apoderados legales de MCCI, recibió 26 millones 514 mil 057.74 pesos, mientras que María Amparo Casar, también apoderada legal, recibió 11 millones 244 mil 873.72 pesos. Estos montos se suman a los fondos manejados por la organización, que alcanzaron los 338 millones 247 mil 355 pesos provenientes de personas físicas y morales mexicanas.

    Entre las personas físicas que financiaron a MCCI, se encuentran figuras como Claudio X. González Laporte, dueño de Kimberly Clark, y Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis. Por otro lado, varias organizaciones empresariales, como Fundación Soriana y Fundación Kaluz AC, también contribuyeron al financiamiento de la asociación.

    El financiamiento de MCCI por parte de la embajada de Estados Unidos y las transferencias a bancos en el extranjero han generado un debate sobre la influencia extranjera en México y la necesidad de una mayor transparencia en el manejo de fondos por parte de organizaciones civiles.

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