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  • La UIF pisa callos de Salinas Pliego: Investigación de Ricardo Sevilla

    La UIF pisa callos de Salinas Pliego: Investigación de Ricardo Sevilla

    ¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.

    Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.

    La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental. 

    En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. 

    Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios. 

    A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.

    Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.

    De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.

    Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna. 

    A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.

    Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.

    Le cuento más detalles:

    Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.

    Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.

    Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México. 

    Una empresa medular para la trama de lavado.

    NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.

    Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas. 

    Azteca da préstamos a Palomino 

    De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”. 

    Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.

    Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

    A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.

    Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.

    Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.

    Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.

    La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.

    Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.

    El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.

    Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.

    Y las cosas no pararon ahí.

    A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.

    Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.

    Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.

    La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.

    La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.

    Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras. 

    Palomino llegó a la Policía a robar 

    El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores. 

    Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal. 

    Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”. 

    Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.

    El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.

    Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.

    “Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.

    El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.

    “No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.

    Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”

    “Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx. 

    Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.

  • Demandas y pagos de García Luna y su esposa, son individuales

    Demandas y pagos de García Luna y su esposa, son individuales

    Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró esta mañana, durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 23 de mayo, que la sentencia que le dictaron ayer a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y a su esposa Cristina Pereyra, son de carácter individual. O sea que cada quién va a pagar lo que debe al gobierno de México.

    Esta pareja de delincuentes deberán pagar 727 millones 925 mil 523 dólares y 585 millones 26 mil 666 pesos al gobierno mexicano, que representa la devolución de lo que ellos mismos robaron a través de su esquema de contrataciones ilegales.

    Y por si esto no fuera suficiente, Pablo Gómez detalló que la pareja aún deberá enfrentar otro proceso más en su contra. Lo que muy probablemente, significará otra sentencia para García Luna y Cristina Pereyra.

    El titular de la UIF, destacó que la transición de nuestro país vino hasta 2018 y es por esa razón que el día de hoy se está abordando el tema, porque de no ser así, de seguir bajo gobiernos neoliberales, no se habría sabido nada.

    También destacó Pablo Gómez que la jueza Lisa Walsh, que fue quien dictó sentencia a la pareja en Florida, Estados Unidos, fue elegida en una votación popular.

    Así es como García Luna está pasando por su segunda sentencia en los Estados Unidos; principalmente condenado a 39 años de prisión por sus nexos con el “Cártel de Sinaloa” y llenarse las manos con sobornos. Ahora, en la segunda, deberá regresar lo que robó al gobierno de nuestro país a través de sus contrataciones ilegales y demás movimientos ilícitos y como ya lo adelantó Pablo Gómez, no ha terminado aquí sus deudas con la justicia.

  • “Miente feo”: Pablo Gómez desmiente a Zedillo y revela como desde los 90 el PRIAN encubrió el Fobaproa

    “Miente feo”: Pablo Gómez desmiente a Zedillo y revela como desde los 90 el PRIAN encubrió el Fobaproa

    Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos.

    El funcionario reveló que lo único que se entregó en su momento fue “un disco encriptado” con cinco llaves distribuidas entre los partidos políticos, pero que “el PAN entregó una llave distinta”, impidiendo el acceso total a la información. Además, leyó en vivo la leyenda de confidencialidad contenida en el documento, que evidencia el carácter reservado y la voluntad explícita de ocultamiento:

    “Al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial mediante el uso de las claves o contraseñas […] se obliga a: 1) preservar la confidencialidad de la información confidencial, 2) utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5° y 7° transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 3) abstenerse de divulgar por cualquier medio dicha información. En caso de que llegara al dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.

    Con este testimonio, Gómez Álvarez desmontó la narrativa del PRIAN que ha intentado justificar la deuda del Fobaproa durante casi tres décadas. Recalcó que la decisión del gobierno de Zedillo no fue abrir los datos a la ciudadanía, sino “que no se supiera nada”.

    El Fobaproa: fraude legalizado contra el pueblo

    Gómez detalló que la operación del Fobaproa consistió en fondear a los bancos que enfrentaban dificultades por cartera vencida, pero terminó por convertir deudas privadas en deuda pública, lo cual “no era su función”, ya que el fideicomiso se diseñó como un seguro para proteger el ahorro bancario, no para rescatar banqueros ni empresarios morosos.

    “No se informó nada a la Cámara de Diputados, estaban simplemente regalando dinero”, sentenció. Dijo que existían alternativas viables, como adquirir acciones de los bancos quebrados, pero se eligió la vía más onerosa para el erario: socializar las pérdidas.

    La deuda del Fobaproa, subrayó, “se paga todos los días en México”, y su aceptación fue inconstitucional, producto de una red de complicidades entre el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN.

    Documentos entregados a la Presidencia

    En un gesto simbólico pero contundente, Pablo Gómez entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que prueban cómo se intentó ocultar la información del Fobaproa. Afirmó que fueron las y los legisladores de izquierda quienes sacaron a la luz parte del contenido, mientras que el PRI y el PAN actuaron para ocultarlo deliberadamente.

    Incluso reveló que el 23 de marzo del año 2000, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para deslindarse de toda responsabilidad sobre la publicación de las operaciones reprobables, declarando que únicamente el IPAB podía hacer uso de la información confidencial.

    Gómez mostró un reporte oficial con el registro de las carpetas de investigación abiertas en torno al Fobaproa, de las cuales muchas fueron cerradas por amparos, desistimientos del Ministerio Público o simplemente declaradas como “no delito”.

    Negó que la auditoría se hubiera realizado con transparencia, como sostiene Zedillo: “La decisión no fue que fuera transparente, sino que no lo fuera”. Además, denunció que el PAN fue cómplice al reconocer la deuda del Fobaproa y negar el contenido del documento encriptado, pese a que lo tenían en su poder.

    “Proteger a los ricos y poderosos”

    Cerró su intervención con una sentencia firme: “Se lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.

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  • Poder Judicial libera cuentas a Inés Gómez Mont y su esposo pese a orden de aprehensión: UIF alerta sobre corrupción en el Poder Judicial

    Poder Judicial libera cuentas a Inés Gómez Mont y su esposo pese a orden de aprehensión: UIF alerta sobre corrupción en el Poder Judicial

    Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés Gómez Mont Arena y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ordenando eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas.

    • El fallo permite a ambos utilizar nuevamente el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión vigentes por parte del Ministerio Público.
    • El 4 de marzo de 2025, la UIF acató la resolución judicial y giró instrucciones para reanudar todos los servicios financieros de los involucrados.

    “La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, señaló Pablo Gómez.

    El titular de la UIF recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento preventivo, cuya función es frenar la circulación de recursos de presunta procedencia ilícita dentro de la economía nacional. Desde el inicio del sexenio y hasta marzo de 2025:

    • Se han incorporado a la Lista un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 morales.
    • Han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 morales.
    • Actualmente, se mantienen 6,545 sujetos bloqueados.
    • Se han bloqueado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros.
    • Asimismo, se han desbloqueado:
      • 23,575 millones de pesos por resolución judicial
      • 82.4 millones de pesos por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo
      • 5,061 millones de pesos por resolución directa de la UIF

    Respecto a los antecedentes del caso, Gómez Álvarez explicó que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga están acusados “de una serie de fraudes en el sistema de prisiones, [pues] se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero […] de tal manera que la justicia los empezó a perseguir […] y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”. Añadió que ambos han logrado evadir su extradición hasta el momento, aunque el Estado mexicano continúa con los esfuerzos para que enfrenten la justicia.

    De manera contundente, el funcionario aseguró que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México, eso no es justo”, subrayando la necesidad de reformas legales que fortalezcan la lucha contra el lavado de dinero.

    La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo dicho por el titular de la UIF, al asegurar que “cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, pero lamentó que “las personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en los juicios de fondo, les liberan las cuentas los jueces”. Detalló que, por instrucciones del Poder Judicial, se han liberado más de 35 mil millones de pesos, lo que ha debilitado las acciones preventivas.

    Finalmente, la mandataria adelantó que “además de lo que va a ocurrir el 1 de junio”, su administración ya trabaja en modificaciones legales para evitar que los recursos de cuentas congeladas puedan ser liberados sin una resolución de juicio definitiva, reforzando así el sistema de inteligencia financiera frente al crimen organizado.

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  • A pesar de estar prófugos, Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias gracias al PJ

    A pesar de estar prófugos, Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias gracias al PJ

    La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Álvarez Puga, anbos prófugos de la justicia, han sido beneficiados por el Poder Judicial el pasado 25 de marzo, al conseguir el restablecimiento del acceso a sus cuentas bancarias, a pesar de que siguen siendo huyendo de la ley.

    Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra la pareja por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema de desvío de fondos públicos que presuntamente asciende a más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, se habrían utilizado comprobantes fiscales falsos para simular transacciones y aparentar servicios inexistentes.

    Pese a esta situación y tras seis años fuera del país, Gómez Mont y Álvarez Puga obtuvieron un amparo derivado del juicio 107/2023. A partir de ello, el Poder Judicial de la Federación ordenó eliminar a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instruyendo al sistema financiero nacional a restablecer sus operaciones bancarias.

    De acuerdo con información publicada por El Economista, la UIF acató esta resolución y notificó a distintas instituciones financieras para que dejaran de restringir las cuentas de los señalados. La decisión provocó inconformidad entre funcionarios de la propia Unidad, incluido su titular Pablo Gómez Álvarez, quien ha sido uno de los principales impulsores del combate a la corrupción financiera en el país.

    Cabe recordar que las medidas de congelamiento de cuentas se habían adoptado como acción preventiva para evitar el movimiento de recursos presuntamente ilícitos y cualquier operación dentro del sistema financiero por parte de los acusados.

    Aunque ahora pueden disponer nuevamente de su dinero, las investigaciones en su contra continúan vigentes, y aún pesa sobre ellos una orden de aprehensión emitida en 2021, además de una ficha roja de la Interpol para su localización en más de 190 países. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la reciente resolución judicial.

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  • Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

    Pablo Gómez, titular de la UIF denuncia, al Poder Judicial por obstaculizar la lucha contra el lavado de dinero

    En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.

    De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.

    El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.

    Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.

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  • Yasmín Esquivel defiende imparcialidad judicial y rechaza división en la Suprema Corte por caso de Ricardo Salinas

    Yasmín Esquivel defiende imparcialidad judicial y rechaza división en la Suprema Corte por caso de Ricardo Salinas

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció sobre la controversia suscitada tras la sesión más reciente en el máximo tribunal, en la que la ministra Lenia Batres abandonó el salón, argumentando que se le impidió participar en la resolución relacionada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el empresario Ricardo Salinas Pliego. En entrevista exclusiva con el periodista Manuel Pedrero, Esquivel aclaró los puntos centrales del caso y expresó su postura ante la opinión pública.

    Durante la conversación, la ministra subrayó que el impedimento en cuestión no está vinculado con temas fiscales o de impuestos del empresario, sino con una solicitud de la UIF para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue estados de cuenta específicos. Según Esquivel, el impedimento fue solicitado por el propio quejoso y se consideró legal, ya que la ley de amparo establece que los jueces y ministras deben excusarse cuando exista enemistad manifiesta con alguna de las partes.

    La ministra explicó que la controversia surgió porque Lenia Batres, antes de asumir el cargo de ministra, publicó varios mensajes en redes sociales criticando abiertamente a Ricardo Salinas Pliego, incluso refiriéndose a él de manera despectiva en algunos casos. Además, ya en funciones como ministra, Abatres emitió opiniones públicas sobre los asuntos fiscales del empresario, lo que, desde la perspectiva de Esquivel, comprometió la imparcialidad exigida por la constitución.

    Esquivel también hizo referencia a una denuncia penal presentada por el propio Ricardo Salinas en contra de Lenia Batres por presunto ejercicio indebido del servicio público. Estos antecedentes, afirmó, justificaron el impedimento para que Abatres participara en el caso. La ministra reiteró que la decisión no resolvió el fondo del asunto, sino exclusivamente la recusación de la ministra involucrada.

    Manuel Pedrero cuestionó a la ministra Esquivel sobre posibles conflictos de interés en casos donde los juzgadores muestren simpatía o cercanía con alguna de las partes, haciendo alusión al ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha sido visto en eventos organizados por empresas vinculadas a Salinas Pliego. Esquivel fue enfática al señalar que ningún juez debe recibir prebendas económicas, favores políticos o privilegios de las partes involucradas en un litigio, asegurando que cualquier cercanía de esta naturaleza debe implicar la excusa del juez en el caso correspondiente.

    En el ámbito político, Esquivel rechazó la idea de que exista una división entre las ministras progresistas de la Corte, subrayando que tanto Lenia Batres como Loreta Ortiz son sus colegas con quienes comparte el compromiso de transformación del Poder Judicial. Asimismo, calificó de infundadas las aseveraciones de quienes buscan generar conflictos internos en la SCJN.

    En torno a las declaraciones recientes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que algunos ministros carecen de objetividad por supuestamente ocultar información fiscal de Salinas Pliego, Esquivel respaldó la postura de la mandataria y enfatizó que todos los ciudadanos y empresas tienen la obligación de pagar impuestos sin excepción. Afirmó que, a pesar de las tensiones políticas y mediáticas, ella continuará actuando con imparcialidad y conforme a la ley.

    Finalmente, la ministra expresó su confianza en que la controversia será superada pronto y que el Poder Judicial continuará con su labor en la búsqueda de justicia, sin permitir que los conflictos internos distraigan del objetivo común: consolidar un Estado de derecho sólido y confiable para todos los mexicanos.

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  • SCJN decidirá si amparo de Salinas Pliego lo exime de regulación financiera; UIF advierte impacto en la lucha contra ilícitos económicos

    SCJN decidirá si amparo de Salinas Pliego lo exime de regulación financiera; UIF advierte impacto en la lucha contra ilícitos económicos

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.

    De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.

    El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.

    La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.

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  • Alfredo Bedolla confirma orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles por presuntos delitos de desvío de fondos

    Alfredo Bedolla confirma orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles por presuntos delitos de desvío de fondos

    El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que se ha emitido una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por presuntos delitos de desvío de fondos relacionados con la construcción de cuarteles de policía en el estado. Aureoles se encuentra prófugo de la justicia, y la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja activamente en su búsqueda y captura. Esta situación refleja un esfuerzo por abordar la corrupción en Michoacán, donde la percepción de impunidad ha sido un tema recurrente.

    La investigación, que ha durado varios años, ha revelado irregularidades significativas en la adjudicación de contratos para la construcción de cuarteles, con sobreprecios que alcanzan hasta cinco veces el valor real. Ramírez Bedolla explicó que al asumir el cargo se encontró con una “quiebra técnica” en las finanzas estatales, lo que llevó a presentar denuncias ante la FGR. La detención de varios exfuncionarios de la administración de Aureoles, incluyendo al exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, es un paso importante en la búsqueda de justicia.

    La FGR continúa con las investigaciones para cumplimentar la orden de aprehensión, mientras que Ramírez Bedolla ha enfatizado que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza en el gobierno de Michoacán.

    La estafa conocida como “La Licuadora”

    En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló detalles sobre la estafa conocida como ‘La Licuadora’, que ha dejado al estado en una situación financiera crítica. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra prófugo tras la emisión de una orden de aprehensión por delitos como peculado, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

    El gobernador destacó que un cuartel se pagó alrededor de 980 millones de pesos, lo que consideró “totalmente ilógico” y “fuera de la realidad”, ya que un cuartel similar no debería costar más de 200 millones de pesos. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en cuestiones financieras y fraude en materia de seguridad pública, relacionado con el arrendamiento y construcción de cuarteles.

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  • Detienen en Miami a exsecretario de Finanzas de Michoacán por presunto desvío millonario

    Detienen en Miami a exsecretario de Finanzas de Michoacán por presunto desvío millonario

    Este 1 de marzo de 2025, las autoridades confirmaron la detención de Carlos Maldonado Mendoza, quien se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán entre 2015 y 2021. El exfuncionario fue arrestado en Miami, Florida, en relación con el presunto desvío de miles de millones de pesos durante su gestión.

    Según información difundida por el medio Quadratín Michoacán, la captura de Maldonado Mendoza fue realizada por la Interpol y agentes federales mexicanos. Su arresto responde a los requerimientos de las autoridades de Michoacán, quienes lo investigan por presuntos actos de corrupción.

    El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla presentó al menos 15 denuncias por irregularidades en la administración de recursos públicos, lo que llevó a la apertura de diversas carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los casos señalados destaca el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos, particularmente en la construcción de diversos cuarteles en el estado.

    Uno de los hechos que más ha llamado la atención de las autoridades es la compra de un inmueble que fue valuado en 100 millones de pesos, pero cuyo costo final reportado ascendió a 900 millones, lo que representa un sobreprecio de 800 millones de pesos. Esta y otras irregularidades fueron detectadas tras las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, en coordinación con el gobierno de Michoacán.

    Desde marzo de 2023, el gobernador Ramírez Bedolla había informado que su administración investigaba a Maldonado Mendoza y estimó inicialmente un daño al erario por más de 30 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mucho mayor.

    Con esta detención, el exsecretario de Finanzas se convierte en el primer funcionario de alto nivel del gobierno estatal anterior en ser arrestado tras más de tres años de indagatorias. Hasta el momento, no se ha determinado si será trasladado a Morelia, Michoacán, para continuar el proceso judicial en territorio mexicano.

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