Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Reemplazará a Pablo Gómez, quien asumió la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento y destacó la trayectoria de Reyes Colmenares. Mencionó que es un hombre inteligente y con un excelente perfil en temas de inteligencia.
Omar Reyes fue parte del equipo de Sheinbaum cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se acompañará como titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum comentó que Reyes Colmenares debe pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. La mandataria confía en su experiencia y capacidades en el nuevo cargo.
Por primera vez en libertad desde 2005, Israel Vallarta concedió una entrevista exclusiva a Los Reporteros MX, donde detalla los horrores que vivió durante su detención, la fabricación del caso y el silencio cómplice del sistema judicial. “Nunca dejé de luchar, pero no me movía el odio, me movía la verdad”, aseguró.
A 48 horas de haber salido del penal del Altiplano, Israel Vallarta habló desde su casa con el periodista Manuel Pedrero. Con voz pausada y clara, Vallarta narró los momentos clave de su detención, el montaje televisivo orquestado por autoridades federales y Televisa, y la tortura brutal que sufrió por parte de agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación. Su testimonio reafirma lo que durante años se sospechó: que fue víctima de una fabricación del Estado mexicano.
El origen del infierno
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 bajo el argumento de participar en un operativo de despistolización. Encapuchados armados lo interceptaron en la carretera México-Cuernavaca, lo golpearon, le cubrieron la cabeza, le robaron objetos personales y lo trasladaron a instalaciones que después identificaría como del entonces SIEDO.
Ahí empezó el suplicio: golpes, asfixia con bolsas, descargas eléctricas en los testículos y el cuerpo, inmovilización forzada, violencia sexual y amenazas contra su familia. “Cuando me desmayaba, me despertaban para seguir. Me querían quebrar. Querían que dijera lo que ellos necesitaban escuchar”, relató.
El montaje y el bautizo mediático
Horas después, se grabó el famoso montaje en el rancho de Vallarta, transmitido en vivo el 9 de diciembre como un operativo real. “Luis Cárdenas Palomino me instruyó qué debía decir. Me advirtieron que, si no cooperaba, matarían a mi familia. Florence (Cassez) negó todo en la primera toma. Pararon la grabación, la golpearon y repitieron”, recordó.
Aseguró que fue en ese momento cuando lo nombraron líder de “Los Zodiaco”: “Me preguntaron mi signo zodiacal, les dije cáncer. Uno respondió que él era acuario, otro piscis… y ahí dijeron: ‘Los Zodiaco’. Así se inventó la banda”, explicó.
Tiempo después, solicitó al entonces titular de la FGR y a Gobernación los supuestos antecedentes de la organización criminal. La respuesta fue contundente: no existía ningún registro oficial de dicha banda antes de su caso.
Televisa, Loret y la cadena de impunidad
Vallarta señaló que la narrativa oficial fue diseñada para justificar un trabajo de inteligencia inexistente. “Un camión de Televisa con antena satelital ya estaba listo desde antes. Eso no se arma en cinco minutos”, dijo, refiriéndose a las tomas previas al montaje.
Sobre Carlos Loret de Mola, quien transmitió la “detención en vivo”, recordó el testimonio de Laura Barranco, entonces parte del equipo de producción, quien alertó en 13 ocasiones que lo que estaban al aire era un montaje. La respuesta, según Barranco, fue: “Esto está chingón”.
Vallarta solicitó su comparecencia como testigo años después. “Se amparó. Perdió dos veces. Lo obligaron a declarar en videoconferencia desde su oficina. Pero sigue hablando desde la impunidad. Le digo desde aquí: te estoy esperando”.
Justicia tardía, pero justicia al fin
El 31 de julio de 2025, el Juzgado Tercero de Distrito le otorgó la libertad absolutoria. “No fue un perdón, no fue indulto. Fue una sentencia limpia, sin duda, basada en pruebas, no en discursos. Fue un fallo judicial, no político”, dijo Vallarta.
Rechazó haber tenido contacto con Florence Cassez desde su liberación. “Mi esposa sí se comunicó con ella por cortesía. Me enteré que tuvo una hija y enviudó. Le deseo lo mejor”, expresó.
También aclaró que jamás aceptó el indulto que le ofreció en su momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque significaba admitir culpa: “Si me indultaban era como decir: ‘sí lo hiciste, pero te perdonamos’. No. Yo no hice nada”.
Cárdenas Palomino: frente a frente
Durante su tiempo en prisión, Vallarta compartió el penal del Altiplano con Luis Cárdenas Palomino, detenido años después por tortura. “Nos vimos varias veces, frente a frente. Nunca me habló. Yo tampoco. Pero con la mirada nos dijimos todo. Él siempre altivo, yo siempre firme”, relató.
También recordó que su hermano René y varios sobrinos fueron detenidos años después con los mismos métodos: detenciones arbitrarias, tortura y fabricación de delitos. Todos fueron liberados por falta de pruebas.
La deuda del Estado
Aunque Israel Vallarta está registrado desde 2021 como víctima oficial, denuncia que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nunca le ha ofrecido ni un solo apoyo económico. “Ni un chicle. Ni una pastilla para el dolor de cabeza. Solo papeleo, psicólogos, papeles. Nada real”, afirmó.
Pese a todo, no habla desde el resentimiento: “No odio. El odio enferma. Yo quiero vivir. Recuperar el tiempo con mi esposa, mis hijos, terminar mis estudios. Ser abogado. No para hacer política, sino para ayudar a otros que aún están presos injustamente”.
Un mensaje al país
Israel Vallarta sabe que su caso es símbolo de algo más profundo. “No soy el único, ni seré el último. Pero mi caso es el único en que el Estado tuvo que reconocer que mintió, que montó, que fabricó. Y lo hizo frente a millones”.
A la Presidenta Claudia Sheinbaum le envió un mensaje de respeto, y a quienes siguen difamándolo, les respondió con serenidad: “La jueza que me liberó no me conoce, no fue presionada, no fue sobornada. Lo que tengo es una resolución firme. Si aún así dudan, ya no es mi problema. Es el de ellos”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas.
La medida obedece a una investigación por lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita, que incluye transferencias atípicas, movimientos irregulares y presuntas simulaciones fiscales.
En paralelo, la Secretaría de Gobernación suspendió las operaciones de casas de apuestas ligadas a la red del exfuncionario, tanto en plataformas digitales como en locales físicos. La indagatoria sigue creciendo y apunta a un entramado financiero con alcance nacional.
Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales.
A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en territorio mexicano. Tan solo en 2022 se realizaron 110 solicitudes, frente a las 45 de 2020.
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, aseguró que todas las peticiones han sido respondidas conforme a los compromisos internacionales. La dependencia rechazó que se haya reservado información en los reportes que recibe del extranjero.
La presión estadounidense coincide con recientes señalamientos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunta complicidad en operaciones relacionadas con el fentanilo. Las sanciones, previstas inicialmente para julio, se pospusieron hasta el 4 de septiembre.
¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.
Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.
La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental.
En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios.
A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.
Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.
Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna.
A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.
Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.
Le cuento más detalles:
Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.
Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.
Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México.
Una empresa medular para la trama de lavado.
NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.
Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas.
Azteca da préstamos a Palomino
De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”.
Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.
Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.
Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.
Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.
Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.
La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.
Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.
El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.
Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.
Y las cosas no pararon ahí.
A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.
Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.
Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.
La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.
La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.
Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras.
Palomino llegó a la Policía a robar
El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores.
Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”.
Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.
El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.
Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.
“Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.
El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.
“No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.
Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”
“Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx.
Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró esta mañana, durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 23 de mayo, que la sentencia que le dictaron ayer a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y a su esposa Cristina Pereyra, son de carácter individual. O sea que cada quién va a pagar lo que debe al gobierno de México.
Esta pareja de delincuentes deberán pagar 727 millones 925 mil 523 dólares y 585 millones 26 mil 666 pesos al gobierno mexicano, que representa la devolución de lo que ellos mismos robaron a través de su esquema de contrataciones ilegales.
Y por si esto no fuera suficiente, Pablo Gómez detalló que la pareja aún deberá enfrentar otro proceso más en su contra. Lo que muy probablemente, significará otra sentencia para García Luna y Cristina Pereyra.
El titular de la UIF, destacó que la transición de nuestro país vino hasta 2018 y es por esa razón que el día de hoy se está abordando el tema, porque de no ser así, de seguir bajo gobiernos neoliberales, no se habría sabido nada.
También destacó Pablo Gómez que la jueza Lisa Walsh, que fue quien dictó sentencia a la pareja en Florida, Estados Unidos, fue elegida en una votación popular.
Así es como García Luna está pasando por su segunda sentencia en los Estados Unidos; principalmente condenado a 39 años de prisión por sus nexos con el “Cártel de Sinaloa” y llenarse las manos con sobornos. Ahora, en la segunda, deberá regresar lo que robó al gobierno de nuestro país a través de sus contrataciones ilegales y demás movimientos ilícitos y como ya lo adelantó Pablo Gómez, no ha terminado aquí sus deudas con la justicia.
Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos.
El funcionario reveló que lo único que se entregó en su momento fue “un disco encriptado” con cinco llaves distribuidas entre los partidos políticos, pero que “el PAN entregó una llave distinta”, impidiendo el acceso total a la información. Además, leyó en vivo la leyenda de confidencialidad contenida en el documento, que evidencia el carácter reservado y la voluntad explícita de ocultamiento:
“Al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial mediante el uso de las claves o contraseñas […] se obliga a: 1) preservar la confidencialidad de la información confidencial, 2) utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5° y 7° transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 3) abstenerse de divulgar por cualquier medio dicha información. En caso de que llegara al dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.
Con este testimonio, Gómez Álvarez desmontó la narrativa del PRIAN que ha intentado justificar la deuda del Fobaproa durante casi tres décadas. Recalcó que la decisión del gobierno de Zedillo no fue abrir los datos a la ciudadanía, sino “que no se supiera nada”.
El Fobaproa: fraude legalizado contra el pueblo
Gómez detalló que la operación del Fobaproa consistió en fondear a los bancos que enfrentaban dificultades por cartera vencida, pero terminó por convertir deudas privadas en deuda pública, lo cual “no era su función”, ya que el fideicomiso se diseñó como un seguro para proteger el ahorro bancario, no para rescatar banqueros ni empresarios morosos.
“No se informó nada a la Cámara de Diputados, estaban simplemente regalando dinero”, sentenció. Dijo que existían alternativas viables, como adquirir acciones de los bancos quebrados, pero se eligió la vía más onerosa para el erario: socializar las pérdidas.
La deuda del Fobaproa, subrayó, “se paga todos los días en México”, y su aceptación fue inconstitucional, producto de una red de complicidades entre el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN.
Documentos entregados a la Presidencia
En un gesto simbólico pero contundente, Pablo Gómez entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que prueban cómo se intentó ocultar la información del Fobaproa. Afirmó que fueron las y los legisladores de izquierda quienes sacaron a la luz parte del contenido, mientras que el PRI y el PAN actuaron para ocultarlo deliberadamente.
Incluso reveló que el 23 de marzo del año 2000, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para deslindarse de toda responsabilidad sobre la publicación de las operaciones reprobables, declarando que únicamente el IPAB podía hacer uso de la información confidencial.
Gómez mostró un reporte oficial con el registro de las carpetas de investigación abiertas en torno al Fobaproa, de las cuales muchas fueron cerradas por amparos, desistimientos del Ministerio Público o simplemente declaradas como “no delito”.
Negó que la auditoría se hubiera realizado con transparencia, como sostiene Zedillo: “La decisión no fue que fuera transparente, sino que no lo fuera”. Además, denunció que el PAN fue cómplice al reconocer la deuda del Fobaproa y negar el contenido del documento encriptado, pese a que lo tenían en su poder.
“Proteger a los ricos y poderosos”
Cerró su intervención con una sentencia firme: “Se lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.
Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés Gómez Mont Arena y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ordenando eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas.
El fallo permite a ambos utilizar nuevamente el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión vigentes por parte del Ministerio Público.
El 4 de marzo de 2025, la UIF acató la resolución judicial y giró instrucciones para reanudar todos los servicios financieros de los involucrados.
“La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, señaló Pablo Gómez.
El titular de la UIF recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento preventivo, cuya función es frenar la circulación de recursos de presunta procedencia ilícita dentro de la economía nacional. Desde el inicio del sexenio y hasta marzo de 2025:
Se han incorporado a la Lista un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 morales.
Han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 morales.
Actualmente, se mantienen 6,545 sujetos bloqueados.
Se han bloqueado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros.
Asimismo, se han desbloqueado:
23,575 millones de pesos por resolución judicial
82.4 millones de pesos por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo
5,061 millones de pesos por resolución directa de la UIF
Respecto a los antecedentes del caso, Gómez Álvarez explicó que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga están acusados “de una serie de fraudes en el sistema de prisiones, [pues] se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero […] de tal manera que la justicia los empezó a perseguir […] y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”. Añadió que ambos han logrado evadir su extradición hasta el momento, aunque el Estado mexicano continúa con los esfuerzos para que enfrenten la justicia.
De manera contundente, el funcionario aseguró que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México, eso no es justo”, subrayando la necesidad de reformas legales que fortalezcan la lucha contra el lavado de dinero.
La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo dicho por el titular de la UIF, al asegurar que “cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, pero lamentó que “las personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en los juicios de fondo, les liberan las cuentas los jueces”. Detalló que, por instrucciones del Poder Judicial, se han liberado más de 35 mil millones de pesos, lo que ha debilitado las acciones preventivas.
Finalmente, la mandataria adelantó que “además de lo que va a ocurrir el 1 de junio”, su administración ya trabaja en modificaciones legales para evitar que los recursos de cuentas congeladas puedan ser liberados sin una resolución de juicio definitiva, reforzando así el sistema de inteligencia financiera frente al crimen organizado.
La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Álvarez Puga, anbos prófugos de la justicia, han sido beneficiados por el Poder Judicial el pasado 25 de marzo, al conseguir el restablecimiento del acceso a sus cuentas bancarias, a pesar de que siguen siendo huyendo de la ley.
Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra la pareja por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema de desvío de fondos públicos que presuntamente asciende a más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, se habrían utilizado comprobantes fiscales falsos para simular transacciones y aparentar servicios inexistentes.
Pese a esta situación y tras seis años fuera del país, Gómez Mont y Álvarez Puga obtuvieron un amparo derivado del juicio 107/2023. A partir de ello, el Poder Judicial de la Federación ordenó eliminar a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instruyendo al sistema financiero nacional a restablecer sus operaciones bancarias.
De acuerdo con información publicada por El Economista, la UIF acató esta resolución y notificó a distintas instituciones financieras para que dejaran de restringir las cuentas de los señalados. La decisión provocó inconformidad entre funcionarios de la propia Unidad, incluido su titular Pablo Gómez Álvarez, quien ha sido uno de los principales impulsores del combate a la corrupción financiera en el país.
Cabe recordar que las medidas de congelamiento de cuentas se habían adoptado como acción preventiva para evitar el movimiento de recursos presuntamente ilícitos y cualquier operación dentro del sistema financiero por parte de los acusados.
Aunque ahora pueden disponer nuevamente de su dinero, las investigaciones en su contra continúan vigentes, y aún pesa sobre ellos una orden de aprehensión emitida en 2021, además de una ficha roja de la Interpol para su localización en más de 190 países. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la reciente resolución judicial.
En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.
De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.
El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.
Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.
