El diálogo se dio días antes de que Estados Unidos designara al Cártel de Los Soles como organización terrorista extranjera.
El presidente Donald Trump y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mantuvieron la semana pasada una llamada telefónica en la que discutieron la posibilidad de un encuentro bilateral en Estados Unidos, informó The New York Times, citando a fuentes cercanas al tema.
La conversación ocurrió pocos días antes de que entrara en vigor la designación del Cártel de Los Soles —acusado por Washington de ser liderado por Maduro, aunque sin pruebas— como organización terrorista extranjera. Hasta ahora, no existen planes concretos para la reunión que, de concretarse, sería el primer contacto directo entre un presidente estadounidense y el líder venezolano.
A pesar de la llamada, Trump mantiene un tono belicoso contra Venezuela, sin descartar una vía diplomática. La administración estadounidense considera a Maduro un líder ilegítimo y lo señala como jefe de una red de narcotráfico, acusaciones que el Gobierno venezolano ha negado en repetidas ocasiones.
Desde septiembre, Estados Unidos ha intensificado acciones militares contra embarcaciones con supuesta carga de drogas provenientes de Venezuela y otros países latinoamericanos, una estrategia que ha sido criticada por demócratas, académicos y expertos en derechos humanos, quienes la consideran ejecuciones extrajudiciales.
El jueves, Trump reafirmó sus amenazas de atacar objetivos terrestres en Venezuela: “La tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”, dijo a la prensa.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela han emitido comentarios oficiales sobre la llamada o sobre posibles negociaciones futuras.
Trump aseguró que EUA comenzará “muy pronto” incursiones terrestres contra el narcotráfico en territorio venezolano, afirmando que ya detuvo 85% del tráfico marítimo. No presentó evidencia ni detalles sobre el tipo, ubicación o legalidad de esos operativos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su gobierno trasladará a tierra firme sus operaciones militares “antinarcóticos”, con Venezuela como punto central. Desde Florida, el mandatario afirmó que las fuerzas armadas han frenado “casi 85%” del tráfico por mar y ahora se disponen a “empezar a detenerlos por tierra”, aunque no explicó cuándo, dónde ni cómo se ejecutarían dichas acciones.
Trump insistió en que Washington “trabaja para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes”, a quienes acusó de enviar “veneno” a territorio estadounidense. Sin ofrecer pruebas, reiteró que ya se han golpeado embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y añadió que actuar en tierra “es más fácil”, por lo que los operativos comenzarían “muy pronto”.
El presidente dijo haber advertido al gobierno de Nicolás Maduro: “dejen de enviar veneno a nuestro país”. No obstante, no dio indicios concretos de que existan incursiones terrestres en preparación. Las autoridades venezolanas no han respondido por ahora a las nuevas declaraciones, que se suman al clima de creciente presión militar de Washington en la región.
Trump anunció el envío de 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional a Washington, responsabilizó al agresor —al que describió como un inmigrante llegado desde Afganistán durante la administración Biden— y endureció su discurso al plantear la revisión y expulsión de extranjeros que “no aporten beneficios” a EUA.
El presidente de EUA, Donald Trump, afirmó que enviará otros 500 elementos de la Guardia Nacional a Washington tras el tiroteo que dejó a dos integrantes de esa fuerza gravemente heridos. El mandatario sostuvo que su administración no permitirá que “enemigos extranjeros continúen dañando al país”.
En un mensaje difundido por la Casa Blanca, Trump calificó el ataque como “un acto de maldad, odio y terror” y lo definió como un crimen contra la nación y contra la humanidad. Atribuyó la responsabilidad a un inmigrante “que entró desde Afganistán”, país al que describió como “un infierno en la tierra”, y acusó a Joe Biden de permitir su ingreso en 2021 durante los llamados “vuelos infames”.
El mandatario instruyó a su equipo a “reexaminar a cada extranjero” que haya entrado desde Afganistán durante el gobierno de Biden, y advirtió que tomará “todas las medidas necesarias” para expulsar a cualquier persona de otro país que, a su juicio, no aporte beneficios a EUA.
Trump prometió que el agresor “pagará el precio más alto posible” y añadió que su administración no tolerará ataques al orden público “de personas que no deberían estar en el país”. Concluyó que buscará llevar al responsable ante una justicia “rápida y certera”, si no es que —insinuó— fue abatido durante el intercambio de fuego.
Trump dejó en “pausa total” las conversaciones comerciales con Canadá, los temas clave podrían resolverse hasta la revisión del T-MEC en 2025, mientras crece la tensión por los aranceles al acero y aluminio.
Estados Unidos y Canadá están en conversaciones comerciales, puesto que quedaron completamente detenidas debido a que los funcionarios de ambos países reconocen que los temas más delicados podrían trasladarse a la revisión del T-MEC prevista para el próximo año, lo que deja en suspenso cualquier posibilidad de un acuerdo inmediato para reducir aranceles. Desde el 23 de octubre, día en que Donald Trump anunció en redes sociales la suspensión de pláticas, no se ha producido un solo acercamiento diplomático.
Antes de la ruptura, ambos gobiernos trabajaban en un acuerdo limitado que podría haber flexibilizado los aranceles estadounidenses al acero y al aluminio actualmente fijados en 50% para Canadá y otros socios, pero el proceso se descarriló tras un anuncio del gobierno de Ontario que utilizó imágenes de un discurso de Ronald Reagan para criticar las tarifas. La campaña irritó al presidente estadounidense, quien dos días después amenazó con imponer un arancel adicional de 10% a Canadá. Aunque el mandatario lo presentó como una sanción directa, funcionarios estadounidenses admitieron que no existen planes inmediatos para aplicarlo.
En este escenario de tensión, el primer ministro canadiense Mark Carney podría coincidir con Trump la próxima semana en Washington, donde se celebrará el sorteo del Mundial 2026. El evento, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, marcaría el primer encuentro en un mismo espacio desde la cumbre APEC de octubre, ocasión en la que Carney ofreció disculpas por el anuncio de Ontario. Aun así, en círculos diplomáticos se comenta que el líder canadiense podría limitarse a asistir sin sostener reuniones adicionales.
Ni la Casa Blanca ni la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos han ofrecido postura alguna sobre el estado de las negociaciones. Tampoco el equipo de Carney confirmó la presencia del primer ministro en el sorteo que tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La falta de comunicación oficial refuerza la percepción de que cualquier discusión de fondo quedará aplazada hasta que se abra la revisión formal del T-MEC.
Con las pláticas congeladas, el futuro comercial entre ambas naciones dependerá del ritmo político en Washington y Ottawa, así como de la estrategia que cada gobierno adopte frente a un proceso que promete reconfigurar las reglas de la relación económica en Norteamérica.
Washington anticipa más choques en el Caribe tras poner en vigor la designación de terrorismo al ‘Cártel de los Soles’, pese a que analistas internacionales insisten en que no existen pruebas verificables de esa estructura criminal. Caracas denuncia que se busca justificar acciones militares encubiertas.
Con la entrada en vigor de la designación de organización terrorista al llamado ‘Cártel de los Soles’, el gobierno de EUA advirtió que “se espera que los choques con embarcaciones continúen”, en referencia a la reciente escalada de operaciones marítimas desplegadas en el Caribe.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró frente a la prensa que la administración Trump considera “ilegítimo” al gobierno de Nicolás Maduro, y que el presidente se encuentra “muy satisfecho” con lo que describió como ataques exitosos contra “narcoterroristas que trafican drogas hacia EUA”.
No obstante, observadores citados por agencias internacionales —entre ellas The Guardian— sostienen que no existe evidencia verificable de la estructura criminal que Washington describe. Especialistas recuerdan que el concepto del supuesto cartel ha aparecido intermitentemente desde hace más de una década, sin que se presenten pruebas concluyentes.
La medida fue anunnciada en un contexto marcado por creciente presión militar y diplomática contra Venezuela, con despliegues navales en el Caribe y operativos antidroga presentados como acciones preventivas contra redes transnacionales.
Desde Caracas, el gobierno venezolano advirtió que cualquier acción que viole su soberanía será considerada una agresión, al tiempo que denuncia que la narrativa del supuesto cartel busca habilitar intervenciones encubiertas bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
Trump afirmó que mantuvo una “muy buena” conversación con Xi Jinping, centrada en Ucrania, el fentanilo y nuevos acuerdos agrícolas, mientras ambos gobiernos buscan estabilizar una relación marcada este año por aranceles de hasta 145%.
El presidente de EUA, Donald Trump, aseguró que mantuvo una llamada “muy buena” con Xi Jinping, en la que abordaron temas clave como la guerra en Ucrania, el tráfico de fentanilo y nuevos compromisos comerciales para los agricultores estadounidenses.
En un mensaje difundido en Truth Social, Trump celebró un “muy importante acuerdo para nuestros Grandes Agricultores”, al tiempo que subrayó que “la relación con China es extremadamente fuerte”.
De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, fue el propio Xi quien tomó la iniciativa de la llamada, un gesto atípico que refleja la urgencia de Pekín por afianzar estabilidad en su relación con Washington tras meses de tensiones comerciales.
Durante 2025, ambas potencias atravesaron una montaña rusa económica, marcada por aranceles mutuos que escalaron hasta 145%. Sin embargo, el punto de quiebre llegó el 5 de noviembre, cuando Trump y Xi firmaron en Seúl un acuerdo económico que suspendió por un año los controles chinos sobre exportaciones de tierras raras.
El pacto también elimina los aranceles retaliatorios aplicados desde marzo a productos agrícolas de EUA y obliga a Pekín a comprar al menos 12 millones de toneladas métricas de soya antes de que termine el año, además de 25 millones anuales entre 2026 y 2028.
Paralelamente, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó que el gobierno planea anunciar en dos semanas un paquete de apoyo para agricultores afectados por los precios bajos y las disputas comerciales.
En otro frente, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, adelantó que Trump sopesa permitir a Nvidia vender chips avanzados de inteligencia artificial a China, un giro que podría reconfigurar el mercado tecnológico global.
La designación del llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera profundiza el choque entre EUA y Venezuela, amplía las herramientas legales y militares de Washington. Expertos advierten que se construye una narrativa para justificar políticas más agresivas, mientras Caracas insiste en que el grupo es una invención política.
La madrugada de este lunes marcó un nuevo punto de inflexión en la relación —ya erosionada— entre Caracas y Washington. El gobierno de EUA oficializó la inclusión del llamado Cartel de los Soles en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), un paso que abre la puerta a sanciones ampliadas, persecución judicial y presión militar indirecta sobre la estructura encabezada, de acuerdo con comunicados estadounidenses, por Nicolás Maduro y altos mandos venezolanos.
La medida coloca a la red venezolana en la misma categoría legal que grupos armados, bandas y carteles reconocidos por su capacidad de violencia transnacional. Para funcionarios del Departamento de Estado, esta clasificación permite a EUA congelar activos, impulsar cooperación internacional más agresiva y perseguir a cualquier individuo o empresa que mantenga vínculos con el grupo.
Una ofensiva que se ensambla con el despliegue militar
La designación coincide con el momento de mayor presencia militar estadounidense en el Caribe en años. El portaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de una decena de embarcaciones y 12 mil efectivos, encabeza una operación contra organizaciones de narcotráfico que, desde septiembre, ha hundido 21 embarcaciones sospechosas y dejado más de 80 muertes.
En este marco, la Casa Blanca sostiene que el Cartel de los Soles —al cual ha vinculado en informes recientes con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa— sería responsable de rutas de cocaína hacia América del Norte y Europa. En círculos de seguridad, esta narrativa abre la posibilidad de considerar infraestructura dentro de Venezuela como “objetivo potencial” en escenarios extremos.
Una historia de largo aliento
El conflicto no nació hoy, ya que en 2020 el Departamento de Justicia presentó acusaciones por narcoterrorismo contra Maduro y 14 de sus colaboradores. En julio de 2025, el Tesoro ya había catalogado al Cártel de los Soles como organización terrorista global, mientras que el Departamento de Estado sumó al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa a sus listados de grupos terroristas.
El nuevo movimiento encaja en esa escalera de presión: un cerco político, económico y militar que busca asfixiar la capacidad operativa del régimen venezolano y elevar los costos de cualquier apoyo externo.
Una narrativa que habilita políticas más duras
Para Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado en materia de poderes bélicos, la administración de Donald Trump estaría “construyendo una realidad alternativa” para presentar su política hacia Venezuela como una campaña antiterrorista. Este marco, afirma, permite a Washington utilizar herramientas propias de conflictos armados, incluso si la designación FTO no autoriza por sí sola ataques militares.
Organizaciones como Insight Crime señalan que el Cartel de los Soles no opera como un cartel tradicional, sino como células dispersas dentro de las fuerzas militares, donde ciertos rangos accedieron a rentas criminales a cambio de lealtad política. Otros investigadores consideran que la etiqueta es en parte un constructo mediático, aunque admiten que funcionarios y oficiales sí han participado en tráfico de drogas.
Caracas: “Una ridícula patraña”
Voceros oficiales del gobierno venezolano califican la designación como una maniobra para justificar presiones destinadas a remover al presidente venezolano. Diosdado Cabello afirmó que el Cartel de los Soles “jamás ha podido comprobarse” y que forma parte de una narrativa construida desde Washington.
Datos internacionales, no obstante, presentan un panorama más complejo: de acuerdo con la ONU, Venezuela no produce cocaína, y reportes de la DEA indican que 84% de la droga incautada en territorio venezolano proviene de Colombia. Investigadores insisten en que el flujo hacia EUA nace principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, un contraste con el discurso más duro de funcionarios estadounidenses.
Un conflicto que escalará
La designación FTO no implica un ataque inminente, pero eleva los riesgos financieros, diplomáticos y estratégicos para cualquier actor que mantenga lazos con Caracas. También potencia la capacidad de EUA para bloquear propiedades, perseguir recursos y presionar a aliados.
En términos políticos, la medida profundiza un choque entre dos narrativas: la de EUA, que plantea una operación antiterrorista de alcance hemisférico, y la de Venezuela, que denuncia un intento de intervención encubierta. Entre ambas, queda un escenario regional cada vez más tenso, donde la guerra contra el narcotráfico y la disputa por el poder en Caracas se entrelazan con una velocidad inquietante.
El mandatario ruso pidió un “análisis exhaustivo” del plan de paz impulsado por Washington y aprovechó para presionar a Kiev, al asegurar que aún puede alcanzar sus objetivos por la vía militar.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó que ya recibió el plan de paz para Ucrania elaborado por Estados Unidos y aseguró que el documento podría servir como base para un acuerdo “definitivo”, aunque evitó comprometerse con su respaldo. El mandatario afirmó que el texto llegó a través de los canales formales de comunicación con la administración estadounidense y que se encuentra en revisión.
Durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, Putin celebró la iniciativa al considerarla “una actualización” de las propuestas que él mismo entregó a Donald Trump en agosto. Sin embargo, dejó claro que su gobierno no renunciará a la vía militar, pues el rechazo de Kiev a rendirse “permite alcanzar los objetivos mediante la lucha armada”.
El líder ruso sostuvo que Moscú está dispuesto a dialogar, pero solo después de realizar “un análisis exhaustivo” del documento. También presionó a Ucrania al recordar que Washington le dio apenas una semana a Volodímir Zelenski para responder. “La administración estadounidense no ha logrado hasta ahora el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania se opone”, insistió, pese a que la Casa Blanca aseguró haber consultado a ambas naciones en la elaboración del plan.
Putin afirmó que Rusia evaluará las peticiones de “flexibilidad” hechas por Estados Unidos, aunque reiteró que cualquier acuerdo debe atender lo que el Kremlin considera las “raíces profundas del conflicto”, es decir, mantener a Ucrania bajo su esfera de influencia y sin capacidad militar significativa. Aun así, señaló que Moscú está listo para un debate sustantivo sobre todos los puntos del plan presentado por Washington.
Una jueza federal frenó el despliegue impulsado por Donald Trump y ordenó retirar a la Guardia Nacional de Washington, golpeando uno de los ejes de su ofensiva política contra ciudades gobernadas por demócratas. La administración tendrá 21 días para apelar.
El gobierno de Donald Trump sufrió un revés mayúsculo luego de que la jueza del Tribunal de Distrito, Jia Cobb, determinara que la Casa Blanca actuó fuera de la ley al enviar a la Guardia Nacional a patrullar Washington para tareas de “disuasión del crimen”, pese a que la ciudad jamás lo solicitó. La magistrada, designada por Joe Biden, recalcó que el despliegue incluso se amplió con efectivos traídos de otros estados, una acción que —de acuerdo con su resolución— excede la autoridad presidencial.
El fallo llega en medio de la escalada de confrontaciones entre Trump y gobiernos locales demócratas, a quienes ha acusado de convertir sus ciudades en “territorios sucios y plagados de crimen” para justificar la presencia de más de 2 mil miembros de la Guardia Nacional desde agosto. La decisión judicial da oxígeno a la demanda presentada por el fiscal general de la capital, Brian Schwalb, en septiembre, cuyo objetivo era frenar el uso de tropas para funciones civiles.
La jueza concedió un margen de 21 días antes de hacer efectiva su orden, lo que permitirá a la administración apelar. Sin embargo, el fallo abre una grieta que amenaza con tumbar la estrategia de seguridad que Trump intenta convertir en bandera política rumbo a sus próximos pulsos con estados y ciudades gobernadas por demócratas.
El presidente Donald Trump pidió castigos de muerte contra seis legisladores demócratas que llamaron a militares a no acatar órdenes ilegales. La reacción ha encendido advertencias sobre riesgos a la estabilidad institucional y alienta temores sobre violencia política.
La política estadunidense volvió a tensarse luego de que Donald Trump difundió una serie de mensajes en Truth Social donde acusó de traición a seis legisladores demócratas —todos veteranos militares o de seguridad nacional— que publicaron un video recordando a las fuerzas armadas su obligación legal de rechazar órdenes ilegales. El presidente afirmó que se trataba de “comportamiento sedicioso, penado con muerte”, y luego compartió publicaciones que exigían “colgarlos”, lo que desató una oleada de condenas en Washington.
Las reacciones no tardaron. Legisladores demócratas denunciaron que Trump puso en riesgo sus vidas al calificarlos de traidores, mientras que el líder de la bancada en el Senado, Chuck Schumer, alertó que el presidente está “encendiendo un fósforo en un país empapado de gasolina política”. Otros congresistas destacaron que un hecho así no tiene precedentes en EUA. Especialistas en derecho militar insistieron en que el deber de desobedecer órdenes ilegales está reconocido en el Código Militar Uniforme, y que las afirmaciones de los legisladores demócratas eran jurídicamente correctas.
En la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt negó que Trump busque ejecutar a nadie, aunque defendió que los legisladores “alentaron a desafiar órdenes del presidente”, algo que describió como “peligroso y posiblemente castigable”. Frente a las insistentes preguntas de la prensa sobre si el mandatario estaba instigando violencia, Leavitt contestó que “toda orden que el presidente da es legal”, pese a que la ley establece que la legalidad debe ser determinada por instancias militares.
El episodio se inscribe en un ambiente cada vez más inquietante: Trump ha insinuado ignorar la Constitución para buscar un tercer periodo, ha descrito a sus opositores como “enemigos” y “traidores”, y ha dejado entrever que tras esta elección quizá “ya no se necesiten más”. Para analistas, la sugerencia de ejecutar a miembros del Congreso en medio de esta narrativa enciende señales de alarma sobre el futuro institucional de EUA. Otros consideran que podría tratarse de otra provocación más en el vaivén político, pronto reemplazada por un nuevo mensaje explosivo del presidente.
