Donald Trump volvió a sacudir el tablero político internacional tras autodenominarse “presidente interino de Venezuela” en una publicación en redes sociales, mientras desde su gobierno en EUA insiste en que mantiene comunicación con el actual liderazgo venezolano.
El presidente de EUA, Donald Trump, publicó en redes sociales una imagen en la que se presenta como “presidente interino de Venezuela”, además de remarcar su doble mandato como 45 y 47 presidente estadounidense. La publicación generó reacciones inmediatas en el plano internacional, al tratarse de una afirmación simbólica que se suma a la ya tensa relación entre Washington y Caracas.
Horas antes, Trump declaró que su gobierno mantiene diálogo con Cuba y afirmó que su administración “está trabajando bien” con el liderazgo venezolano. Incluso dejó abierta la posibilidad de reunirse con Delcy Rodríguez, a quien reconoció como mandataria encargada, al asegurar que “Venezuela está funcionando realmente bien” bajo el actual esquema de poder.
Desde Caracas, Rodríguez reiteró que uno de los objetivos centrales de su administración es preservar el control político de la revolución bolivariana, en un contexto marcado por la reciente incursión militar estadounidense y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, la crisis interna continúa, con liberaciones parciales de detenidos, protestas en las calles y denuncias por muertes bajo custodia estatal.
Miles de personas salieron nuevamente a las calles en distintas ciudades de EUA para rechazar las redadas antimigrantes del ICE, tras el asesinato de Renee Good en Mineápolis durante un operativo federal. Las movilizaciones crecieron en número y alcance, mientras aumenta la presión social y política contra la agencia migratoria.
Por segundo día consecutivo, decenas de miles de manifestantes protestaron en ciudades y pueblos de EUA contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por indignación tras la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años asesinada por un agente federal en Mineápolis durante un despliegue antimigrante.
Las movilizaciones se registraron en lugares como Nueva York, Washington, Maryland y California, donde ciudadanos exigieron el retiro definitivo del ICE y el fin de las redadas. En varias marchas se corearon consignas contra el gobierno de Donald Trump, al que acusan de justificar la violencia estatal y criminalizar la protesta social.
En Mineápolis, epicentro de la indignación, decenas de miles volvieron a ocupar las calles, mientras que en otros puntos del país se replicaron actos simbólicos, lecturas de nombres de víctimas y bloqueos pacíficos. Organizadores reportaron más de mil acciones de protesta a lo largo del territorio estadunidense.La presión social comienza a reflejarse en el ámbito político: autoridades estatales y locales en entidades como Illinois, Nueva York y Nueva Jersey impulsan iniciativas para limitar la actuación del ICE. Incluso figuras del espectáculo manifestaron su rechazo en eventos públicos, reforzando una ola de repudio que sigue creciendo en EUA.
La Casa Blanca endurece su discurso frente a Irán mientras crece la represión contra protestas antigubernamentales que ya dejan cientos de muertos, en un escenario de tensión regional, amenazas cruzadas y un severo bloqueo informativo.
El presidente de EUA, Donald Trump, afirmó que su gobierno analiza opciones militares “muy contundentes” contra Irán, en medio de la violenta represión de protestas que sacuden al país desde finales de diciembre. Las movilizaciones, detonadas por la inflación y la crisis económica, han derivado en enfrentamientos que ya se cuentan por centenas de víctimas.
Organizaciones de derechos humanos con sede en el extranjero han documentado casi 500 manifestantes muertos, además de decenas de integrantes de las fuerzas de seguridad. A esto se suman más de 10 mil personas detenidas, mientras hospitales reportan estar rebasados por heridos y fallecidos, en un contexto donde el acceso a información independiente es cada vez más limitado.
Desde Teherán, el régimen iraní ha endurecido su postura. Altos funcionarios advirtieron que quienes protesten serán tratados como “enemigos de Dios”, un delito castigado con la pena de muerte, y alertaron que Israel y bases militares de EUA serían considerados objetivos legítimos ante cualquier acción externa.
Pese a ello, el gobierno iraní aseguró que no busca una guerra, aunque se declaró listo para responder ante un ataque. En paralelo, el líder supremo, Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian acusaron a EUA e Israel de estar detrás de los disturbios, sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones.
La crisis se agrava con un apagón casi total de internet, el más severo desde las protestas de 2022, lo que dificulta la verificación de los hechos. Aun así, videos confirmados muestran calles en llamas, disparos y choques directos con fuerzas de seguridad, mientras Trump adelantó que hablaría con Elon Musk para explorar el restablecimiento de la conectividad en Irán.
Durante la primera administración de Donald Trump, EUA impuso 416 sanciones relacionadas con el bloqueo económico contra Venezuela, concentradas principalmente en el sector petrolero y en el transporte marítimo de crudo.
El bloqueo económico aplicado por EUA contra Venezuela dejó un saldo de 416 sanciones dirigidas a empresas, personas, aeronaves y buques petroleros. Las medidas fueron ordenadas entre 2018 y 2019 por el entonces presidente Donald Trump y se enfocaron en debilitar la capacidad de exportación de crudo del país sudamericano, uno de los pilares de su economía.
Una parte central de estas sanciones recayó sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su red de transporte marítimo. Al menos 63 embarcaciones fueron incluidas en las listas del Departamento del Tesoro, muchas de ellas pequeños remolcadores, tanqueros y buques de perforación, además de naves con banderas de países como Panamá, China, Rusia y Liberia, involucradas en el traslado de hidrocarburos.
Aunque el cerco económico continúa, el gobierno estadounidense anunció el retiro gradual de algunas sanciones, especialmente aquellas que afectan la venta de petróleo. La medida busca permitir operaciones controladas del crudo venezolano, en un giro que contrasta con la política de presión máxima aplicada durante el periodo más duro del bloqueo.
Karoline Leavitt difundió un video del operativo en Minnesota y acusó a medios de ocultar que la víctima habría obstruido deliberadamente a agentes federales.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, provocó una nueva controversia al calificar como “insurgente de izquierda” a Renee Good, la mujer que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Minnesota. La funcionaria difundió un video con los momentos previos al tiroteo, con el que buscó respaldar la actuación de los agentes federales.
A través de su cuenta oficial en X, Leavitt compartió la grabación —obtenida por Alpha News— en la que, según su versión, Good bloquea con su vehículo el paso de los agentes por más de tres minutos, mientras hace sonar el claxon. La Casa Blanca presentó el material como evidencia de una obstrucción deliberada e ilegal a las labores del ICE.
En su mensaje, la vocera presidencial cuestionó la cobertura mediática del caso y la comparó con otros episodios, como el de Abrego García, a quien —afirmó— los medios describieron como un “hombre inocente”, pese a que, según el gobierno, tenía antecedentes criminales. Con ello, Leavitt reiteró sus acusaciones de “deshonestidad” de la prensa tradicional al narrar operativos federales.
“No era una madre inocente”, escribió la funcionaria. “No estaba dejando a su hijo en la escuela; era una insurgente de izquierda que obstruía deliberada e ilegalmente las operaciones policiales”, señaló, en declaraciones difundidas desde cuentas oficiales del gobierno estadounidense.
El caso generó manifestaciones contra el ICE en ciudades como Washington, donde activistas portaron imágenes de Renee Good y exigieron una investigación independiente. El incidente se suma a la creciente polémica sobre el uso de la fuerza en redadas migratorias y la narrativa oficial de la administración Trump, que contrasta con los primeros reportes difundidos por diversos medios y mantiene encendido el debate público en Estados Unidos.
La orden ejecutiva busca impedir embargos y litigios sobre fondos petroleros de Venezuela depositados en el Tesoro estadounidense, en medio de un plan energético y geopolítico regional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano que se encuentran en cuentas del Tesoro de EUA, con el objetivo de evitar embargos, sentencias o procesos judiciales promovidos por terceros países o actores privados.
De acuerdo con la Casa Blanca, la medida responde a que cualquier intento de incautación de esos recursos representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, por lo que Trump declaró una emergencia nacional para hacer frente a ese escenario.
El documento oficial advierte que cualquier embargo, gravamen, ejecución o litigio contra los llamados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros quedará prohibido y sin validez legal, al considerar que interferiría con la conducción de las relaciones exteriores de Washington y con los principios de cortesía internacional.
Según el gobierno estadounidense, proteger los ingresos petroleros venezolanos es clave para garantizar estabilidad económica y política en Venezuela, frenar la migración irregular, combatir el narcotráfico, y contener la influencia de actores considerados hostiles, como Irán y Hezbolá, en el hemisferio occidental.
La orden también establece que el Secretario del Tesoro deberá identificar claramente los fondos como propiedad soberana de Venezuela, bajo custodia estadounidense, y no como activos de EUA. Además, los recursos sólo podrán utilizarse conforme a las instrucciones del Departamento de Estado, con consultas permanentes al Procurador General y al Secretario de Energía.
La decisión se da en un contexto de acercamientos con grandes petroleras y de un ambicioso plan de inversión energética en Venezuela, que, según versiones oficiales, podría alcanzar hasta 100 mil millones de dólares, bajo garantías de seguridad jurídica y política para las empresas involucradas.
Donald Trump afirmó que permitiría que expire el último tratado de control de armas nucleares entre EUA y Rusia, al asegurar que buscaría un acuerdo “mejor”, e insistió en que China debe participar en cualquier nuevo pacto.
Donald Trump señaló que dejaría expirar el tratado New START, el último acuerdo vigente de control de armas nucleares entre EUA y Rusia, sin aceptar la propuesta de Moscú para mantener de forma voluntaria los límites al despliegue nuclear. El exmandatario sostuvo que, de terminar el pacto, su gobierno impulsaría un nuevo acuerdo en condiciones distintas.
El tratado, que expira el 5 de febrero, establece un tope de 1,550 cabezas nucleares estratégicas y 700 sistemas de lanzamiento para cada país. Trump recordó que el acuerdo no puede renovarse más allá de la prórroga pactada en 2021 y subrayó que su intención sería redefinir las reglas del control nuclear global.
En ese contexto, Trump reiteró que China, cuyo arsenal nuclear crece con rapidez, debe incorporarse a cualquier nuevo acuerdo. Pekín ha rechazado esa posibilidad, al argumentar que sus capacidades siguen siendo muy inferiores a las de EUA y Rusia, lo que mantiene el futuro del control nuclear internacional en un escenario de alta incertidumbre.
Washington supervisará las ganancias petroleras de Venezuela y obligará a que se destinen únicamente a bienes fabricados en Estados Unidos, bajo un nuevo esquema de control económico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela sólo podrá comprar productos “Made in EUA” con los recursos obtenidos por la venta de petróleo, en un acuerdo que contempla supervisión directa de Washington sobre las ganancias generadas por el crudo venezolano.
A través de su red Truth Social, Trump afirmó que Caracas destinará esos ingresos a la adquisición de productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos energéticos estadounidenses, con el argumento de fortalecer la infraestructura eléctrica y petrolera del país sudamericano.
El anuncio se da en un contexto de bloqueo petrolero y control político sobre Venezuela. Con Nicolás Maduro encarcelado en Nueva York, el gobierno venezolano confirmó negociaciones con Washington para vender “volúmenes de petróleo”, recurso que la administración estadounidense asegura controlará de manera indefinida.
Trump calificó el acuerdo como “una decisión inteligente” y lo presentó como parte de su estrategia de reindustrialización de Estados Unidos, eje central de su política económica basada en aranceles, presión comercial y relocalización de cadenas productivas.
El planteamiento ha generado críticas internacionales al considerar que profundiza la dependencia económica de Venezuela y consolida el uso del petróleo como herramienta de presión geopolítica, al limitar la soberanía comercial del país sudamericano.
Analistas advierten que el esquema refuerza el control económico de Washington sobre América Latina, mientras empresas estadounidenses se perfilan como las principales beneficiadas del nuevo orden petrolero impuesto por la Casa Blanca.
Países europeos rechazaron una posible incursión en Groenlandia, pese a no confrontar la intervención en Venezuela.
Macron, de Francia, Merz, de Alemania, Meloni, de Italia, Tusk, de Polonia, Sánchez, de España, Starmer, de Reino Unido y Frederiksen, de la propia Dinamarca lanzaron un comunicado en conjunto donde rechazaron cualquier intento de intervención en Groenlandia por parte de Estados Unidos, pese a que algunos mandatarios no condenaron lo ocurrido en Venezuela.
“Necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, es muy estratégico ahora mismo”, declaró el presidente Trump a bordo del Air Force One después de que su operación militar atacará Caracas y capturará al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Un hecho que despertó tensiones internacionales y llevó a la redacción del documento.
“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, se puede leer en la declaración de este 6 de enero. Aunque dicha posición dista mucho de cómo tomaron los dirigentes de Francia e Italia lo ocurrido en Venezuela.
“El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino celebrarlo”, escribió Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en su cuenta de X, para después formar parte de los que llamaron a respetar “los principios de la Carta de la Naciones Unidas, entre ellos la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, como dice en el documento.
Mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que también firmó el documento a favor de Groenlandia, en el caso del país latinoamericano dijo que “la acción militar exterior no es la vía para acabar con los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo considera legítima la intervención defensiva contra ataques híbridos a su seguridad”.
Frierich Merz, el canciller alemán, de forma cauta sobre la nación caribeña señaló que “la clasificación jurídica de la intervención estadounidense es compleja. Nos tomaremos nuestro tiempo para ello. La referencia sigue siendo el derecho internacional”. En el caso de Reino Unido, Keir Starmer, dijo: “consideramos a Maduro como un presidente ilegítimo y no derramaremos lágrimas por el fin de su régimen”.
En el caso de Donald Trusk, sólo se refirió a Venezuela al calificarlo como un duro golpe y decir que “un evento como el ataque estadounidense de hoy contra Venezuela afecta al mundo entero”. Fue Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien se mostró más tajante al condenar el ataque y decir que “viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.
Mientras que el gobierno de Dinamarca se dedicó a decir que “dramáticos son los acontecimientos en Venezuela, que seguimos de cerca. Necesitamos retomar el camino hacia la desescalada y el diálogo. Se debe respetar el derecho internacional”.
Es ante estas declaraciones, que no muestran una postura firme condenando la intervención en Venezuela y que algunas incluso condonan el suceso, donde se marca una disparidad con el discurso que tienen al reprobar una posible acción de EUA con Groenlandia, pese a que en ambos casos existiría un ataque a la soberanía y autodeterminación de las naciones.
La detención de Nicolás Maduro y las imágenes de su traslado a Estados Unidos detonaron una conversación que trascendió lo político: su vestimenta americana se vuelve un producto viral, tras agotarse después de horas.
Tras la captura de Nicolás Maduro este 3 de enero de 2026, más allá del debate político, otro aspecto que terminó acaparando la atención en redes sociales fue la vestimenta con la que el mandatario venezolano fue visto, creando una nueva conversación centrada en aspectos visuales y simbólicos.
La primera fotografía publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró a Maduro vistiendo un conjunto deportivo de la marca Nike, lo que provocó una reacción inmediata en redes sociales. Usuarios e internautas comenzaron a identificar el outfit, asociándolo con la línea Nike Tech, y a buscar en plataformas digitales el precio y características de las prendas, cuyo costo rondaría los 260 dólares, el cual se agotó a las pocas horas.
Una segunda imagen avivó la conversación. Se trata de Maduro descendiendo del avión que lo trasladó a Nueva York, ahora usando un suéter de la marca estadounidense Origin en color “azul patriota”. La escena no pasó desapercibida. El CEO de la marca aprovechó la visibilidad global para dar la “bienvenida” al mandatario venezolano por redes sociales y comunicar a sus consumidores que ya pueden pre ordenar la pieza para tenerla disponible en primavera.
El contraste resultó simbólico: un líder político capturado, sometido incluso en su vestimenta, portando marcas del país que ejecutó la operación. La narrativa visual reforzó un mensaje implícito de dominio y control, mientras el capitalismo convertía el acontecimiento en oportunidad comercial.
Así, lo que inició como una imagen vinculada a un hecho político de alto impacto terminó exponiendo una dinámica cada vez más común en la era digital: la reducción de los sucesos globales a objetos de consumo, incluso la caída de un jefe de Estado.
