La Suprema Corte de Justicia negará amparos de Total Play y Elektra, incrementando la presión fiscal sobre el imperio del evasor y usurero, Ricardo Salinas Pliego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un fallo crucial el próximo 19 de noviembre. Este dictamen afectará a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, incluido Total Play y su filial Elektra. El tribunal ya validó créditos fiscales por un monto actualizado de 47 mil 407 millones de pesos.
Los casos a tratar incluyen una multa de 67 millones de pesos impuesta a Nueva Elektra del Milenio y un crédito fiscal de 645.7 millones de pesos dirigido a Total Play. Ambos casos se derivan de deducciones indebidas que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizaron para reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Aunque estos procesos aún tienen caminos judiciales por recorrer, representan un desafío significativo para las empresas del magnate mexicano. En el caso de Elektra, la ministra Lenia Batres sugiere revocar un amparo que favoreció a la empresa. Este recurso fue otorgado bajo el argumento de que el SAT no puede verificar los datos financieros directamente en la sociedad controladora.
En el caso de Total Play, el crédito fiscal se relaciona con deducciones que el tribunal ya ha discutido previamente. En marzo de 2024, la SCJN permitió que Total Play reconociera la validez de una deducción de 621.9 millones de pesos por pagos a distribuidores. Sin embargo, el tribunal también rechazó otras deducciones que intentó aplicar la empresa.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha vuelto a evaluar el caso después de que la Corte lo revisara. Total Play argumenta la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero hasta ahora, sus esfuerzos han sido infructuosos.
El debate en la Corte prevé ser intenso. Yasmín Esquivel propone desestimar los argumentos de Total Play, mientras que Batres plantea una revisión en profundidad, buscando declarar constitucional el artículo impugnado. Independientemente del resultado, la empresa tiene derecho a que el SAT realice un nuevo cálculo del crédito fiscal, lo que mantiene el litigio abierto y en curso.
Con esta situación, las empresas de Salinas se enfrentan a una incómoda presión constante. La Corte y el SAT seguirán atentos a los movimientos de estas firmas, mientras los prontos pagos de impuestos adquieren cada vez más protagonismo en el debate público.
