La Fiscalía capitalina documentó más de un centenar de investigaciones por trata de personas, con calles específicas bajo control de una red criminal de alcance internacional.
La Fiscalía de Investigación de los Delitos de Trata de Personas abrió 103 carpetas de investigación en la Ciudad de México en un periodo de dos años, de las cuales 27 por ciento se concentran en la alcaldía Cuauhtémoc, zona donde autoridades federales y locales han detectado el control del grupo criminal Tren de Aragua.
De acuerdo con una revisión de datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), entre 2023 y 2025 se iniciaron 28 indagatorias por este delito únicamente en dicha demarcación. Los expedientes señalan que los hechos ocurrieron en calles dominadas por esta organización criminal de escala internacional, principalmente Mina, Juan Aldama, Antonio Caso y James Sullivan, identificadas como epicentro de la trata con fines de explotación sexual.
Las investigaciones refieren que el Tren de Aragua somete a mujeres extranjeras que ingresan al país y llegan a la capital con deudas de miles de dólares, las cuales son obligadas a pagar mediante la prostitución. Otras denuncias también se registraron en las colonias Doctores, Obrera y Centro, ampliando el mapa de operación del grupo.
En al menos una carpeta, la FGJ logró rescatar a una víctima, quien declaró haber sido comprada por la organización y trasladada constantemente a distintos puntos sin conocer su ubicación, bajo un esquema de vigilancia y control absoluto.
Las cifras oficiales muestran que en 2025 se abrieron 20 carpetas, 10 de ellas en Cuauhtémoc; en 2024 se registraron 33 expedientes, con 11 en el primer cuadro de la ciudad. Aunque 2023 fue el año con más denuncias —50 en total—, solo siete se ubicaron en esa alcaldía.
Un informe federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advierte que el Tren de Aragua ha fortalecido su estructura en la capital, con un modelo basado en el reclutamiento de mujeres desde la frontera sur, quienes arriban a la CDMX con deudas de entre 12 y 14 mil dólares, perpetuando una red criminal altamente rentable.
