La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos que haga más para frenar el tráfico de armas hacia México.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que los cárteles de la droga utilizan estas armas para aumentar su poder. También mencionó que es necesario actuar contra el lavado de dinero.
Sheinbaum afirmó que el Departamento de Estado de EE.UU. reconoció que el 70 por ciento de las armas ilegales en México provienen de su territorio.
La mandataria federal insistió en la colaboración entre México y EE.UU. Por lo que, subrayó que es vital que el gobierno estadounidense refuerce sus esfuerzos en este tema.
La lucha contra el tráfico de armas y el lavado de dinero requiere acción coordinada de ambas naciones.
Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, se declarará culpable el 9 de julio de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. Este evento marcará un hito en la historia del Cártel de Sinaloa.
Guzmán enfrenta cinco cargos, que incluyen tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Desde su arresto en enero de 2023 en Culiacán, México, ha estado negociando un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Este acuerdo le permitirá evitar un juicio y cooperar en otras investigaciones criminales. Ovidio será el primer hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en ser declarado culpable en una corte estadounidense.
Su captura en 2023 fue parte de un operativo del ejército mexicano. En 2019, El Ratón había sido liberado tras un violento enfrentamiento conocido como el “Culiacanazo”. Este incidente mostró la fuerza de Los Chapitos, el grupo formado por los hijos de El Chapo.
Las investigaciones de la DEA han vinculado a Ovidio con el tráfico de cocaína y heroína hacia ciudades como Chicago y Nueva York. Su caso involucra a otros capos del cártel, incluido su hermano Joaquín Guzmán, conocido como El Güero.
El 15 de julio, solo seis días después de la declaración de culpabilidad de Ovidio, su hermano también enfrentará cargos en la misma corte. Ambos hermanos están bajo la mira de la justicia por sus actividades criminales. La situación en el Cártel de Sinaloa sigue siendo tensa y llena de incertidumbre.
Julio César Chávez Jr., el hijo del famoso boxeador, enfrenta graves acusaciones por su vinculación con el Cártel de Sinaloa. Según una investigación de un diario de circulación nacional, el pugilista actuó como ejecutor de castigos físicos contra miembros del cártel.
La Fiscalía General de la República (FGR) interceptó llamadas en 2019 que revelan la participación de Chávez Jr. En estos actos violentos. Bajo instrucciones de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini“, Chávez golpeaba a sicarios por cometer errores dentro de la organización.
En una grabación, se escucha a integrantes del cártel hablar sobre el castigo a un compañero por llevar a su novia a una casa de seguridad con personas secuestradas. Esta acción violó los protocolos del grupo.
Además de las acusaciones de violencia, la FGR emitió una orden de aprehensión contra el boxeador en 2023. Recientemente, fue detenido por el ICE en California por estar en el país con una visa de turista vencida. También enfrenta señalamientos por vínculos con el crimen organizado y tráfico de armas.
Chávez Jr. Tiene conexiones familiares con el círculo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Está casado con Frida Muñoz, quien fue pareja de Édgar Guzmán López, hijo del narcotraficante. Frida, considerada nieta del Chapo, fue criada por Chávez Jr. Y mantiene una relación cercana con Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”.
El padre de Julio César Chávez también ha hablado de sus encuentros con miembros del crimen organizado en tono anecdótico. Esta situación ha aumentado la controversia en torno a la figura del boxeador y su vida fuera del ring.
Un Tribunal Colegiado de Apelación ha dictado auto de prisión formal contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal. Este fallo se produce por su supuesta implicación en el controvertido operativo “Rápido y Furioso”.
El tribunal revocó la libertad condicional que se le había concedido, lo que obliga a Cárdenas Palomino a permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Las autoridades lo acusan de omitir su deber de impedir la introducción de armas en el país.
La operación “Rápido y Furioso” se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón. A través de esta estrategia, Estados Unidos envió armas a grupos criminales en México. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que incluyen documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses. Sin embargo, estos no demostraron que Cárdenas Palomino estuviera al tanto del operativo.
A pesar de ello, los magistrados señalaron que su conocimiento sobre la “guerra contra el narco” lo convierte en responsable de evitar el tráfico de armas. Este auto de prisión formal se suma a un segundo proceso penal que enfrenta Cárdenas Palomino. Actualmente, también está preso por tortura en contra de Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.
Con este nuevo giro en su caso, la justicia toma un paso importante hacia la rendición de cuentas en temas de seguridad pública.
México alza la voz contra las armas, pero la Corte estadounidense frena la demanda.
El Gobierno de México sigue luchando por frenar el flujo de armas que cruzan ilegalmente la frontera y terminan en manos del crimen organizado. Aunque recientemente la Suprema Corte de Estados Unidosdesechó una demanda por 10 mil millones de dólares, presentada por nuestro país contra dos empresas armamentistas, la postura de México es clara: el tráfico de armas debe frenarse, y quienes lo permiten no pueden quedar impunes.
La demanda, interpuesta en 2021, señalaba directamente al fabricante Smith & Wesson y al distribuidor Interstate Arms por facilitar la venta de armas que terminan en territorio mexicano, muchas de ellas utilizadas en hechos violentos. El gobierno acusó a estas empresas de vender deliberadamente a intermediarios que sabían que las armas serían traficadas y de promocionar sus productos como si fueran de uso militar, generando así una peligrosa atracción para los grupos criminales.
Pese a estos argumentos, la jueza Elena Kagan de la Corte estadounidense, en una decisión unánime (9-0), resolvió que las empresas no pueden ser responsabilizadas, escudándose en una ley que protege al comercio legal de armas en ese país. Esto, a pesar de que un tribunal inferior ya había dado la razón a México, al considerar que las empresas podrían estar facilitando un delito.
México mantiene su postura firme: no se puede mirar hacia otro lado mientras miles de armas cruzan la frontera y alimentan la violencia. Nuestro país tiene leyes estrictas sobre el uso de armamento, y lo mínimo que se exige es responsabilidad internacional para frenar esta crisis.
Un tribunal de apelación con sede en Hermosillo, Sonora, ha ordenado la reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino. Este exfuncionario, conocido como el “brazo derecho” del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta graves acusaciones.
Cárdenas Palomino, exdirector de inteligencia de la extinta Policía Federal, fue liberado recientemente por la jueza Karina Almada Rábago. La jueza consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para juzgarlo por el operativo ‘Rápido y Furioso’.
Sin embargo, la FGR aportó documentos y testimonios que contradicen esta decisión. A pesar de la falta de evidencia directa sobre su participación en el operativo, los magistrados decidieron revertir la libertad provisional.
El exfuncionario se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, donde enfrenta un proceso por tortura. Además, se le acusa de haber montado pruebas en contra de los hermanos Vallarta Cisneros, miembros de una banda de secuestradores.
Por otro lado, el operativo ‘Rápido y Furioso’ ha sido objeto de controversia desde su ejecución. Este plan en el que está ligado Cárdenas permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas a México, con la intención de rastrear su uso entre grupos criminales. Sin embargo, muchas de estas armas terminaron en manos de sicarios, contribuyendo a la violencia en el país.
La defensa de Cárdenas Palomino ha presentado un amparo contra la orden de recaptura. A pesar de ello, la situación legal del exfuncionario continúa complicándose. Las autoridades buscan responsabilizarlo por omisiones que permitieron el ingreso de armamento y municiones al país.
Con este desarrollo, la justicia mexicana enfrenta un nuevo desafío en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. La reaprehensión de Cárdenas Palomino podría ser un paso importante para esclarecer la red de complicidades que existió durante la administración del ilegítimo Felipe Calderón. La sociedad espera respuestas claras sobre la responsabilidad de quienes estaban al mando en aquellos tiempos neoliberales.
El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la creciente cooperación de México en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Durante una declaración el viernes, Johnson enfatizó el compromiso de la administración estadounidense para fortalecer la relación bilateral.
A través de su cuenta de X, el diplomático expresó su acuerdo con el Secretario de Estado, Marco Rubio. Este miércoles, Rubio había afirmado que las autoridades mexicanas habían “aumentado su cooperación” en cuestiones de seguridad fronteriza.
Johnson escribió: “No podría estar más de acuerdo con mi amigo Marco Rubio: México ha mostrado creciente cooperación en seguridad nacional y compartida”. Además, mencionó que se encuentra en México en representación del Presidente Donald Trump para trabajar con la Presidenta Claudia Sheinbaum en temas de seguridad.
Las declaraciones del Embajador se produjeron tras los elogios de Rubio hacia el gobierno mexicano por su disposición a incrementar la colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Este apoyo incluye equipamiento e inteligencia.
Rubio también anunció su posible visita a México en las próximas semanas. Estará acompañado por miembros del Gabinete del Presidente Trump, con el objetivo de discutir áreas de cooperación en seguridad y comercio.
“Han respondido de manera muy favorable a nuestras preocupaciones en materia de seguridad”, comentó Johnson. “Han aumentado su cooperación con nosotros de formas que han resultado muy productivas”.
El Secretario de Estado también mencionó el interés de EE. UU. En detener el flujo de armas hacia los cárteles en México. Rubio reconoció que este problema representa una amenaza considerable.
“Los cárteles que operan en México están armados con armas compradas en Estados Unidos. Queremos ayudar a detener ese flujo”, concluyó Rubio.
El presidente Donald Trump instruyó a la fiscal general Pam Bondi a tomar medidas estrictas contra el tráfico de armas hacia México. Esta decisión busca frenar el suministro de armas a cárteles y organizaciones terroristas. Brendan Iber, agente especial de la ATF, explicó que su misión es reducir el crimen violento en EE. UU. y evitar que los cárteles mexicanos obtengan armamento ilegal.
Recientemente, el gobierno de EE. UU. designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta designación permite aplicar sanciones financieras y otras medidas contra ellos. Sin embargo, México ha expresado su preocupación, argumentando que esto podría afectar su soberanía y complicar la cooperación en seguridad.
Iber también advirtió sobre el peligro que representan las armas robadas y las compradas por testaferros. La ATF seguirá rastreando a los traficantes y exigiendo responsabilidades. Durante un evento en Phoenix, se mostró una gran cantidad de armas incautadas, destacando el esfuerzo conjunto de varias agencias para combatir el tráfico de armamento.
Históricamente, el tráfico de armas desde EE. UU. ha sido un problema grave. Durante la presidencia de Felipe Calderón, se intensificó la violencia relacionada con el narcotráfico. Entre 2006 y 2011, el programa “Rápido y Furioso” permitió la entrada de miles de armas a México, lo que resultó en un aumento de la violencia.
En este 2025 alrededor del 70% de las armas aseguradas en México provienen de EE. UU. más de 500,000 armas cruzan ilegalmente la frontera cada año. Para abordar esta crisis, el gobierno mexicano ha presentado demandas contra fabricantes y distribuidores de armas en EE. UU., acusándolos de negligencia.
La lucha contra el tráfico de armas se intensifica en un contexto de creciente violencia. Las acciones de Trump y la ATF buscan proteger la seguridad pública y limitar el poder de los cárteles en México.
En Quintana Roo, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a David Ricardo “N”, un presunto traficante de armas. La captura ocurrió en el municipio de Benito Juárez.
La SSPC informó que David Ricardo “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida por una Corte de Florida. Se le busca por tráfico de armas adquiridas en Estados Unidos desde junio de 2024.
Además, en Benito Juárez, las autoridades detuvieron a tres hombres vinculados a una célula delictiva de tráfico de armas. A estos sujetos les aseguraron un arma corta, un arma larga, tres cargadores, 69 cartuchos útiles y dos vehículos.
En Tulum, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo tres órdenes de cateo en diferentes colonias. En estas acciones, la Marina, la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía aseguraron drogas, armas y vehículos.
En la colonia Centro, las autoridades encontraron 27 dosis de metanfetamina, un arma corta, 43 cartuchos y un vehículo. En un bar de la colonia Huracanes, detuvieron a cinco personas con marihuana, 18 dosis de metanfetamina, dos armas largas y un arma corta.
La intervención en la zona hotelera también resultó en el aseguramiento de un envoltorio de marihuana, 27 dosis de metanfetamina, dos básculas grameras y un teléfono celular.
Las autoridades continúan con sus esfuerzos para combatir el tráfico de armas y drogas en la región.
Como parte de las acciones del operativo interinstitucional desplegado desde el pasado 5 de febrero, las fuerzas federales han logrado importantes aseguramientos y detenciones en distintos estados del país. Uno de los casos más destacados ocurrió en Baja California, donde fueron detenidas ocho personas, tres de ellas de nacionalidad estadounidense, en operativos enfocados en el combate frontal al crimen organizado.
De acuerdo con el reporte oficial, a estas personas se les aseguraron 167 cartuchos, un arma corta, un cargador, 182 dosis de metanfetamina, 34 dosis de marihuana, dos dosis de heroína, así como dinero en efectivo y dos vehículos. Además, en el municipio de Ensenada, se detectaron y retiraron siete cámaras de video irregulares que habían sido instaladas en espacios públicos, presuntamente por grupos delictivos para monitorear movimientos de autoridades y civiles.
Este operativo forma parte de una estrategia nacional de seguridad que ha dado resultados significativos. Desde su inicio el 5 de febrero, se han registrado 1,854 detenciones, el aseguramiento de 1,708 armas de fuego, más de 256 mil cartuchos, 8,661 cargadores, 23.9 toneladas de drogas, incluyendo 129.24 kilos de fentanilo, además de 1,508 vehículos y 221 inmuebles relacionados con actividades ilícitas.
Las autoridades federales informaron que todas las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, priorizando la desarticulación de células delictivas y el desmantelamiento de su infraestructura operativa.
En otras entidades del país también se han reportado importantes resultados. En Chihuahua, por ejemplo, se aseguraron decenas de armas largas, artefactos explosivos y chalecos tácticos. En Sinaloa, se desmantelaron laboratorios para producir metanfetamina, con una afectación económica estimada en 159 millones de pesos para los grupos criminales. En estados como Sonora y Tamaulipas, también se incautaron explosivos, cargadores, cartuchos, así como vehículos con blindaje de fábrica.
