Las autoridades de Venezuela desarticularon un intento de atentado en Plaza Venezuela, Caracas. El plan estaba programado para el pasado domingo.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que se incautaron tres kilos de TNT. El principal sospechoso, José Daniel García Ortega, fue detenido antes de ejecutar el ataque.
García Ortega recibió el explosivo en una estación de metro y debía colocarlo detrás de una columna del monumento. La operación de seguridad permitió prevenir una catástrofe en una zona con alta afluencia de personas.
Treinta y tres personas fueron detenidas, entre ellas un colombiano vinculado al Cartel de La Guajira. Cabello destacó que este ataque tenía conexiones con redes criminales de la ultraderecha y mencionó a figuras opositoras involucradas.
Jacinto “N”, alias “El Monster”, fue detenido el 26 de julio en Ciudad Juárez, acusado de participar en la masacre de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrida en noviembre de 2019 en Chihuahua. Lo grave: al momento de su detención era policía activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El hoy acusado ha sido señalado por testigos como uno de los sicarios que ejecutaron y quemaron a tres mujeres y seis niños, entre ellos dos bebés. Pese a su historial, logró ingresar tres veces a corporaciones policiacas y pasar exámenes de confianza, incluyendo su reciente recontratación el 17 de junio de 2024.
De acuerdo con una investigación de El País, entre 2018 y 2019 fue policía en Ascensión, cerca del sitio del crimen. Después desapareció del servicio público por tres años, volvió como agente en Juárez en 2022, luego trabajó brevemente en una maquiladora, y en 2024 fue reincorporado. En su declaración patrimonial pasó de ganar 200 mil a más de 700 mil pesos al año, sin justificación clara.
Está vinculado a proceso por homicidio, feminicidio, crimen organizado y es investigado por terrorismo. Las autoridades aseguran que no tenía un rol operativo y solo cuidaba un edificio. Sin embargo, la familia LeBarón exige renuncias y acusa complicidad institucional: “Son sicarios con placa”, advirtió Adrián LeBarón.
El caso recuerda al de Fidel Alejandro Villegas, exjefe policiaco de Janos, sentenciado en 2019 por vínculos con el crimen organizado. La infiltración criminal en corporaciones policiacas vuelve a quedar al descubierto, mientras crece la exigencia de depurar las instituciones de seguridad.
A pocos días de que Estados Unidos imponga aranceles del 30% a productos mexicanos, el embajador Ronald Johnson reafirmó que los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum trabajan de manera conjunta para enfrentar a cárteles y narcoterroristas que no respetan fronteras, poniendo en riesgo la seguridad de ambas naciones.
Este martes 29 de julio, a través de su cuenta de X, Johnson señaló que estos grupos criminales explotan todas las rutas posibles para envenenar comunidades, sembrar miedo y desestabilizar vecindarios. “Trabajamos juntos para enfrentar a los cárteles y a los grupos narcoterroristas que no respetan fronteras. Ellos explotan todas las rutas para envenenar comunidades, sembrar miedo y desestabilizar vecindarios. ¡La justicia prevalecerá!”, afirmó el diplomático estadounidense.
La seguridad es una prioridad compartida para @POTUS@realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein. Trabajamos juntos para enfrentar a los cárteles y a los grupos narcoterroristas que no respetan fronteras. Ellos explotan todas las rutas para envenenar comunidades, sembrar miedo…
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 30, 2025
En el contexto de los preparativos para la Copa FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, Johnson destacó que para anticipar el crimen las naciones necesitarán tecnología avanzada, coordinación y alianzas sólidas. En un mensaje publicado el 28 de julio, resaltó que el uso de “drones y sistemas antidrones” será fundamental para mantenerse un paso adelante de las organizaciones criminales. Además, señaló que la colaboración público-privada será clave para enfrentar retos y aprovechar oportunidades rumbo al Mundial 2026.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está en la mira de Estados Unidos por narcoterrorismo y tráfico de drogas. La DEA elevó la recompensa a 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Esta acción se da días después de que la Casa Blanca calificara al Cártel de los Soles como “organización terrorista extranjera” por supuestamente apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.
Los Departamentos de Estado y Tesoro acusan a Maduro de liderar esta organización criminal que trafica drogas hacia Estados Unidos, junto con altos funcionarios como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
.@USTreasury OFAC sanctions Cartel de los Soles as a Specially Designated Global Terrorist. Send info leading to the arrest &/or convictions of Venezuelans Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, & Vladimir Padrino López to CartelSolesTips@dea.govhttps://t.co/brb8cU3ZqOpic.twitter.com/xJZaMW0nzh
Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que el régimen de Maduro facilita el narcoterrorismo mediante la corrupción de instituciones clave, incluyendo el Ejército, inteligencia, legislatura y Poder Judicial.
“El Cártel de los Soles utiliza el narcotráfico como arma contra Estados Unidos y apoya a grupos criminales como Tren de Aragua y Cártel de Sinaloa”, afirmó el gobierno estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos lanzó nuevas sanciones contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y cuatro de sus operadores dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de su estrategia para frenar el tráfico de fentanilo.
El embajador Ronald Johnson, representante estadounidense en México, respaldó la medida y aseguró que estos grupos criminales“tarde o temprano enfrentarán la justicia”. En redes sociales, afirmó que el combate al narcotráfico es una prioridad bajo la administración de Donald Trump y que se están tomando acciones firmes para proteger a la ciudadanía.
Las sanciones fueron impuestas por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que bloqueó el acceso de los señalados al sistema financierodeEstados Unidos. La medida también se enmarca dentro de un enfoque que equipara a estos cárteles con organizaciones terroristas por la violencia que ejercen y el daño causado a la sociedad.
En el comunicado emitido por autoridades estadounidenses, se acusa al CJNG de operar un “régimen de terror”en México y de estar detrás del ingreso masivo de drogas sintéticas a Estados Unidos, especialmente fentanilo, que ha cobrado miles de vidas.
Además del castigo económico, el embajador Johnson destacó que la lucha contra el crimen organizado no es unilateral. Subrayó el trabajo coordinado con México para golpear las estructuras de poder de estas organizaciones y frenar tanto la violencia como el flujo de drogas en ambos lados de la frontera.
“Seguiremos trabajando con nuestros socios en México para proteger a nuestra gente”, afirmó.
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos su líder Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por su responsabilidad en actos de violencia y tráfico de fentanilo. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, los designa como actores vinculados al terrorismo.
En el comunicado oficial, se menciona que el CJNG ha sido responsable de “atroces actos de violencia” que, según las autoridades estadounidenses, afectan tanto a comunidades mexicanas como a ciudadanos en EE.UU. Scott Bessent, subsecretario del Tesoro, declaró que “el reinado de terror del CJNG ha destruido innumerables vidas inocentes”, y aseguró que su país utilizará todos los recursos posibles para frenar sus operaciones.
Entre los sancionados figura también Ricardo Ruiz Velasco, señalado como presunto responsable del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, ocurrido durante una transmisión en vivo. Este caso fue mencionado por las autoridades estadounidenses como un ejemplo de violencia extrema y feminicidio.
“El asesinato de Márquez pone de manifiesto la brutal prevalencia del feminicidio en México”, apuntó el comunicado, aunque sin responsabilizar al Estado mexicano, sino como parte del contexto que rodea a la acción de los grupos criminales.
Las sanciones implican el congelamiento de todos los bienes de los señalados que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, se prohíbe realizar transacciones con ellos o con empresas vinculadas en más de un 50%.
Esta acción se basa en la orden ejecutiva 13224, que permite designar a individuos y organizaciones como actores vinculados al terrorismo.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, negó rotundamente una alerta emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que lo relaciona con actividades terroristas. Este señalamiento fue difundido por el periodista Luis Chaparro en su portal Pie de Nota, incluyendo una captura de pantalla que contenía el apellido «DURAZO» junto a la leyenda «ST – Suspected Terrorist».
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, calificó la información como «completamente falsa y carente de sustento». Terán aseguró que ninguna autoridad oficial ha confirmado lo que se afirma en la nota. Además, atribuyó la difusión de este contenido a intentos de afectar políticamente al mandatario. Reafirmó que Durazo sigue desempeñando sus funciones con firmeza y transparencia, centrado en servir a la ciudadanía.
Esta no es la primera vez que el gobernador enfrenta acusaciones infundadas. En mayo de 2023, también desmintió información que vinculaba a sus hijos con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por supuestos vínculos con el crimen organizado. En esa ocasión, Durazo calificó la nota como «absolutamente falsa» y aclaró que ni él ni su familia tienen relación alguna con las personas mencionadas.
Un vuelo de Tropic Air, que cubría la ruta Corozal-San Pedro, vivió un momento de terror en Belice. Este jueves, un pasajero estadounidense, Akinyela Sawa Taylor, secuestró la avioneta con un cuchillo. Hirió a dos pasajeros y a un miembro de la tripulación.
La situación se volvió caótica cuando otro pasajero, armado y con licencia, disparó contra el secuestrador. Este ataque resultó en la muerte de Taylor, pero también dejó gravemente herido al pasajero que disparó. La aeronave logró aterrizar en el Aeropuerto Internacional Philip S. W. Goldson, gracias a la valentía del piloto.
La aerolínea Tropic Air emitió un comunicado elogiando la actuación heroica del piloto. “Actuó con extraordinaria valentía y calma”, destacó la empresa. Chester Williams, comisario de la Policía de Belice, aseguró que la situación está bajo control.
El Departamento de Estado de EE.UU. expresó su agradecimiento por la resolución del incidente sin más víctimas. Sin embargo, este suceso plantea interrogantes sobre el comportamiento de algunos ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
La violencia y el miedo no deberían ser parte de la experiencia de viaje. La historia de Belice podría ser un recordatorio de la importancia de la responsabilidad y el respeto en el extranjero.
En un hecho sin precedentes, Scott Harvey Daniel Lee Thompson, un ciudadano estadounidense, fue detenido en el Puente Internacional “El Chaparral”.
Las autoridades mexicanas detuvieron al estadounidense mientras intentaba ingresar al país con un arsenal: tres armas largas, dos armas cortas, 19 cargadores y más de 2 mil cartuchos de diferentes calibres. Además, las autoridades encontraron tres miras telescópicas y un telescopio entre sus pertenencias.
Foto: Cortesía
La operación fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esta detención marca un hito en el combate al tráfico de armas en la región, como parte de los acuerdos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República ha informado que este caso es considerado para una extradición a Estados Unidos, donde Thompson enfrentará cargos por terrorismo, relacionado con su vinculación con un grupo criminal designado como grupo terrorista extranjero. Esta medida subraya el compromiso de México en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de armas, así como la colaboración con las autoridades estadounidenses.
La localidad de Tijuana ha sido un punto crítico en el tráfico de armas y drogas, y la detención de Thompson resalta un importante avance en la seguridad de la frontera y la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Las investigaciones están en curso para determinar el alcance de las operaciones de Thompson y su posible conexión con otros grupos delictivos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó los alcances de la reforma constitucional sobre soberanía nacional y la iniciativa para incluir el delito de terrorismo en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. La mandataria subrayó que estas medidas no están dirigidas específicamente a los cárteles del narcotráfico, sino que buscan fortalecer el marco legal frente a posibles amenazas externas.
Sheinbaum precisó que el concepto de terrorismo tiene implicaciones distintas a las de la delincuencia organizada, ya que su propósito suele estar vinculado con la desestabilización o el derrocamiento de un gobierno. No obstante, señaló que este delito no estaba contemplado dentro de la prisión preventiva oficiosa, por lo que se decidió incorporarlo.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein dijo que el hecho de que Estados Unidos clasifique a los grupos del crimen organizado como "terroristas", "no les da derecho a intervenir en nuestro país", además, leyó la iniciativa de reforma a los artículos 19 y 40 de la… pic.twitter.com/rYrfwBp0Fl
Uno de los puntos clave en su exposición fue la postura del gobierno mexicano ante la designación de grupos criminales como terroristas por parte de Estados Unidos. La presidenta reiteró que más allá de los términos utilizados por el país vecino, lo fundamental es evitar que esta clasificación sea utilizada como pretexto para una intervención en territorio nacional.
“Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos”, enfatizó Sheinbaum, dejando claro que México no aceptará ningún tipo de injerencia extranjera. Agregó que, aunque se reconoce la existencia de estos grupos tanto en México como en Estados Unidos, es responsabilidad de cada nación enfrentarlos en su propio territorio.
En este sentido, la presidenta expuso la reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución, la cual establece sanciones más severas para cualquier extranjero que participe en actividades ilícitas vinculadas a estos preceptos constitucionales. Según la iniciativa, dichos individuos podrían enfrentar la pena más estricta posible y quedar sujetos a prisión preventiva oficiosa.
