El tribunal ordenó medidas cautelares contra la agrupación en formación, que ya modificó nombre e imagen para evitar conflicto con las iniciales de la presidenta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)ordenó a la organización en formación “Construyendo Sociedades de Paz” a abstenerse de utilizar las siglas “CSP”, al considerar que podría afectar derechos de terceros, particularmente los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser sus iniciales.
En paralelo, la agrupación notificó al INE su decisión de cambiar de nombre a “Partido Paz” y modificar su emblema, que ahora será una paloma con rama de olivo. Su representante, Armando González Escoto, afirmó que la organización no pretendía vulnerar derechos políticos y que el concepto de “solidaridad y paz” era una aspiración legítima de sus simpatizantes.
Durante su Asamblea Nacional Constitutiva, los dirigentes, estructura heredada de experiencias previas como Encuentro Social y Encuentro Solidario (PES), ordenaron retirar todo rastro del emblema CSP y anunciaron que solicitarán formalmente su registro como partido político.
La presidenta advirtió que permitir iniciales asociadas a su nombre puede confundir al electorado y sentar un precedente indebido en los procesos de registro partidista.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que llevará ante el Tribunal Electoral el caso de la organización Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó imponer medidas cautelares para impedir que dicha agrupación use siglas que coinciden con las iniciales de su nombre y que busca convertirse en partido político nacional.
Durante declaraciones públicas, Sheinbaum expresó su desacuerdo con que una organización política adopte siglas asociadas directamente a la figura de la Presidenta, al considerar que esto podría generar confusión entre la ciudadanía. “Es como si un partido se llamara AMLO”, ejemplificó, al subrayar que no se debe utilizar el nombre o abreviatura de una persona con fines políticos.
Tras la negativa del INE, la mandataria confirmó que la Consejería Jurídica de la Presidencia recurrirá a las vías legales correspondientes y presentará la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de frenar el uso de las siglas CSP en el proceso de registro partidista.
La queja presentada ante el Instituto Nacional Electoral argumenta que permitir estas iniciales vulnera derechos, afecta la claridad en la identificación de actores políticos y puede inducir a error al electorado al asociar dichas siglas con la titular del Ejecutivo federal. No obstante, el órgano electoral determinó no conceder medidas cautelares de manera inmediata.
Cabe destacar que Construyendo Solidaridad y Paz es impulsada por el diputado morenista Hugo Eric Flores y representa el tercer intento del extinto Partido Encuentro Social (PES) por recuperar su registro como fuerza política nacional.
El caso abre un debate jurídico-electoral sobre los límites en el uso de nombres, siglas e identidades personales dentro de los procesos democráticos, así como sobre la protección de la neutralidad institucional frente a proyectos partidistas emergentes.
En 2024 lo acusó de no representar a Morena ni al obradorismo; hoy, tras la licencia del actor, será quien asuma el escaño en plena discusión de reformas clave.
La política suele dar giros inesperados. Luis Morales Flores, quien hace apenas meses cuestionaba con dureza a Sergio Mayer, será ahora quien ocupe su lugar en la Cámara de Diputados luego de que el legislador solicitara licencia para integrarse al reality La Casa de los Famosos.
Morales, militante de Morena y representante de Temoaya, Estado de México, impugnó en 2024 su designación como suplente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Argumentó que la asignación no respetaba su condición de adulto mayor y persona con discapacidad. El recurso no prosperó, pero dejó claro su inconformidad.
Más allá del litigio, Morales fue particularmente crítico con Mayer en redes sociales y espacios públicos. Lo señaló por, según sus palabras, no encarnar los principios de Morena ni del obradorismo, además de cuestionar su desempeño legislativo en debates relevantes como la reforma al Poder Judicial. Incluso celebró públicamente un episodio en el que militantes ignoraron al actor en un evento partidista, rematando con la frase: “La historia pone a cada quien en su lugar”.
Hoy, esa frase cobra nuevo sentido. Con Mayer fuera del pleno, Morales asumirá la curul en un periodo clave, cuando se prevé la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El relevo no solo representa un movimiento administrativo, sino también un ajuste político dentro de Morena. Quien fue el detractor más visible de Mayer ahora tendrá la responsabilidad de ocupar su espacio y demostrar, desde la tribuna, la congruencia que exigía.
La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó sanciones por un total de 28.1 millones de pesos para los principales partidos políticos en México.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó decisiones controvertidas este miércoles. Por un lado, revocó una multa de 20 millones de pesos impuesta al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esta multa se había aplicado debido a un estudio que se consideró como plagiado.
Los magistrados votaron de manera dividida con tres a favor y dos en contra. Los que apoyaron la revocación argumentaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) no demostró adecuadamente que el PRI incurriera en una infracción por el gasto del estudio. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien presentó el proyecto, destacó que el INE falló en analizar la originalidad del texto. Además, no se probaron las afirmaciones sobre el plagio.
En su resolución, el INE había acusado al PRI de cometer infracciones relacionadas con el financiamiento y uso de recursos durante el año 2019. No obstante, la Sala Superior consideró que no hubo un análisis suficiente del destino de los fondos.
Por otro lado, la Sala también anuló una multa de 8.1 millones de pesos aplicada al Partido Acción Nacional (PAN). El INE había argumentado que el partido había simulado servicios contratados. No obstante, los magistrados concluyeron que no había pruebas suficientes para demostrar la conducta irregular del PAN.
Las decisiones de la Sala Superior generan un debate sobre las sanciones financieras impuestas a los partidos políticos y su compromiso con la transparencia. La revocación de estas multas deja abierta la discusión sobre la supervisión electoral y la rendición de cuentas en el sistema político mexicano.
El Tribunal Electoral confirma multas a Movimiento Ciudadano por no combatir la violencia política de género y al PAN por un curso no realizado.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó sanciones a dos partidos políticos importantes en México. La primera multa afectó a Movimiento Ciudadano (MC), que recibió una penalización por no cumplir con las normas que protegen a las mujeres en la política.
En su fallo, los magistrados del TEPJF subrayaron que MC no modificó sus estatutos a tiempo. Esta omisión impide que se prevenga la violencia política contra las mujeres y se garantice la paridad en las candidaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya había señalado que MC solo cumplió parcialmente con sus obligaciones, lo que llevó a esta decisión.
Por otro lado, el TEPJF también aprobó una multa de 3 millones de pesos al Partido Acción Nacional (PAN). Esta sanción se debe a que el PAN no pudo comprobar la realización de un curso de capacitación en fiscalización. El tribunal indicó que no había pruebas que respaldaran la existencia del curso, por lo que la justificación del partido no fue aceptada.
El magistrado Gilberto Bátiz, al presentar este caso, sostuvo que el INE tiene la responsabilidad de supervisar a los partidos políticos en cuestiones de transparencia y protección de datos. Este fallo enfatiza la importancia de que las organizaciones políticas cumplan con sus obligaciones para garantizar un entorno electoral justo y equitativo.
El Tribunal Electoral advirtió imprecisiones e incongruencias del INE al revisar afiliaciones duplicadas y asambleas sin quórum, lo que genera incertidumbre entre las organizaciones en proceso de registro.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) dar certeza jurídica a las organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos, al precisar los criterios e interpretaciones que aplicará para contabilizar afiliaciones y validar el cumplimiento de los requisitos legales.
La resolución deriva de una nueva impugnación presentada por la organización Construyendo Sociedades de Paz, que acusó al INE de emitir respuestas parciales e imprecisas sobre supuestos clave, como las afiliaciones duplicadas, los cambios de modalidad entre asambleas estatales y distritales, y el impacto de las asambleas que no alcanzan quórum.
Durante la sesión, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho sostuvo que el INE incurrió en ambigüedades que generan incertidumbre, al no pronunciarse de manera clara sobre cómo se tratarán las afiliaciones obtenidas en reuniones que no cumplieron con el quórum requerido o que podrían perderlo tras la revisión de duplicidades.
La magistrada señaló como contradictorio que el INE considere estas afiliaciones equivalentes a las realizadas vía aplicación digital —las cuales tienen menor peso jurídico— y, al mismo tiempo, afirme que conservan su naturaleza de afiliación en asamblea, pese a que ambas categorías tienen efectos distintos conforme al instructivo vigente.
Otro punto central es el tratamiento de afiliaciones duplicadas entre organizaciones. Mientras que en los registros vía aplicación se valida la voluntad más reciente, en los casos donde una persona se afilió primero en una asamblea y después mediante aplicación, prevalece la afiliación presencial, lo que puede impactar directamente en el quórum y validez de las asambleas.
Por ello, el TEPJF instruyó al INE a responder de manera congruente, exhaustiva, fundada y motivada, a fin de que todas las organizaciones tengan reglas claras y homogéneas durante el proceso.
Las agrupaciones tienen hasta el 25 de febrero para celebrar sus asambleas nacionales constitutivas, siempre que hayan cumplido con al menos 200 asambleas distritales o 20 estatales y un mínimo de 256 mil 30 afiliaciones, requisito indispensable para solicitar su registro como partidos políticos nacionales.
El Órgano de Administración Judicial invirtió en vehículos para mejorar el servicio y reducir costos.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció la compra de 571 vehículos, tras cambiar su estrategia de arrendamiento. Esta inversión, de 252 millones de pesos, promete generar un ahorro de mil 98 millones de pesos en tres años.
La decisión se toma después de las críticas sobre la entrega de vehículos nuevos y blindados a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según el OAJ, entre 2022 y 2025, el anterior Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN gastaron anualmente 366.2 millones de pesos en el arrendamiento de 445 automóviles. Cambiar a la compra de vehículos representa un ahorro significativo.
Los nuevos autos, que comenzarán a operar en 2026, se seleccionaron considerando criterios técnicos y de seguridad. Además, el parque vehicular anterior presentaba frecuentes fallas y altos costos de mantenimiento. La nueva flota incluye 124 vehículos híbridos o eléctricos, lo que reducirá el gasto en combustible en un 30%.
El OAJ enfatizó que esta estrategia se alinea con su compromiso de reducir el gasto público y utilizar los recursos de manera más eficiente. De esta forma, buscan asegurar un servicio de movilidad más confiable para las instituciones del Poder Judicial.
Con esta modernización, el OAJ espera asegurar una mejora significativa en la operación diaria, beneficiando tanto a los funcionarios como a los ciudadanos que dependen de estos servicios.
La Comisión de Quejas del INE negó medidas cautelares solicitadas por el PAN contra el mitin en el Zócalo. El partido puede llevar pruebas a la Sala Superior del TEPJF.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó la petición del PAN. El PAN pidió impedir el mitin en el Zócalo convocado por la presidenta para el 6 de diciembre.
El partido acusó a Claudia Sheinbaum de promoción personalizada y de uso indebido de recursos públicos. También dijo que se vulneran los principios de legalidad, neutralidad e imparcialidad.
La comisión concluyó que el mitin no causará daño inminente a un proceso electoral. Por eso no dictó medidas cautelares urgentes contra el evento.
El INE invitó al PAN a presentar una denuncia ante la Sala Superior del TEPJF si tiene pruebas del uso indebido de recursos. El PAN criticó que esa sala, según el partido, cuenta con magistrados con cercanía al poder.
La comisión también rechazó la petición del PAN para que se exhortara a Sheinbaum a no usar recursos públicos en el mitin. Las autoridades recordaron que esos señalamientos requieren prueba y trámite ante el tribunal.
La convocatoria llega en medio de protestas y críticas de sectores opositores. Simpatizantes de la presidenta planean acudir al Zócalo este sábado y mostrar apoyo.
El asunto podría llegar al tribunal, donde evaluarán pruebas y decidirán legalmente. Ciudadanos y activistas piden claridad y respeto a la ley. Ambas partes dicen que buscarán que la norma se cumpla.
La Sala Superior del TEPJF sancionó a ministros de la Corte y otros jueces por deslices en sus informes de gastos durante las elecciones judiciales.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso multas a los ministros Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa, así como a Celia Maya, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Las sanciones se deben a irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña de las recientes elecciones judiciales.
Las multas fueron ajustadas en comparación con las impuestas previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE). Los magistrados del TEPJF consideraron que el INE evaluó incorrectamente varios casos, lo que llevó a la reducción de las sanciones.
Detalles de las sanciones
Celia Maya enfrentará multas totales de 4 mil 638 pesos, se mantuvieron las sanciones por eventos no cancelados a tiempo y por no reportar ciertos eventos. No obstante, se revocó una multa previa de más de 29 mil pesos por una aportación indebida.
Por otra parte, Yasmín Esquivel recibió una sanción de 12 mil 748 pesos, el INE inicialmente le impuso una multa superior a los 400 mil pesos por irregularidades relacionadas con aportaciones y reportes. Finalmente, se consideraron las diversas omisiones en su informe.
Giovanni Figueroa también tuvo cambios en su multa, que ahora asciende a 2 mil 262 pesos tras la revocación de una sanción de más de 200 pesos del INE. Además, el presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz, enfrentará una multa cercana a los 5 mil pesos por problemas en sus informes.
Contexto histórico
Estas multas marcan el cierre de un proceso electoral inédito en México. Por primera vez, la ciudadanía eligió a los jueces y magistrados de la Suprema Corte y otros tribunales a través de un voto popular. Este ejercicio democrático obligó a los candidatos, muchos de ellos jueces de carrera, a llevar a cabo campañas bajo reglas estrictas de fiscalización.
La reciente decisión del TEPJF resalta la importancia de la transparencia en el proceso electoral y la rendición de cuentas en el ámbito judicial. Con estas sanciones, se busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
El nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se compromete a cerrar divisiones internas y promover una justicia más accesible.
Gilberto Bátiz García tomó protesta como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En su ceremonia de asunción, prometió cerrar las divisiones que han marcado la institución desde 2019. Con el apoyo de destacados funcionarios y ministros, Bátiz lanzó cinco compromisos para su período, que va del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027.
“Un tribunal dividido no sirve a México”, indicó Bátiz durante su discurso. Él buscará ser un facilitador de soluciones en lugar de un generador de conflictos. Para lograr sus objetivos, destacó la importancia de contar con el apoyo de sus colegas magistradas y magistrados.
Los compromisos que Bátiz presentó incluyen el establecimiento de un tribunal cercano a la ciudadanía. Propone recorrer el país, explicar decisiones y fomentar la educación cívica. Además, busca tomar decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad del país. Otro de sus objetivos es implementar un manejo administrativo ordenado y racional, así como ofrecer una justicia más humana.
Felipe Fuentes Barrera, magistrado del TEPJF, señaló que Bátiz es el primer magistrado en ocupar este cargo por mandato popular. Asimismo, enfatizó que su gestión estará marcada por la reforma electoral de 2026 y la compleja elección de 2027.
“Debemos cuidar cada paso de la elección de 2027 y trabajar para construir un tribunal cercano y eficiente”, mencionó Fuentes. Durante la ceremonia, el ministro Hugo Aguilar también expresó su apoyo y resaltó que los magistrados ahora responderán a la ciudadanía, no a intereses de partidos o élites.
Con este enfoque, Gilberto Bátiz García comienza su labor al frente del TEPJF, buscando avanzar en un sistema electoral más justo y equilibrado.
