Con millones de usuarios potenciales, la entrega de la tarjeta para acceder a la tarifa preferencial avanza lentamente, mientras crecen las críticas, protestas y acciones legales contra el aumento impulsado por el gobierno de Lemus.
A menos de dos meses de que entre en vigor el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, el proceso para acceder al cobro preferencial enfrenta retrasos, críticas ciudadanas y una creciente oposición política y social.
De acuerdo con cifras oficiales, de un universo estimado de hasta tres millones de usuarios, apenas poco más de 60 mil personas han recibido la tarjeta VISA “Al Estilo Jalisco”, mientras que alrededor de 300 mil trámites siguen en proceso.
El nuevo esquema establece que, a partir del 1 de abril, la tarifa pasará de 9.50 pesos a 14 pesos, aunque quienes cuenten con la tarjeta podrán pagar 11 pesos, a cambio de proporcionar datos biométricos, personales y de geolocalización, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores.
La coordinadora de Desarrollo Social del gobierno estatal, Andrea Blanco, reconoció que el ritmo de entrega no ha sido el esperado, debido a fallas iniciales en la plataforma de registro operada por la empresa financiera Broxel. No obstante, aseguró que los errores han sido corregidos y que los módulos de atención ya se encuentran en operación.
Pese a una intensa campaña oficial de promoción en redes sociales y medios electrónicos, colectivos ciudadanos y grupos opositores han llamado a no tramitar la tarjeta como acto de protesta y “autoprotección”. Además, convocaron a nuevas movilizaciones y a la firma de amparos colectivos para frenar el aumento impulsado por el gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano.
En el ámbito legislativo, el senador de Morena, Carlos Lomelí, informó que presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atienda con prontitud los amparos contra el tarifazo. El legislador confió en que la medida pueda ser detenida, al recordar que recientes reformas permiten al Senado tutelar derechos de grupos vulnerables.
