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En la antesala de 2026, se observa en México un reloj económico que avanza sin pausa: la revisión del T-MEC. El tratado, que moviliza más del 86% de nuestras exportaciones y define la estabilidad de millones de empleos, será evaluado no por diplomacia, sino por resultados. Las advertencias de Washington son claras: no habrá negociación ni prórroga si el país no acredita cumplimiento verificable en energía, competencia, telecomunicaciones y biotecnología. La revisión se convertirá así en un examen de gobernanza industrial, donde se medirá la coherencia entre lo que producimos y lo que decimos ser.

A diferencia de las negociaciones del viejo TLCAN, el reto actual no se limita a abrir mercados, sino a demostrar que México ha construido capacidades propias. El libro Política industrial en el siglo XXI, publicado por la UNAM, ofrece la brújula para entender este momento. Su lectura describe un país profundamente integrado al comercio internacional, pero débilmente articulado en su desarrollo interno. Las mexicanas y los mexicanos participan en cadenas globales, aunque con bajo control sobre su valor agregado y con un modelo productivo que depende más de la geografía que de la innovación. El texto advierte que, si no se corrige esa fragmentación, la revisión de 2026 podría convertir nuestras carencias en concesiones.

Desde la mirada de sus autores, la política industrial no debería ser un conjunto de incentivos dispersos, sino un sistema de coordinación entre Estado, academia y sector productivo. Una política que diagnostique, mida y corrija. La obra revela tres debilidades persistentes: la desconexión entre innovación y política pública, la dependencia tecnológica externa y la ausencia de instituciones que integren desarrollo industrial con transición energética. Estas fallas, visibles en la baja inversión en investigación —apenas 0.3% del PIB— y en la concentración regional de la industria, explican por qué el país llega a la revisión con avances macroeconómicos, pero sin una base tecnológica sólida.

Cumplir con el tratado será indispensable, pero insuficiente. El verdadero dilema de México es decidir si la revisión servirá solo para conservar el acceso al mercado o para construir un nuevo modelo de desarrollo. Cumplir garantiza estabilidad; construir ofrece soberanía. De acuerdo con el análisis Cumplir para competir, la presión de Estados Unidos responde a su propio fortalecimiento interno: una política industrial robusta, una transición energética avanzada y una economía digital en expansión. Frente a ello, México tendría que acreditar que su política no se basa únicamente en ventajas de costo, sino en innovación con propósito.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una ruta de prudencia y coordinación institucional. Su administración atraviesa consultas públicas que buscan transformar el cumplimiento en oportunidad, fortaleciendo el vínculo entre productividad, innovación y soberanía. Este enfoque técnico y estratégico es coherente con la visión que propone Política industrial en el siglo XXI. Si el país logra convertir el conocimiento en política pública, podrá negociar desde la evidencia y no desde la debilidad.

Los Reporteros Mx

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