César Gutíerrez, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, reveló esta tarde que buscará ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025.
El sábado en la FIL del Zócalo, cuando el abogado participó en un evento de la Feria, cerca de medio millón de personas le gritaban “ministro” al abogado. Tras estos gritos de apoyo, el abogado declaró que sí planea postularse a ser candidato a ministro de la SCJN.
🚨OJO: Así fue como le GRITARON en un foro lleno en el Zócalo "MINISTRO" al abogado @CesarGutiPri.
Ha surgido el abogado del pueblo y están ansiosos de votar por el en las próximas elecciones para la Suprema Corte. pic.twitter.com/7J2MaRQpJZ
“Después de escuchar a Roberto Gil que él piensa que tiene posibilidades de ser ministro de la Corte, yo levanto la mano también. Tengo una intención real y precisa legítima de ser por lo menos candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo Gutíerrez Priego.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | El abogado César Gutiérrez Priego (@cesargutipri), especialista en derecho penal, destapó sus intenciones de buscar una candidatura para ser ministro de la #SCJN en 2025.
Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo en una entrevista para Sputnik que es necesario que los tres poderes dialoguen para que se pueda consolidar la Reforma Judicial.
Respecto a las consultas realizadas por la ministra presidenta Norma Piña, Esquivel mencionó que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte no puede analizar la reforma en materia judicial que ya ha sido aprobada por el Congreso y por la mayoría de las Legislaturas de los estados, invalidar la reforma llevaría al país a una “crisis constitucional”.
“Nuestra Constitución en ningina parte establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede analizar si la reforma constitucionla, que se llevó a cabo por las dos Cámaras y por la mayoría de los Congresos locales, puede ser invalidada o declarada inconvencional […] es decir, no existe una instancia arriba del poder reformados de la Constitución. Considero que entraríamos en una crisis constitucional en caso de que los ministros […] determinaran que la reforma contitucional estuvo mal elaborada“, dijo la ministra Esquivel.
Así mismo señaló que quienes están revisando la reforma deben tener cuidado si deciden declararla como inconstitucional, ya que esto es un acto “inédito e ilegal“. La ministra considera que lo mejor sería que el Poder Judicial y los dos Poderes de la Unión retomaran el diálogo para llegar a una “estapa de entendemiento”, aprovechando la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“El respeto entre Poderes es la única forma de avanzar en armonía para lograr lo que queremos y nuestro objetivo, que es que los mexicanos estén bien, que tengamos leyes fuertes, instituciones fuertes, sólidas y la única forma de avanzar en todos los temas inclusive por el ámbito privado y en el ámbito público, es el diálogo“, declaró Yasmín.
También declaró que con la reforma al Poder Judicial se puede construir un camino para terminar con la corrupción que existía en este; además de ser un ejemplo para el mundo en el sentido de brindar más independencia a los jueces, juezas, ministroas, ministras, magistrados y magistradas, mediante la elección ciudadana.
“Se le da mayor fuerza a los ciudadanos, al momento de que puedan participar en las urnas, eligiendo a sus jueces, magistrados y ministros, inclusive tendrán mayor independecia, mayor libertad de la que ya tenemos hoy para resolver los ausntos y expedientes“, añadió.
Para la ministra la reforma constitucional es un cambio pequeño al poder judicial, pues solo se cambiará la forma de elegir a los jueces, no es una reforma que modifique los derechos fundamentales.
“No tengo la menor duda que se se va a realizar el primero de uunio de 2025 la elección del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma constitucional únicamente cambia la forma de elegir a los jueces, no es una reforma a la Constitución que hablé sobre derechos humanos o de las garantías de los derechos fundamentales“, declaró.
Por otra parte Yasmín Esquivel dio a conocer los pendientes que aún continúan en la agenda de la Justicia, entre los casos se ecuentran reforma a policías, ministerios públicos, sistema penitenciario y atención a víctimas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece mayores restricciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a solicitud de autoridades extranjeras. El proyecto, promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue avalado en la Segunda Sala de la Corte con tres votos a favor y dos en contra.
La decisión surgió tras resolver una presunta “contradicción de criterios” presentada por el abogado José Alfredo Cavazos Mercado, defensor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta resolución implica que, para que la UIF pueda proceder con el bloqueo de cuentas, la solicitud debe provenir de una autoridad extranjera con competencia en la materia y estar sustentada en compromisos internacionales.
La ministra Lenia Batres votó en contra y señaló que esta medida restringe las facultades de la UIF, las cuales son cruciales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. Según Batres, esta interpretación de la Corte debilita los compromisos de México en acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En respuesta, los ministros Javier Laynez Potisek y Pérez Dayán argumentaron que la decisión no impide el bloqueo de cuentas, sino que precisa el procedimiento a seguir cuando se recibe una solicitud extranjera. Aclararon que no basta con una mención general de investigación, sino que la petición debe ser específica y estar directamente vinculada a los compromisos internacionales de México.
Esta postura genera preocupación respecto a la efectividad de las acciones de la UIF, que podría enfrentar mayores trabas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el crimen financiero.
Con esta nueva medida de la Suprema Corte, queda en claro la parcialidad de la mayoría de los ministros, que velan por los intereses de presuntos delincuentes que se niegan a pagar sus delitos ante las autoridades mexicanas.
Por tercera vez se aplaza el pago de más de 35 mil millones de pesos en impuestos por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, debido al impedimento presentado al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien es considerado “una figura jurídica que impide conocer o resolver un asunto en el que puede verse afectada su imparcialidad e independencia”,
Este miércoles se debía resolver el caso en el que el magnate Salinas Pliego pagaría más de la mitad de las deudas fiscales de Grupo Elektra. Sin embargo, se notificó el impedimento para llevarlo a cabo en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al igual que las ministras Yazmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, quienes tienen a su cargo la resolución de otros dos casos de pago de impuestos de Salinas Pliego, al ministro Pérez Dayán se le impidió continuar con el caso por el argumento de que es “una figura pública que impide a una persona juzgadora conocer o resolver un asunto en el que puede verse afectada su imparcialidad e independencia.”
Para determinar si el impedimento es válido, el caso fue enviado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala.
La resolución de este caso comenzó en 2018, y se esperaba darle conclusión este miércoles. Sin embargo, debido a los tres impedimentos presentados por la abogada de Salinas Pliego, Yanet Sandoval Carrillo, primero deberán resolverse estas objeciones antes de que se voten las solicitudes de amparo sobre las deudas del empresario, lo cual se espera ocurra hasta noviembre.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirma que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “está invadiendo jurisdicción […] y violentando el marco constitucional”.
Por primera vez en la historia, la SCJN decidió someter a revisión una reforma constitucional. El presidente del Senado se ha pronunciado en contra de estas acciones, calificándolas como “una intentona desesperada e ilegal de detener la reforma constitucional al poder judicial”.
Fernández Noroña hace un llamado a los integrantes de la SCJN a “detener su actitud facciosa y no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este proceso”.
Asimismo, acusa a la ministra presidenta Norma Piña de ser la autora intelectual de las protestas violentas en la Cámara de Senadores, y finalmente afirma que no habrá poder que evite la instrumentación de la reforma.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara, por primera vez en la historia, someter a revisión una reforma constitucional, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) se une a los ataques en contra de la reforma judicial.
En días pasados, se publicó en el Diario de la Democracia un artículo titulado “El desastre democrático de México”, en el que se mencionan algunas de las reformas constitucionales promulgadas por el expresidente López Obrador, calificándolas como un “ataque al Estado de derecho”.
“El presidente saliente del país está decidiendo demoler el sistema judicial de México. Su ataque al Estado de derecho es aún peor de lo que la gente cree”.
Este artículo fue escrito por Amrit Singh, profesora de la Facultad de Derecho en Stanford, y Gianmarco Coronado Graci, maestro en políticas públicas en Stanford.
NED es una fundación estadounidense privada sin fines de lucro, dedicada al crecimiento de instituciones democráticas en el mundo.La institución presume que sus ideales se guían por la convicción de que la libertad se puede alcanzar a través de las instituciones y valores democráticos.
“La libertad es una aspiración humana universal que puede lograrse a través del desarrollo de instituciones, procedimientos y valores democráticos. La democracia no puede alcanzarse a través de una única elección”.
Asimismo, afirman que son una fundación con una junta equilibrada entre republicanos y demócratas para garantizar transparencia y responsabilidad en la promoción de la democracia.
Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó someter a revisión una reforma constitucional, al admitir una de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). La decisión, adoptada por una mayoría de ocho votos contra tres, busca determinar si la Corte tiene facultad para revisar y eventualmente frenar dicha reforma.
Norma Piña y sus aliados conservadores, argumentaron que la Corte aún no está decidiendo sobre el fondo de la reforma, mientras que los ministros a favor de la democratización de la impartición de justicia, señalaron que esta acción podría derivar en un “golpe de Estado”.
El proyecto aprobado, redactado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuso una vía distinta para la discusión de la impugnación presentada por las personas juzgadoras, descartando la opción inicialmente sugerida por considerar que no era adecuada. En su lugar, Alcántara Carrancá sugirió que el caso sea abordado a través de una de las controversias establecidas en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del PJF.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | Piña y sus aliados alistan golpe de Estado: Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la #SCJN aceptó analizar los recursos presentados por jueces y magistrados en contra de la Reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/juxc2MVzei
Con esta decisión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández deberá turnar el caso a otro ministro que apoye la mayoría, para que prepare el proyecto de resolución. Asimismo, la Corte podría emitir una suspensión que detenga la aplicación de la reforma.
El proyecto contó con el respaldo de la ministra presidenta Piña Hernández, el ponente González Alcántara Carrancá, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek. En contra votaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
La ministra Batres Guadarrama sostuvo que la Corte no tiene facultades para revisar modificaciones a la Constitución aprobadas por el Poder Legislativo, afirmando que tal acción violaría el principio de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado de Derecho. Por su parte, Esquivel Mossa señaló que “la Constitución no es impugnable” y expresó su preocupación por los efectos que tendría este proceso, al advertir sobre un posible “golpe de Estado constitucional”.
Pese a las diferencias, los ministros a favor subrayaron que este no es un debate sobre la reforma en sí, sino sobre el proceso que debe seguirse para discutir las impugnaciones.
Luego de que la Reforma al Poder Judicial se aprobó por la mayoría de las y los senadores de la Cuarta Transformación, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, se ha pronunciado sobre esto, mencionando que es la oportunidad histórica para refundar al Poder Judicial, además de que admitió que éste mismo tiene una gran deuda con el pueblo de México.
“La #ReformaJudicial aprobada por el @senadomexicano no sólo prevé la elección de todas las personas juzgadoras por voto popular. También cumple con el mandato de paridad de género, desconcentra el poder de la Presidencia de la @SCJN y refuerza las facultades para vigilar y sancionar la corrupción y nepotismo en el #PJF“.
La #ReformaJudicial aprobada por el @senadomexicano no sólo prevé la elección de todas las personas juzgadoras por voto popular. También cumple con el mandato de paridad de género, desconcentra el poder de la Presidencia de la @SCJN y refuerza las facultades para vigilar y…
En su post de redes sociales menciona que todas las autoridades públicas, prinicpalmente las que integran los poderes judiciales, le deben a la sociedad mexicana, y es que, sin excepción, a administración de justicia debe ser un sistema que proteja y acompañe, no uno a eludir en la búsqueda de verdad y justicia.
“De aprobarse por los Congresos locales, esta reforma será una oportunidad histórica para refundar el Poder Judicial. Del pasado hemos aprendido que no toda reforma lleva en sí misma, y por el solo hecho de estar en la Constitución, un auténtico cambio social. Por ello, desde cada una de nuestras trincheras, nos corresponde a todas y todos los mexicanos forjar el camino hacia un auténtico cambio y refundación de nuestras instituciones de justicia”.
Por su parte Lenia Batres, apodada la “ministra del pueblo”, igualmente se ha pronunciado sobre este histórico triunfo del pueblo, celebrando el hecho desde su perfil de X, en donde, secundada por usuarios de redes, piden que el 15 de septiembre igualmente se festeje la aprobación.
El ministro González Alcántara propone un plan paliativo para erradicar la corrupción en el Poder Judicial, pero el pueblo, cansado de sus promesas huecas, les advierte que ya es demasiado tarde y que el Plan C va.
El día de ayer se llevó a cabo el segundo foro para la discusión de la Reforma al Poder Judicial propuesto por el Presidente López Obrador y en donde el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Ancántara, criticó las reformas, señalando que no funcionarán.
El ministro, claramente en contra de perder sus privilegios, mencionó que una sala de 5 magistrados no puede revisar el actuar de más de 1 mil 600 personas juzgadoras, por lo que recomendó “cerrar las puertas de la corrupción desde la carrera judicial”.
Un tribunal disciplinario integrado por 5 magistrados no podrá revisar eficientemente la labor de más de 1,600 personas juzgadoras. Cerremos las puertas a la corrupción desde la carrera judicial: Min. Juan L. González Alcántara 🎦 https://t.co/bgYdYwqQCw#DiálogosReformaJudicialpic.twitter.com/eLXIxMXtsJ
Las declaraciones del ministro no fueron bien vistas por el pueblo de México, y es que mencionan que ya no es momento de tratar de reparar los daños que han causado a la impartición de justicia, sino que es momento de darle la “estocada final” a la corrupción en el máximo tribunal mediante el Plan C de la Cuarta Transformación.
“Solo esperaban los resultados del 2 de junio para hacer de las suyas, pero no se les cumplió. Su tiempo se acabó”.
También se leen comentarios que con justa razón, desestiman las palabras de González Alcántara, y es que la población mexicana no confía en la palabra de la elite dorada de la SCJN, señalando desde ahora que son medidas que nunca cumplirían.
Exacto, pero además son promesas y propuestas que sabemos no van a cumplir.
— Drama Queenskaya 🦭☭ (@MissSunshine4) July 2, 2024
Otros también lamentan que ahora los altos funcionarios del Poder Judicial salgan con estos pretextos, aún cuando ellos mismos son los que se han encargado de viciar al que debería ser el máximo tribunal del país.
Háganme el refregado favor. Ahora salen con este pretexto, cuando nunca han realizado eficiente trabajo.
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue acusada por la magistrada Celia Maya García de buscar el control total del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En una entrevista concedida a La Jornada, Maya García explicó que Piña presentó una reforma que reduce las facultades de la Comisión de Adscripciones del CJF, encargada de la adscripción de jueces y magistrados en todo el país.
Según relató la magistrada, expresó su preocupación por cómo la reforma estaba superando las atribuciones de la Comisión de Adscripciones. Sin embargo, la presidenta de la SCJN se mantuvo firme en su posición, justificando la acción argumentando que el pleno tiene el poder de tomar decisiones.
“Ese día le dije: ‘ministra, esto no lo puede concentrar usted’, y respondió: ‘¡claro que sí, porque somos el pleno!’ Le contesté que no. Nosotros no le negamos su función al pleno, el pleno va a seguir haciendo lo que ha hecho: resolviendo, pero la Constitución y el consejo mismo aceptó, desde que hizo su normativa, que funcionara en pleno y en comisiones. Entonces así tiene que ser”
Celia Maya García
La reforma implica que, independientemente de la opinión de la Comisión de Adscripciones, los proyectos serán remitidos al pleno para que la ministra Piña tome las decisiones finales.
La reforma se realizó sin el debido análisis y votación, y sin cumplir con las formalidades establecidas por la normativa y Norma Piña dio por aprobadas las modificaciones a lo establecido en los artículos 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del PJF, y sentenció a los ahí presentes: “Les comunico que ya en adscripciones no habrá los nombramientos de jueces y magistrados, nada más los de secretarios”.
“Pedí al secretario que me enseñara el acta y me mostró el punto a discusión. Le espeté: ‘¡Esto no pasó aquí!’ Es que en el documento, al final, en un punto general se puso como si se hubiera sometido a consideración que se reformaba la ley, y que ya el consejo así lo acordaba. Pero no todos los consejeros pudieron decir que sí había ocurrido y hubieran votado.”
El caso será discutido en el pleno del CJF el 3 de abril, y Maya García teme que Piña pueda obtener el respaldo de tres consejeros designados por la actual Corte, siendo estos Sergio Javier Molina, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo, lo que le permitiría consolidar su control sobre el CJF.
“Siguen en querer concentrar el poder en el pleno, la presidenta puede ganar con los consejeros que tienen un espíritu corporativo, porque todo mundo sabe que hay tres consejeros que fueron designados por la actual Corte”.
