El lamentable caso de Roberto Hernández quién fue víctima de atropellamiento tras una discusión vial con un automóvil marca Honda, modelo City, color azul, mientras circulaba a la altura de Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa el pasado sábado 4 de enero de 2026 en la madrugada, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por el terrible hecho captado en video.
Derivado de la indignación social que ha causado el caso, en cuestión de horas se difundieron grabaciones con imágenes sensibles dónde se captó el vehículo arrastrando el cuerpo de Roberto por varios metros, se pudo apreciar los detalles del coche incluyendo las placas, se presume que este dato provino del Registro Público Vehicular por el cual se filtró la identidad de la presunta responsable del deceso del motociclista y que actualmente se encuentra prófuga.
Este accidente resaltó las problemáticas que enfrenta la Ciudad de México, impunidad en accidentes viales, vulnerabilidad de los conductores de motocicleta, bicicleta y vehículos de micromovilidad, siendo estos últimos los más susceptibles a siniestros viales ya que han alcanzado un incremento neto de +402.5% de usuarios desde 2020 hasta 2025.
Entre estas problemáticas, también fue notable la rápida facilidad de filtración de datos personales de los involucrados, en diversas plataformas y usuarios en redes difundieron información personal de la presunta responsable Gabriela “N”, se divulgó su imagen, nombre completo, edad, profesión y ubicación aproximada de su residencia. Vinculándola en este caso con la información del vehículo implicado, el cual fue abandonado en Nezahualcóyotl, Estado de México. En muchos casos la difusión masiva de datos personales en redes sociales se utiliza para presionar a las autoridades a realizar investigaciones exigiendo no quede impune el suceso o un llamado social para localizar a los involucrados.
Si bien en la mayoría de situaciones similares donde se divulga información personal de presuntos delincuentes se busca impedir que queden exentos de la justicia, este acto puede causar consecuencias contrarias a las que se desean, ya que la legislación mexicana prohíbe la difusión de datos sin consentimiento pues viola el derecho a la protección de datos personales, el derecho al debido proceso, el derecho a la intimidad y el derecho a la presunción de inocencia.
Si bien, La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, justifica situaciones puntuales para no requerir el consentimiento de la persona en cuestión para publicar su imagen como “cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público.” La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares plantea que en los casos donde se traten datos personales sensibles, el consentimiento debe ser expreso.
A consecuencia de lo anterior expuesto, incluso bajo proceso de investigación, los presuntos imputados gozan del derecho de interponer recursos legales ante la divulgación indebida de su información personal. Es posible promover un juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito por la filtración de información. Esta defensa se sustenta en la vulneración de la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y la protección de datos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha sentenciado precedentes al considerar que la exhibición pública de personas sin condena quebranta el debido proceso.
Es posible proceder legalmente contra medios de comunicación o usuarios particulares bajo la vía civil por daño moral y la penal por delitos como la revelación de secretos. En situaciones donde la difusión de datos derive en hostigamiento, se pueden sumar cargos por acoso cibernético.
El caso de Roberto Hernández ilustra una contradicción inherente al sistema judicial mexicano. Ante una crisis de impunidad en incidentes viales, la sociedad utiliza la denuncia digital como su principal mecanismo de presión. Sin embargo, este fenómeno de viralidad pone en riesgo garantías como el debido proceso y la privacidad de datos personales. El desafío no está en optar por el silencio o la transparencia, sino en robustecer un sistema judicial capaz de investigar y sancionar de forma institucional, evitando que la justicia quede supeditada por el alcance de las redes sociales.
