Un operativo de seguridad en Sinaloa resultó en un intenso enfrentamiento con un grupo armado. Trece presuntos criminales fueron abatidos y nueve secuestrados fueron liberados.
El conflicto en Sinaloa se intensificó este lunes cuando un grupo armado atacó a agentes de seguridad del Gabinete de Seguridad del gobierno de México. El enfrentamiento se produjo cerca de las 12:45 horas en La Brecha, Guasave, cuando los operativos realizaban patrullajes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que los agentes fueron sorprendidos por el ataque. En respuesta a la agresión, se desató un tiroteo que resultó en las siguientes cifras: 13 presuntos delincuentes muertos y cuatro detenidos.
Además, el operativo tuvo un desenlace positivo en términos de rescate. Nueve personas que habían sido secuestradas fueron liberadas durante la acción. Las autoridades también aseguraron siete vehículos, armas de fuego y equipo táctico, todo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
Este incidente resalta los retos que enfrenta la seguridad en el país. Las autoridades continúan trabajando para combatir la criminalidad y proteger a la población. La valentía de los agentes en este enfrentamiento subraya su compromiso con la seguridad ciudadana.
Murió Manzo, el alcalde que quería ser el Bukele mexicano. La espectacularidad del alcalde de Uruapan lo convirtió en blanco fácil de sus verdugos.
Comencemos con hechos y datos duros muy categóricos: desde diciembre de 2024, Carlos Manzo contaba con protección asignada. Y en mayo de este año hubo un refuerzo adicional.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que la seguridad inmediata del edil era proporcionada por elementos de la policía municipal, es decir: gente que respondía a la confianza y órdenes directas de Manzo. Él mismo había elegido a sus escoltas.
La Guardia Nacional había asignado 14 elementos para custodiar al presidente municipal de Uruapan. Pero su participación era periférica. En realidad, Manzo dio preferencia a la lealtad personal sobre la estructura de seguridad integrada.
El hecho de que fuera gente de su confianza quien debía protegerlo de un entorno que él mismo recrudeció con su política de abatir criminales no deja de resultar perturbador.
Eso por un lado.
Por otra parte, hay que decir que Manzo decidió cerrarle las puertas a la razón. Y es que su política se propuso abrir fuego contra los delincuentes, utilizando la fuerza letal y “abatirlos”.
Muchas voces le criticaron esa –porfiada– postura centrada en el ataque directo.
Sin embargo, el alcalde de Uruapan era partidario de usar la “mano dura” y se empecinó en capitanear una confrontación abierta con el crimen organizado.
Manzo olvidó que una política criminal eficaz y legítima debe operar dentro del marco legal y de respeto a los derechos humanos.
Amigo de la espectacularidad, Manzo se enfocó en encarcelar, golpear y abatir delincuentes sin abordar las causas subyacentes del crimen: pobreza, desigualdad, desempleo y falta de oportunidades.
Manzo, que tenía bastante de showman, montó una política de seguridad orientada hacia la satisfacción de la demanda social de venganza o justicia inmediata, en lugar de una estrategia de seguridad ciudadana integral. Un espectáculo.
Y esa espectacularidad, en realidad, tenía el fin de desviar la atención de las causas estructurales del crimen (pobreza, desigualdad, falta de oportunidades), que son, en realidad, los verdaderos semilleros de la delincuencia.
Es importante destacar que la represión por sí sola no elimina los factores que motivan a las personas a delinquir. Y es que cuando se abate a un delincuente, si las condiciones sociales y económicas persisten, otro individuo marginado puede ocupar su lugar, creando un ciclo continuo de violencia e inseguridad.
Manzo, infelizmente, ignoró que una política centrada exclusivamente en la fuerza (soltar balazos y meter a la gente a la cárcel) suele generar resentimiento y desconfianza hacia las autoridades.
Vivimos en un Estado de derecho. Y en esta sociedad no cabe ponernos darwinistas y dejar que gane el más fuerte. México no es una selva.
Una política para combatir el crimen debe centrarse en estrategias institucionales y legales. Las acciones extrajudiciales (violaciones del debido proceso, uso excesivo de la fuerza o ejecuciones sumarias) son incompatibles con un Estado de derecho democrático y tienen graves implicaciones éticas y legales.
Cuando el Estado utiliza la fuerza extrajudicial, se convierte en el delincuente más peligroso.
Cualquier “guerra” contra el crimen o contra el narco, enfocada en la represión, no solo fracasa a largo plazo, sino que agudiza la violencia y hace peligrar a la población. Y el asesinato de Carlos Manzo, lamentablemente, es una triste prueba de ello.
La Presidenta aseguró que no habrá impunidad en el homicidio de Carlos Manzo y denunció que opositores buscan aprovechar políticamente la tragedia.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y aseguró que el caso se encuentra bajo investigación con pleno respaldo de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la coordinación con policías estatales y municipales. “No habrá impunidad; seguiremos hasta dar con los responsables”, enfatizó durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional.
Sheinbaum rechazó las demandas de la derecha y de algunos “comentócratas” que piden la militarización y la vuelta a la guerra contra el narco, señalando que estrategias como las de Calderón y Peña Nieto solo profundizaron la violencia en Michoacán. “Seis años de guerra contra el narcotráfico y autodefensas no funcionaron. La solución es justicia, investigación, inteligencia y coordinación entre autoridades”, sostuvo.
La mandataria cuestionó si a la oposición realmente le importan Michoacán y las familias, señalando que han usado este hecho para su propio beneficio. “Algunos comentocratas carroñeros buscan cualquier pretexto para atacar al gobierno; nunca les ha interesado el pueblo de… pic.twitter.com/33b50qeOjC
La Presidenta criticó a los opositores que han intentado politizar el homicidio, calificándolos de “buitres” por lucrar con el dolor de la población sin ofrecer condolencias a la familia. Destacó que algunas campañas en redes buscan desestabilizar y desinformar, vinculando a grupos empresariales y organizaciones que “no tienen reconocimiento social”.
Sheinbaum reafirmó que la estrategia del gobierno se centra en la atención a las causas, justicia social, cero impunidad y protección de jóvenes, recordando que la violencia no se combate con más violencia. “El alcalde Manzo señalaba que a los jóvenes se les había negado oportunidades; nuestro movimiento busca justicia para quienes nunca la han tenido”, concluyó.
El secretario de Seguridad asegura que se seguirá cada línea de investigación y que no habrá impunidad; el secretario de Defensa confirma coordinación y protección con la Guardia Nacional.
Este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre las acciones del gobierno federal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado por la noche durante el Festival de la Vela, en el marco del Día de Muertos.
Harfuch explicó que, pese a contar con un esquema de seguridad reforzado desde diciembre de 2024, incluyendo 14 elementos de la Guardia Nacional y personal de confianza de la policía municipal, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para perpetrar el ataque. “Se acerca un agresor prácticamente sabiendo que iba a perder la vida o ser detenido”, señaló.
Durante la conferencia, el secretario detalló que se analizan videos del C-5, testimonios de testigos y grabaciones de tiendas cercanas para identificar al responsable. “No se descarta ninguna línea de investigación y se llegará hasta las últimas consecuencias, como en otros casos de alto impacto”, enfatizó.
Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, confirmó la coordinación permanente con el alcalde y explicó que los resultados de las reuniones de seguridad se informaban directamente al Gabinete federal. Trevilla especificó que la Guardia Nacional se encargaba de la seguridad periférica, mientras que la protección inmediata era responsabilidad del personal de confianza del alcalde. “Siempre existió esa comunicación y enlace con Carlos Manzo”, aseguró.
Harfuch también destacó que la cooperación internacional es bienvenida, en referencia a la propuesta del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para trabajar juntos en la erradicación del crimen organizado. Además, reafirmó la indignación del Gabinete de Seguridad y el compromiso del gobierno federal con la justicia: “Toda la coordinación posible se está realizando para que hechos como este no queden impunes y se garantice la seguridad en eventos públicos”.
Autoridades federales desmantelaron una falsa planta recicladora que servía como centro de almacenamiento y venta de combustible robado; el golpe dejó pérdidas millonarias a la delincuencia organizada.
Un operativo encabezado por autoridades federales en Perote, Veracruz, permitió el aseguramiento de 250 mil litros de huachicol, 12 pipas, un inmueble utilizado como planta de almacenamiento y la detención de ocho personas presuntamente implicadas en la red de robo y venta ilegal de combustible.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la empresa fingía dedicarse al manejo de residuos peligrosos, pero en realidad funcionaba como fachada para el tráfico de hidrocarburos robados. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la revisión, los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el combustible, los vehículos y los dispositivos electrónicos asegurados. La SSPC informó que los objetos confiscados representan una pérdida económica de más de 247 millones de pesos para el crimen organizado.
En el marco de las acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, en Veracruz, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y @Pemex detuvieron a 8 personas y aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo en una empresa de manejo de residuos que operaba como fachada… pic.twitter.com/fXXyhobE65
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025
El decomiso se da a pocos días de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, revelara ante el Senado que durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum se han decomisado 98 millones de litros de combustible robado en todo el país, como parte del reforzamiento de los operativos contra el huachicol.
En septiembre pasado, García Harfuch también confirmó la detención de servidores públicos y empresarios relacionados con una red de corrupción que permitió el ingreso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas, entre ellos el vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Farías Laguna.
El hallazgo en Veracruz refuerza la estrategia federal contra el robo de combustibles, uno de los delitos que más afecta a las finanzas nacionales y a la operación de Pemex. Las autoridades advirtieron que continuarán los cateos y aseguramientos en empresas que sirvan como fachadas del crimen organizado.
La detención fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadunidenses; los implicados enfrentan cargos por conspiración criminal y organizaciones corruptas.
En un operativo conjunto, autoridades federales mexicanas y agencias de Estados Unidos detuvieron a Anthony ‘N’ y Pablo ‘N’, prófugos buscados en Pennsylvania por delitos de conspiración criminal y participación en organizaciones corruptas. La captura se llevó a cabo en distintos puntos de la Ciudad de México, luego de un trabajo de inteligencia y cooperación internacional.
La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM)y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en colaboración con autoridades estadunidenses encargadas de localizar prófugos.
Resultado de la cooperación internacional y de trabajos de inteligencia, elementos de @SSPCMexico y el @INAMI_mx, en coordinación con el @GabSeguridadMX, detuvieron en la Ciudad de México a dos fugitivos de Estados Unidos, con orden de arresto en Pennsylvania por conspiración… pic.twitter.com/skpPq5oByi
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 1, 2025
Según el informe oficial, Anthony Emilio ‘N’ fue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que Pablo ‘N’, señalado como colaborador directo en actividades fraudulentas de compraventa irregular de vehículos, fue detenido en un domicilio de la Magdalena Contreras tras un operativo de vigilancia.
Tras su captura, ambos fueron informados de sus derechos bajo la ley mexicana y trasladados a las instalaciones del INM, donde permanecerán bajo custodia mientras se completan los procedimientos administrativos para su deportación a Estados Unidos.
La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses destaca la efectividad de los protocolos de cooperación internacional en la localización y detención de prófugos, fortaleciendo la seguridad y el combate a delitos transnacionales en la capital del país.
El titular de la SSPC de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, destacó los resultados de los operativos conjuntos con la SSC de la Ciudad de México, que han permitido detenciones y aseguramientos relevantes en ambos territorios.
La coordinación entre autoridades de Morelos y la Ciudad de México continúa fortaleciéndose en la lucha contra la delincuencia. Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, asistió como invitado especial a la comparecencia de Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, ante el Congreso de la CDMX.
Durante el encuentro, Urrutia Lozano subrayó la importancia del trabajo conjunto para avanzar en la pacificación del estado. Recordó que los operativos interestatales impulsados entre la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Morelos y la SSC han arrojado resultados significativos en el combate al crimen organizado.
Uno de los casos más destacados fue el operativo en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se logró detener a seis presuntos integrantes de una banda delictiva que el 29 de septiembre habría sustraído más de 100 teléfonos celulares con valor superior a un millón de pesos de una tienda departamental en Cuautla.
Asimismo, el pasado 24 de octubre, gracias a la acción coordinada entre ambas corporaciones, se evitó en la Ciudad de México el robo de una camioneta que transportaba tabaco y se rescató al conductor. De forma simultánea, en Morelos fue asegurado un vehículo Volkswagen Jetta gris con placas del Estado de México, implicado en un delito y posteriormente abandonado en la entidad.
Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la cooperación interinstitucional y continuar implementando estrategias conjuntas que refuercen la seguridad en la región centro del país.
Leonardo Arturo “N” está vinculado con secuestros, extorsiones y homicidios; su captura fue coordinada entre fuerzas federales y estatales.
Autoridades federales y estatales detuvieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El Carnal”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ex director de la Policía Estatal de Tabasco. El hombre de 55 años también es identificado como colaborador cercano de Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la SSPC de Tabasco.
Al grupo delictivo al que pertenecía se le atribuyen extorsiones a comerciantes, secuestros, venta de drogas y homicidios. Sus integrantes son conocidos por emplear armas de alto calibre y realizar actos de violencia extrema, como quema de vehículos y asesinatos.
El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en… pic.twitter.com/comU89hRfm
La captura se concretó tras investigaciones para localizar a generadores de violencia. Los agentes siguieron las líneas de movilidad de Leyva Ávalos y, en recorridos por la colonia Bienestar Social, lograron identificarlo y marcarle el alto. Fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.
En la operación participaron elementos de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas.
El Gobierno Federal detiene a un hombre y recupera sustancias químicas en un operativo en la carretera Durango-Parral.
El Gobierno Federal logró un importante golpe contra el narcotráfico al incautar más de 13 toneladas de precursores químicos en la carretera Durango-Parral. La operación tuvo lugar en la madrugada del 29 de octubre de 2025, y fue llevada a cabo por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los agentes contaron con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta colaboración interinstitucional permitió una intervención efectiva en un punto de inspección a la altura del kilómetro 238 de la carretera Panamericana.
Durante la revisión de un tractocamión que transportaba una caja seca, los funcionarios encontraron sustancias químicas con características de precursores. Las autoridades informaron que se aseguraron 7,500 kilos de acetona de plomo, 900 kilos de ácido tartárico, 4,000 litros de etanol, 4,500 kilos de sosa y 3,000 litros de otros químicos.
El conductor del vehículo fue detenido y se le leyeron sus derechos. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con todo el material incautado. Este operativo destaca el compromiso del Gobierno Federal por combatir el tráfico de sustancias peligrosas en el país.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se reunió con autoridades locales para abordar la extorsión que afecta a los productores de limón en Apatzingán. Se reforzarán las operaciones de seguridad y se buscará justicia por el asesinato de Bernardo Bravo.
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció nuevas medidas para proteger a los productores de limón en Michoacán. Esta decisión surge tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder del gremio de limoneros, un crimen que ha generado gran preocupación en la región. Durante una reunión en Apatzingán, García Harfuch, junto con el titular de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, escuchó las inquietudes de los agricultores.
La extorsión y el cobro de piso son problemas graves que enfrentan los limoneros. En este contexto, García Harfuch destacó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la SSPC, la Fiscalía de Michoacán y otras autoridades locales. El objetivo es garantizar la seguridad de los productores y detener a quienes amenazan la paz en la región.
El funcionario también mencionó que han realizado detenciones relacionadas con el crimen organizado, acciones que son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia y la impunidad en Michoacán. La comunidad limonera ha mostrado resistencia ante las amenazas, organizándose para hacer frente a la extorsión.
García Harfuch se comprometió a que el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune. Este caso es emblemático de una crisis más profunda que afecta a los agricultores en la región. Desde 2018, al menos siete líderes y productores han sido asesinados, lo que refleja la gravedad de la situación.
La reunión en Apatzingán es un paso hacia la construcción de un entorno más seguro para los limoneros. Las autoridades buscan no solo escuchar, sino también implementar estrategias efectivas que frenen la violencia y protejan a quienes trabajan en el campo. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno es crucial para enfrentar este desafío.
