En los últimos días, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó operativos en varios estados, logrando importantes detenciones y aseguramientos de drogas y armas.
Durante los días 16, 17 y 18 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad de México llevaron a cabo operativos en múltiples estados del país. Estos esfuerzos buscan combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
En Baja California, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron 41 kilos de cocaína en un cateo. Además, confiscamos 17 tractocamiones y varios vehículos. La droga tiene un valor estimado de 8.2 millones de pesos.
En el Estado de México, la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a nueve sospechosos en un cateo. Les incautaron un arsenal que incluía un arma larga, seis armas cortas y más de mil cartuchos. Estos operativos demostraron el compromiso de las autoridades para desarticular redes delictivas.
En Sinaloa, otro operativo resultó en la captura de cuatro personas en El Roble. Durante esta acción, se aseguraron cuatro armas largas y cientos de cartuchos, aumentando la presión sobre grupos del crimen organizado en la región.
Por su parte, Sonora no se quedó atrás. Allí se detuvieron a siete individuos y se confiscó un importante arsenal de armas y drogas. Este tipo de acciones refuerzan la estrategia del gobierno en la lucha contra la delincuencia.
El Gabinete de Seguridad también destacó los logros en Guerrero, donde se detuvo a dos personas de nacionalidad extranjera. En sus acciones, las fuerzas del orden confiscaron cocaína y una motocicleta.
Estos operativos se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, que busca consolidar la paz y la seguridad en el país. La colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad es clave en esta lucha. Las autoridades continúan comprometidas con la protección de los ciudadanos y la erradicación de las actividades delictivas.
La Secretaría de Seguridad confirmó que la droga asegurada tenía como destino el norte del país y equivalía a millones de dosis; en Sinaloa, el Ejército inutilizó zonas clave para la producción de metanfetamina.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre un importante golpe al narcotráfico tras el aseguramiento de un vehículo con 212 kilogramos de metanfetamina en el estado de Sonora, como resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
De acuerdo con el funcionario federal, la unidad fue interceptada en San Luis Río Colorado, y provenía de Culiacán, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California. La droga decomisada tenía como objetivo su distribución en millones de dosis, lo que representa una afectación directa a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en el norte del país.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (@OHarfuch), García Harfuch detalló que estas acciones forman parte de la estrategia federal de seguridad para frenar la producción y el trasiego de drogas sintéticas en el país.
En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas. Este… pic.twitter.com/PBAmBYrllm
En el mismo informe, el titular de la SSPC destacó que, de manera paralela, en Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano lograron inhabilitar 11 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de sustancias químicas empleadas en la fabricación de esta droga.
Las autoridades subrayaron que estos decomisos representan avances relevantes en el combate al crimen organizado, al impedir tanto la producción como la distribución de drogas sintéticas que generan altos niveles de violencia y adicción en el país.
El programa prioriza iluminación, accesibilidad y vigilancia en zonas urbanas de alto tránsito en Edomex, Michoacán y Sonora.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció una inversión histórica de mil 622 millones de pesos para el proyecto “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”, que se desarrollará entre 2025 y 2026 en 23 municipios de Estado de México, Michoacán y Sonora, con el objetivo de mejorar la seguridad y el libre tránsito, especialmente para mujeres.
De acuerdo con la dependencia federal, el programa contempla la intervención de 562 kilómetros de caminos, mediante la creación de espacios iluminados, vigilados y accesibles, considerados estratégicos por su alto flujo peatonal. La iniciativa forma parte de los proyectos prioritarios del actual gobierno y busca avanzar en equidad de género y recuperación del espacio público.
La Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de la ejecución, informó que en 2025 se realizaron obras en San Luis Río Colorado, Sonora, donde se invirtieron 100 millones de pesos para habilitar 40 kilómetros de senderos seguros. Ese mismo año, como parte del Plan del Oriente del Estado de México, se construyeron 200 kilómetros en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla, con una inversión de 600 millones de pesos.
Para 2026, la meta es sumar 300 kilómetros adicionales en el Estado de México, con una inversión de 900 millones de pesos, y avanzar en Michoacán, específicamente en Coeneo y Tzintzuntzan, donde se destinarán 22 millones de pesos para 22 kilómetros, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Las obras incluyen iluminación LED, rehabilitación de banquetas, mejora de accesibilidad y murales artísticos, con el fin de generar entornos seguros e identidad comunitaria positiva. Según estimaciones oficiales, los 11 senderos construidos en 2025 ya benefician a más de 6.4 millones de personas.
Detienen a un hombre en Nogales por no justificar la legalidad de un cargamento de combustible.
En Nogales, Sonora, autoridades federales realizaron un importante operativo que resultó en el aseguramiento de 62 mil litros de diésel de origen ilegal. Un hombre fue detenido en esta acción, la cual se llevó a cabo en una zona conocida por el tráfico irregular de hidrocarburos.
El incidente tuvo lugar en la Carretera Internacional México 15, donde los agentes de seguridad revisaron un tractocamión de marca Kenworth. Esta unidad, de color blanco, transportaba dos cisternas llenas de diésel y se dirigía hacia la zona urbana de Nogales. El comportamiento sospechoso del conductor llevó a los oficiales a detenerlo en un punto de control.
Al examinar el vehículo, los agentes solicitaron la documentación necesaria que acreditara la legalidad del combustible. El conductor no pudo presentar facturas ni permisos, lo que generó una inmediata intervención por parte de las autoridades. Así, no solo se detuvo al chofer, sino que también se confiscó el hidrocarburo, corta una de las rutas de suministro para el mercado negro de combustibles.
Este decomiso es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para combatir el robo y tráfico de hidrocarburos. Muchas veces, estas actividades criminales financian a grupos delictivos que operan en el país.
Las fuentes cercanas a la investigación indican que el diésel confiscado podría haber sido utilizado para la venta ilegal en estaciones de servicio o en diversas industrias de la frontera. Las autoridades continúan con su trabajo y están investigando el origen del combustible y las redes involucradas en este contrabando.
La huelga de Cananea fue un prolongado conflicto laboral que terminó el 17 de diciembre de 2025 tras más de 18 años de lucha de los trabajadores de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, contra la empresa Grupo México.
Encabezado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), liderado por Napoleón Gómez Urrutia, este movimiento se convirtió en uno de los conflictos laborales más largos de la historia moderna de México y un símbolo de la lucha por los derechos laborales frente a intereses empresariales y decisiones políticas de distintos gobiernos.
¿Cómo comenzó?
La huelga estalló el 30 de julio de 2007, cuando los trabajadores decidieron suspender labores en la mina al denunciar violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, condiciones de inseguridad y falta de respuesta por parte de la empresa.
Desde el inicio, el movimiento se politizó, pues hubo intervención tanto de autoridades federales como de actores políticos, lo que hizo que el conflicto trascendiera de lo estrictamente laboral y se transformara en una confrontación entre los trabajadores organizados y el poder corporativo y estatal.
Factores detonantes
Las causas principales incluyeron:
Incumplimiento del contrato colectivo: desacuerdos persistentes sobre salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.
Condiciones inseguras: denuncias continuas sobre la falta de medidas adecuadas de seguridad e higiene en la mina.
Presión política y legal: el enfrentamiento entre el sindicato y el Estado contribuyó a cargar políticamente el conflicto.
Falta de acción empresarial y estatal: los intentos por parte de Grupo México y gobiernos anteriores por resolver la huelga fueron insuficientes, lo que prolongó el paro por años.
¿Cuánto tiempo duró?
La huelga se prolongó desde el 30 de julio de 2007 hasta el 17 de diciembre de 2025, es decir, más de 18 años de paralización, resistencia y negociación.
La noche del 17 de diciembre de 2025, en asamblea general, los trabajadores aprobaron por unanimidad los términos de un acuerdo definitivo como parte de un “Plan de Solución Integral” negociado con autoridades federales y del estado de Sonora, marcando así el fin oficial del conflicto.
Sucesos más importantes que marcaron la huelga
Represión del PAN
Durante la administración del panista Felipe Calderón, en 2010 la Policía Federal ingresó a la mina para retomar control y reanudar operaciones, lo que fue visto por los trabajadores como una forma de represión y alineación con intereses empresariales sobre los derechos sindicales.
Este hecho se convirtió en uno de los momentos más recordados del conflicto, pues reflejó la participación directa del gobierno federal del PAN en la estrategia para contener y debilitar a los huelguistas.
Además, la prolongación de la huelga a lo largo de los sexenios del PAN —incluyendo figuras como Guillermo Padrés Elías, entonces gobernador de Sonora— contribuyó a que el conflicto adquiriera una dimensión política regional y nacional.
Acciones y participación de políticos vinculados al PRI
Aunque el PRI no fue actor directo en las negociaciones generales, miembros priistas y representantes legislativos de Sonora jugaron un papel en foros legislativos y políticos al abordar el tema desde instancias de gobierno y propuestas para darle seguimiento a la situación de los trabajadores, la mina y su impacto económico y social.
El caso de Cananea fue usado por algunos priistas en espacios públicos y legislativos para cuestionar políticas laborales y de negociación de los gobiernos federales, así como para promover soluciones legislativas sobre derechos laborales.
Acuerdo final y cierre del conflicto
El fin de la huelga se formalizó con la aprobación de un Plan de Solución Integral, el cual incluye beneficios económicos, acceso al IMSS, pensiones y otras compensaciones para los trabajadores y familias afectadas, negociado con la participación del gobierno federal (encabezado por Claudia Sheinbaum) y el gobierno estatal de Sonora.
Los trabajadores expresaron agradecimiento a las autoridades por su intervención en esta etapa y subrayaron el significado histórico del acuerdo, poniendo fin a una lucha que duró casi dos décadas.
Importancia histórica
La huelga de Cananea del siglo XXI fue un conflicto laboral excepcional por su duración, resistencia y dimensión política, ya que puso en evidencia:
La fragilidad de los derechos laborales frente a intereses económicos poderosos
La intervención de gobiernos federales y estatales, particularmente bajo administraciones del PAN y al involucrar a políticos priistas en ámbitos legislativos
La necesidad de repensar condiciones laborales, seguridad social y justicia para trabajadores mineros
El firme papel del sindicalismo organizado en México desde una perspectiva histórica y contemporánea
La Presidenta subrayó que el entendimiento tras 18 años de conflicto beneficiará a trabajadores, poblaciones afectadas y colectivos, además de reactivar exigencias pendientes a Grupo México por el derrame del río Sonora.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una victoria histórica el fin de la huelga en la mina de Cananea, al destacar que el acuerdo alcanzado es “muy bueno” para los trabajadores, las comunidades y los colectivos que sostuvieron la lucha durante casi dos décadas.
Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que este conflicto forma parte de un reclamo integral a Grupo México, no sólo en materia laboral, sino también por los daños ambientales derivados del derrame tóxico en el río Sonora en 2014, cuyas consecuencias —dijo— siguen sin resolverse por completo.
Sheinbaum recordó que persisten pendientes clave, como la limpieza total del río, la construcción de una clínica especializada, sistemas de medición ambiental y otras demandas comunitarias que quedaron inconclusas. Aunque aclaró que la huelga no estaba directamente ligada al desastre ambiental, reconoció que ambos temas reflejan una deuda histórica con la región.
La titular del Ejecutivo federal destacó que el acuerdo fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, el gobierno de Sonora y las dependencias federales involucradas. Subrayó que la visión del gobierno es cumplir de manera íntegra con las exigencias de las comunidades, no sólo cerrar un conflicto laboral.
Si bien el acuerdo aún está en proceso de firma, Sheinbaum adelantó que el gobierno federal también aportará recursos para su cumplimiento. “Es algo bueno para Sonora, para los trabajadores y para los colectivos”, afirmó, y anunció que en los próximos días se darán a conocer más detalles.
Finalmente, reconoció la labor de los secretarios Marath Bolaños (Trabajo) y Alicia Bárcena (Medio Ambiente), al considerar que el cierre de la huelga en Cananea marca un precedente en la defensa de los derechos laborales, ambientales y comunitarios.
Operativo en San Luis Río Colorado logra la captura de tres personas y la incautación de 87 kilos de metanfetamina, valorados en 22.5 millones de pesos.
En un importante operativo, las autoridades mexicanas incautaron un cargamento de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora. Este golpe al narcotráfico resultó en la captura de tres personas y la confiscación de 87 kilos de droga, cuyo valor se estima en 22.5 millones de pesos.
El operativo, coordinado por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, comenzó tras observar a tres individuos intentando subir un tambo a su camioneta en las inmediaciones del municipio. Al intentar huir, los agentes actuaron rápidamente y lograron detenerlos.
Dentro del contenedor se encontraron 193 bolsas con una sustancia blanca, que, tras ser analizada, resultó ser metanfetamina. Las personas detenidas y la droga confiscada fueron puestas a disposición del Ministerio Público para iniciar los procedimientos legales correspondientes.
Este decomiso se suma a otro ocurrido el 8 de diciembre, cuando las autoridades arrestaron a Juan Alberto “N”, un conductor de camión que transportaba metanfetamina, fentanilo, precursores químicos y goma de opio. El valor de estas sustancias alcanzaría los 170.5 millones de pesos.
Las acciones recientes reflejan el compromiso de las autoridades mexicanas en su lucha contra el narcotráfico, buscando reducir la circulación de drogas en el país. Las comunidades afectadas por el tráfico de sustancias ilegales esperan que estos esfuerzos continúen para mejorar la seguridad y el bienestar de sus habitantes.
Un grupo de empresarios de Sonora denunció que la CATEM en la entidad estaría utilizando huelgas sin respaldo laboral y cobros ilegales para presionar a empresas, bajo un esquema similar de extorsión y lavado de dinero al atribuido a Edgar “N”, alias El Limones, en La Laguna.
Empresarios de distintos sectores productivos en Sonora denunciaron ante Proceso que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el estado estaría reproduciendo un patrón sistemático de extorsión, similar al que autoridades federales desmantelaron recientemente en la región de La Laguna.
De acuerdo con los denunciantes, el esquema opera mediante emplazamientos a huelga sin el aval real de los trabajadores, seguidos de exigencias económicas mensuales o pagos específicos para desistirse de los conflictos laborales. Las prácticas incluirían el uso de constancias de representatividad con firmas presuntamente falsificadas, utilizadas para forzar contratos colectivos y presionar financieramente a las empresas.
Las acusaciones señalan directamente a liderazgos sindicales de la CATEM Sonora, entre ellos Carolina Lara Moreno, Marisela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, a quienes los empresarios identifican como operadoras clave del modelo. Las compañías aseguran que, al consultar a sus empleados, estos no reconocen afiliación ni representación sindical alguna por parte de dichas dirigencias.
La preocupación se concentra especialmente en Nogales, un punto estratégico para la industria maquiladora y el comercio exterior, donde los empresarios temen una escalada del conflicto similar a la ocurrida en Coahuila y Durango, regiones afectadas por el esquema de extorsión vinculado a El Limones.
El contexto cobra mayor relevancia tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó un sistema de lavado de dinero financiado mediante extorsiones, encabezado por Edgar “N”, lo que llevó al bloqueo de cuentas y empresas relacionadas con su entorno. No obstante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que no existe, hasta ahora, vínculo directo entre Pedro Haces ni la CATEM nacional con dicho operador criminal, al precisar que las investigaciones en curso no apuntan formalmente a un sindicato.
Con información de Camila Ayala Espinosa para La Jornada.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que más de 287 millones de pesos destinados al ISR fueron canalizados ilegalmente mediante un fideicomiso sin autorización fiscal.
Un juez de control vinculó a proceso a Ernesto “N”, ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, por su presunta participación en un desvío de recursos públicos superior a los 287 millones de pesos, durante su gestión al frente de la dependencia estatal.
En audiencia celebrada en Hermosillo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora presentó datos de prueba que apuntan a la existencia de contratos mediante los cuales recursos destinados al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) habrían sido desviados hacia un fideicomiso denominado “Plan de Beneficios Múltiples”, el cual carecía de autorización fiscal.
De acuerdo con la investigación, dicho fideicomiso se nutrió de fondos provenientes de la nómina estatal, en un esquema que habría involucrado a otros servidores públicos y particulares, permitiendo la distracción sistemática de recursos del erario. Con base en estos elementos, el juez determinó que existen indicios suficientes para iniciar proceso penal contra el exfuncionario.
Como medida procesal, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 13 de marzo de 2026, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará integrando pruebas y deslindando responsabilidades.
Este caso se suma a otros procesos abiertos contra exfuncionarios de administraciones anteriores en Sonora. Destaca el de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Finanzas en los gobiernos de Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich, vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los avances se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos legales, mientras los expedientes continúan su curso en los tribunales.
Raúl “N”, ex titular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Claudia Pavlovich, es vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa, mientras la FGJES avanza en la investigación de contratos irregulares entre 2017 y 2020.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de Raúl ‘N’, ex Secretario de Hacienda estatal en la administración de Claudia Pavlovich, por su probable participación en peculado y asociación delictuosa.
Durante la audiencia, el Juez consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado y ordenó su vinculación conforme a la ley.
De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos se relacionan con la firma de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, destinados a asesorías en procedimientos administrativos, cuyo manejo ahora está bajo análisis de la autoridad.
El Juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras la FGJES continúa integrando los elementos necesarios y adelantó que dará a conocer información adicional conforme avance el proceso.
Raúl ‘N’ ocupó el cargo de Secretario de Hacienda de Sonora del 2015 al 2021, periodo durante el cual se realizaron los contratos que hoy son objeto de investigación. Este caso se suma a la serie de procesos legales que involucran a ex funcionarios de la administración priista en la entidad, generando un nuevo capítulo en los escándalos de la gestión de Pavlovich.
