El acceso a la educación para niños, niñas y jóvenes con discapacidad continúa siendo limitado en América Latina y el Caribe, a pesar de los avances normativos en materia de inclusión, señaló un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El estudio “Hacia una educación sin barreras: Avances y desafíos en la educación inclusiva”, elaborado con base en el Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad (Siried), estima que aproximadamente 2.3 millones de estudiantes con alguna discapacidad están matriculados en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato en la región, lo que representa cerca de 2.5 % del total de alumnos. Sin embargo, su presencia en las aulas sigue siendo desigual y su inclusión efectiva aún insuficiente.
Los datos muestran que la participación de estudiantes con discapacidad es más baja en preescolar y aumenta progresivamente hasta los 12 años, con un máximo de 33 por cada mil inscritos, para disminuir después y llegar a 24 por cada mil a los 17 años. En primaria, secundaria y bachillerato las proporciones son de 25.9, 28.5 y 19.8 por cada mil estudiantes, respectivamente.
Aunque la mayoría de los países de la región han incorporado normas que exigen accesibilidad física en escuelas, como rampas y pasamanos, la implementación es todavía parcial. Detalles como texturas en paredes para personas ciegas, señalización visual para estudiantes con discapacidad auditiva o avisos sonoros en salidas de emergencia escasean en muchas instalaciones educativas.
Además, el informe alerta que, aunque 81 % de estos estudiantes están inscritos en escuelas regulares, menos de la mitad recibe una atención realmente efectiva en esos centros, y muchos enfrentan rezagos educativos desde los primeros años de primaria.
La desigualdad también se refleja en las tasas de finalización: mientras 99 % de los alumnos sin discapacidad concluye la primaria, solo 76 % de quienes tienen discapacidad lo logra, y la brecha se mantiene al nivel del bachillerato (82 % contra 61 %).
El informe de UNESCO subraya que, aunque la educación inclusiva esté reconocida en constituciones y leyes de la región, los obstáculos prácticos para garantizarla persisten en infraestructura, apoyos especializados y prácticas educativas adaptadas. Cerrar esas brechas requiere más que marcos normativos: es necesario contar con acciones concretas y recursos que aseguren que todos los estudiantes puedan aprender y desarrollarse en igualdad de condiciones.
