La justicia mantiene vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que una juez de distrito negara la suspensión definitiva de nuevas órdenes de arresto en su contra. Los que cargos que enfrenta incluyen asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por aproximadamente 3,412 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, el pasado 18 de agosto, la juez Jovita Vargas Alarcón otorgó una suspensión provisional y fijó una garantía de 100 mil pesos; sin embargo, Aureoles no se presentó a la audiencia de imputación del 20 de agosto, aunque sus abogados sí acudieron.
Desde febrero, Aureoles ha solicitado tres amparos contra las órdenes de arresto, pero ninguno impide la detención derivada de los nuevos cargos. En marzo, cuatro ex colaboradores suyos fueron vinculados a proceso por una operación irregular de arrendamiento y compra de inmuebles para los siete cuarteles en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Derivado de lo anterior, Aureoles se mantiene como prófugo de la justicia, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones al respecto.
Una jueza federal concedió suspensión definitiva a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, lo que impide su detención por tiempo indefinido a pesar de estar bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión fue tomada por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien resolvió otorgar la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión girada en su contra. No obstante, la medida quedó sujeta a una condición económica adicional, ya que Aureoles deberá exhibir un nuevo billete de depósito por un millón de pesos en un plazo de cinco días para mantener la protección judicial.
Aunque la jueza no especificó los actos que quedan fuera de la suspensión, señaló que esta no ampara otros posibles actos reclamados, lo que sugiere que existen investigaciones paralelas o medidas en curso que no han sido detalladas públicamente.
La FGR reaccionó de inmediato y acusó a la jueza Jovita Vargas de actuar con parcialidad, señalando que la decisión favorece de forma injustificada a Silvano Aureoles, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por irregularidades financieras, desvío de recursos y manejo opaco de fondos públicos durante su gestión como gobernador de Michoacán bajo el amparo del PRD.
“Vamos a tomar medidas legales contra la jueza por brindar una protección que consideramos injustificada”, declaró una fuente de la FGR que solicitó anonimato, lo que anticipa una nueva confrontación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Federal.
Silvano Aureoles, exmilitante perredista y figura clave del bloque opositor en sexenios anteriores, ha sido objeto de señalamientos públicos por su presunto uso discrecional de recursos, represión de movimientos sociales y complicidad con grupos de poder económico y político durante su administración.
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, deberá presentarse para comparecer frente a la jueza federal, Patricia Sánchez Nava, misma que libró una orden de aprehensión en su contra.
Al exgobernador se le acusa por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, lo que se relaciona con la pérdida de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
Aureoles deberá comparecer el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana, cosa que se notificó a Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal, quien le habría concedido una suspensión al exgobernador para que no lo detuvieran.
Debido a que no se había presentado a comparecer frente a la jueza Patricia Sánchez Nava, la Fiscalía General de la República, solicitó que se revocara la suspensión dada por Vargas Alarcón, a lo que esta se negó y por lo que estableció la fecha de audiencia para el mes de agosto.
Cabe mencionar que Aureoles Conejo pagó la garantía de 52 mil pesos que le fue impuesta, por lo que la medida cautelar se mantendrá vigente.
Es importante destacar que cuatro de los ex colaboradores de Aureoles, fueron vinculados a proceso por presuntamente ocasionar daño patrimonial al gobierno federal y estatal.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado un nuevo recurso legal contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán. Este recurso intenta anular la protección provisional que evita su detención por el desvío de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de policía estatal.
Aureoles, quien se desempeñó como gobernador entre 2015 y 2021, tramitó un amparo para evitar ser aprehendido. Sin embargo, la FGR considera que esta protección es incorrecta e injusta. Por ello, interpuso un incidente de revocación ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal.
El Juzgado ahora analizará este incidente, lo que podría llevar a la anulación de la suspensión provisional. Esta medida es crucial, ya que permite que Aureoles no rinda cuentas mientras enfrenta acusaciones de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La situación se complica para el exgobernador, ya que la semana pasada un Tribunal Colegiado ratificó la medida cautelar impugnada por el Ministerio Público Federal. La FGR continúa su lucha para que Aureoles enfrente la justicia por su presunta responsabilidad en estos delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que impidió la ejecución de la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, señalado por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero, en relación con la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil.
De acuerdo con la resolución, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal deberá decidir en un plazo de 48 horas si confirma, modifica o revoca la medida que mantiene protegido a Aureoles Conejo. El 22 de abril, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, a través de su secretario en funciones de juez, José Alberto Rodríguez Rivera, concedió la suspensión provisional, con una garantía de 52 mil pesos, la cual ya fue pagada.
Mientras la suspensión esté vigente, la FGR no podrá detener al exmandatario, incluso si llegara a imponerse prisión preventiva justificada. No obstante, Aureoles Conejo debe cumplir aún con el requisito de comparecer ante el juez que lo requiere en un plazo de tres días hábiles; de no hacerlo, la protección judicial quedaría sin efecto.
La Fiscalía sostiene que Silvano Aureoles y cuatro de sus excolaboradores provocaron un daño patrimonial estimado en 3 mil 400 millones de pesos, mediante la adquisición irregular de cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a los cuatro exfuncionarios, quienes fueron imputados también por el presunto desfalco que afectó tanto al erario federal como al estatal, en una operación que se perfila como una de las más graves de los últimos años en Michoacán.
Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó duramente al actual Poder Judicial tras revelarse que el asistente de un juez federal concedió una suspensión provisional que impidió ejecutar la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador perredista de Michoacán, acusado por delitos de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina de este jueves.
Sheinbaum subrayó que este tipo de decisiones obstaculizan los esfuerzos de combate a la impunidad, al permitir que figuras señaladas por desvío de recursos y abuso de poder evadan la acción de la justicia. Recordó además que la carpeta de investigación contra Aureoles fue integrada por la FGR mucho antes de la llegada de su administración, dejando claro que no se trata de una persecución política, sino de un caso documentado por las instituciones del Estado.
La mandataria aprovechó para evidenciar otro caso reciente, ocurrido también en Michoacán: “Hoy me informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los tres días, por un juez”.
Los hechos a los que se refiere involucran los ataques, bloqueos carreteros y disturbios violentos registrados el miércoles en al menos 16 municipios michoacanos, donde el crimen organizado generó caos sin que se lograran detenciones. La liberación de responsables detenidos previamente, dijo Sheinbaum, evidencia una falta de colaboración real por parte del Poder Judicial.
“Claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actualmente que no colabora para mejorar la seguridad del país, y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo”, denunció.
El ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró frenar temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, tras obtener una suspensión provisional concedida por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.
Sobre el conservador pesan acusaciones graves por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil durante su administración, operaciones que según la Fiscalía General de la República (FGR) se realizaron a sobreprecio y con daño directo al erario federal y estatal.
La suspensión, otorgada bajo el argumento de mantener “las cosas en el estado que actualmente guardan”, impide de momento que la orden de captura sea ejecutada, y además protege al ex gobernador incluso si en el proceso penal se le llegara a imponer prisión preventiva justificada. La medida está condicionada a que Aureoles deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
La FGR estima que el perjuicio al erario público supera los 3 mil 400 millones de pesos, por la compra inflada de instalaciones de seguridad en municipios clave como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en el periodo en que Silvano Aureoles estuvo al frente del gobierno estatal.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de su administración, señalados como cómplices en esta red de contratos irregulares que habría beneficiado a empresas cercanas y violentado procedimientos de adquisición pública.
Pese a la gravedad de las imputaciones y al monto multimillonario del presunto desfalco, el ex gobernador ha evitado comparecer formalmente ante las autoridades, optando por estrategias legales para dilatar su proceso, como el amparo que ahora lo mantiene fuera del alcance de la justicia penal.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó categóricamente las recientes declaraciones de Antonio García Conejo, quien acusó una supuesta persecución política contra su hermano, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. En conferencia de prensa, el mandatario estatal fue enfático al revelar que existe una ficha roja de Interpol contra el exfuncionario perredista y varios de sus colaboradores por presuntos desvíos de recursos públicos.
“El fiscal general Alejandro Gertz Manero ya aclaró que Aureoles es prófugo de la justicia”, subrayó Ramírez Bedolla, dejando en claro que se trata de un proceso legal, no político. De esta manera, desmintió los intentos del exmandatario y su círculo cercano por victimizarse ante las investigaciones que pesan en su contra.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirma que Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia y agregó que ya se emitió una ficha roja de la Interpol contra el exgobernador señalado de fraude, corrupción y enriquecimiento… pic.twitter.com/8N7ZyiBh1I
En relación con el caso de Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas y actualmente encarcelado, el gobernador minimizó su intento de obtener un amparo, calificándolo como “un recurso patito que no garantiza libertad”. Según explicó, dicho recurso únicamente busca permitir comunicación con el exterior, sin que ello represente alguna modificación en su estatus legal.
“La audiencia clave es el 7 de junio; hasta entonces los cuatro detenidos seguirán en prisión”, advirtió Ramírez Bedolla, en referencia a los excolaboradores cercanos de Silvano Aureoles, actualmente bajo proceso judicial.
La contundente postura del gobernador se da en medio de un contexto político tenso en Michoacán, donde el caso Aureoles continúa provocando divisiones. Ramírez Bedolla presentó la coordinación con Interpol como prueba de que no se trata de una “cacería de brujas”, sino de una acción legal fundada en evidencias.
“Hay exfuncionarios ya encarcelados y procesos en marcha”, recalcó, señalando que la justicia federal lleva el control de las investigaciones relacionadas con corrupción durante el sexenio pasado.
Mientras tanto, los aliados y familiares de Silvano Aureoles mantienen su defensa pública, insistiendo en su inocencia y calificando los señalamientos como una “vendetta política”. Sin embargo, Ramírez Bedolla cerró filas con la Fiscalía General de la República (FGR): “Las fichas rojas no se emiten por capricho, sino con pruebas”.
El gabinete de seguridad del Gobierno de México “está siguiendo con mucha precisión” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia, aseguró este martes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Durante la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal confirmó que tarde o temprano será detenido, subrayando que “no me cabe la menor duda” de que el exmandatario michoacano enfrentará la justicia.
Gertz Manero detalló que desde hace tiempo la FGR mantiene una investigación por peculado en la administración de Aureoles, en la que están presuntamente implicados cinco exfuncionarios, incluyendo al propio exgobernador. De acuerdo con el fiscal, “se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía”, pero actualmente está siendo rastreado con precisión por todo el gabinete de seguridad.
La investigación contra Aureoles y sus colaboradores surge de una serie de denuncias por la construcción de cárceles locales, donde hubo un evidente peculado de enormes dimensiones, explicó el titular de la FGR.
A pesar de los obstáculos procesales impuestos por jueces federales, la FGR logró judicializar el caso y proceder con las detenciones. Hasta el momento, cuatro de los cinco implicados han sido arrestados y se encuentran bajo proceso, restando únicamente la captura de Aureoles Conejo.
En un desarrollo judicial significativo, la jueza de control Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por una serie de delitos graves que incluyen peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública. Estos exfuncionarios han sido mantenidos en prisión preventiva debido al daño patrimonial de más de 3 mil 400 millones de pesos que se les atribuye.
La audiencia, que se prolongó durante casi 22 horas, concluyó con la determinación de un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Este período permitirá a las partes involucradas recopilar pruebas adicionales y profundizar en el análisis de los datos presentados en la carpeta de investigación. La complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo justifican este plazo, que busca asegurar que todas las evidencias sean consideradas adecuadamente.
El caso en cuestión se centra en la adquisición irregular de inmuebles para siete cuarteles policíacos en diferentes municipios de Michoacán, como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Las autoridades federales han detectado que estos inmuebles fueron arrendados y posteriormente comprados a través de una empresa llamada Inmobiliaria Dip, que fue creada en 2015 y recibió la encomienda por adjudicación directa. Esto ha generado sospechas sobre la mala administración de los recursos públicos.
Los estudios posteriores realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron sobreprecios significativos en las transacciones. Por ejemplo, en Apatzingán se pagó un sobreprecio de 76 millones de pesos; en Huetamo, de 37.4 millones; en Jiquilpan, de 90.4 millones; en Lázaro Cárdenas, de 163.4 millones; en Uruapan, de 64.2 millones; en Coalcomán, de 116 millones; y en Zitácuaro, de 103.8 millones. Estos hallazgos han fortalecido las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.
En una audiencia posterior, los abogados de Antonio Bernal, Mario Delgado y Elizabeth Pineda solicitaron el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad provisional. Sin embargo, la juez Patricia Sánchez Nava negó este cambio para Mario y Antonio, mientras que la defensa de Elizabeth se desistió de su solicitud. Por lo tanto, los cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles permanecerán en prisión y serán juzgados por todos los delitos que se les imputan.
