El crimen contra Fernando Rubén Guerrero Alcántar revela presuntos vínculos de altos mandos navales con el huachicol y abre un expediente explosivo para la FGR.
El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, pocos meses después de haber denunciado a altos mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por presuntamente dirigir una red de huachicol en puertos y aduanas.
De acuerdo con el diario Reforma, el homicidio está ligado a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La FGR sostiene que los responsables del crimen podrían estar relacionados con personal de la dependencia.
Según las indagatorias, Guerrero Alcántar, en su calidad de director general de Recaudación de Aduanas, elaboró el 14 de junio de 2024 una carta dirigida a la cúpula de la Marina, en la que señalaba que Farías Laguna y varios capitanes manipulaban las designaciones de personal en aduanas con el fin de proteger actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de combustibles.
La investigación también alcanza al hermano del vicealmirante, actualmente prófugo, mientras que la orden de aprehensión contra Farías Laguna se sustenta en los presuntos vínculos con grupos criminales y en su capacidad de influir dentro de la institución.
El asesinato del contraalmirante no solo evidenció la vulnerabilidad de los mandos que deciden denunciar, sino que también destapó un posible entramado de corrupción al interior de la Marina, en el que estarían implicados nombres de peso en la jerarquía militar.
La FGR advirtió en su solicitud judicial: “Al mantener una relación estrecha con personas de la Semar, se puede inferir que los actores materiales del homicidio pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos”.
