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  • Alejandro Puente Córdoba, solicitó un amparo y protección de la justicia en contra de cualquier orden de aprehensión

    Alejandro Puente Córdoba, solicitó un amparo y protección de la justicia en contra de cualquier orden de aprehensión

    Alejandro Puente Córdoba, empresario y fundador de una de las compañías que se vieron beneficiadas por la dependencia federal de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), solicitó un amparo y protección de la justicia en contra de cualquier orden de localización, presentación o aprehensión.

    Fue el pasado 6 de agosto cuando Alejandro Puente Córdoba tramitó un amparo en contra de una supuesta orden de aprehensión presuntamente girada por el juez de control y administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

    También el recurso pidió protección en contra de alguna orden de comparecencia y/o presentación, girada supuestamente por las investigaciones a Segalmex, refirieron fuentes judiciales.

    La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la asignación de contratos y la entrega de bienes y servicios en SEGALMEX en las cuentas públicas de 2019 y 2020.

    Las auditorías identificaron que el monto de las irregularidades que también investiga la Fiscalía General de la República (FGR) representa casi un tercio del presupuesto que recibió y ejerció el organismo entre 2019 y 2021.

    Cabe recalcar que Alejandro Puente Córdoba, quien también fungió como presidente del Consejo Ciudadano de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC), fue presuntamente beneficiado por SEGALMEX cuando esta se encontraba encabezada por Ignacio Ovalle Fernández, quien ya se encuentra en proceso de investigación por el presunto desvió de recursos federales.

    Ignacio Ovalle Fernández

    Cabe recalcar que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los presuntos actos de corrupción en Segalmex se investigan bajo la política de cero impunidad.

    Por lo anterior, el pasado 18 de agosto, Roberto Salcedo Aquino, titular de la secretaría de la Función Pública (SFP), informó que se creó un grupo de trabajo para investigar los actos de corrupción que se realizaron en el pasado en Segalmex Liconsa y Segalmez Diconsa.

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    Roberto Salcedo informó que investigan las irregularidades en Segalmex, Diconsa y Liconsa como delincuencia organizada por desvío de 9,500 mdp en administraciones pasadas

    Roberto Salcedo Aquino, titular de la secretaría de la Función Pública (SFP), informó este jueves 18 de agosto de 2022, que busca aclarar el paradero de alrededor de 9 mil 500 millones de pesos de las cuentas públicas de 2019 y 2020 de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Lincosa.

    A través de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SFP, Salcedo Aquino, detalló que durante la revisión de la cuenta pública de 2019, se tienen abiertos 84 actos de fiscalización en Segalmex correspondientes a la Cuenta Pública de 2019, año de la creación de este organismo, y que arrojaron irregularidades por 6,052 millones de pesos.

    Explicó que este año, para dar continuidad a los actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.

    De acuerdo con Salcedo Aquino, en las indagatorias se detectó la desarticulación administrativa de las tres instituciones que se sumó a un aumento en las inconsistencias de las operaciones y la apertura de información por parte de las tres instituciones entre 2019 y 2021.

    Por lo anterior, la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra diversos funcionarios por uso ilícito de atribuciones y facultades además de delincuencia organizada.

    El funcionario dijo que un servidor público fue procesado penalmente por haber invertido alrededor de 950 mdpe en instrumentos financieros de alto riesgo; el capital ya fue recuperado en su totalidad y se está en fase de determinación los intereses causados para su reintegro.

    “Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”, detalló en la conferencia de prensa matutina.

    En el ámbito administrativo, explicó, con información actualizada a la fecha, la SFP tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.

    “Con motivo de las investigaciones, se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su pronta. Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando”, puntualizó.

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