Etiqueta: Secretaría de Hacienda

  • UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

    UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

    Durante los primeros nueve meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó movimientos por más de 25 mil millones de pesos, un aumento del 14.6% respecto a 2024.

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó que hasta septiembre de 2025 se registraron 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables vinculadas a casinos, juegos con apuestas, concursos y sorteos, equivalentes a 25 mil 631 millones de pesos movilizados en este sector.

    El número de reportes representa un incremento de 14.6% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 306 mil 592 avisos, de acuerdo con datos de la UIF.

    La normativa vigente, difundida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), obliga a reportar operaciones sospechosas cuando el movimiento de dinero supera 72 mil 975.30 pesos, equivalente a 645 unidades de medida y actualización. Este mecanismo busca detectar el lavado de dinero y la introducción de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero.

    Las llamadas “actividades vulnerables” incluyen no solo casinos y apuestas, sino también operaciones con tarjetas de cupones, vales o certificados, cheques de viajero, el sector inmobiliario, notarías, transporte de dinero, comercio exterior y activos virtuales.

    De acuerdo con el informe de la UIF, presidida desde el 4 de agosto por Omar Reyes Colmenares, en total se han recibido 7 millones 327 mil 763 avisos de actividades vulnerables, de los cuales 2 millones 139 mil 613 corresponden a tarjetas de servicios, vales y monederos prepagados.

    El reporte refleja la vigilancia creciente sobre sectores de alto riesgo, subrayando la necesidad de transparencia y control en el manejo de grandes sumas dentro del sistema financiero, especialmente en el ámbito de los juegos de azar y apuestas.

  • Así operaban los casinos señalados por Hacienda por presunto lavado de dinero

    Así operaban los casinos señalados por Hacienda por presunto lavado de dinero

    Autoridades federales bloquearon casinos en ocho estados tras descubrir esquema de apuestas falsas y robo de identidad para operaciones millonarias internacionales.

    El gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad federal, detectó un esquema de 13 casinos presuntamente involucrados en lavado de dinero, operando en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones identificaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y flujos internacionales hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificación de su origen. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) confirmó que las investigaciones incluyen suspensión temporal de casinos físicos, bloqueo de cuentas y páginas electrónicas asociadas.

    La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, precisó que los afectados nunca supieron que estaban implicados, y que no se ha encontrado participación de grupos delictivos organizados dentro del esquema.

    La presidenta Claudia Sheinbaum agregó que ya se trabaja en una reforma para endurecer la regulación de casinos, especialmente ante el auge de servicios digitales y plataformas de apuestas que antes no existían, lo que reforzará la prevención de delitos financieros.

  • Gobierno acuerda con refresqueras reducir 30% de azúcar en bebidas

    Gobierno acuerda con refresqueras reducir 30% de azúcar en bebidas

    La medida busca disminuir riesgos de diabetes, hipertensión y obesidad sin aumentar el gasto de los consumidores; el IEPS se mantiene parcialmente.

    El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y Hacienda, llegó a un acuerdo con empresas refresqueras para reducir 30% el contenido de azúcar en jugos y refrescos procesados. El anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, tras la discusión en la Cámara de Diputados sobre los impuestos a bebidas azucaradas.

    El acuerdo contempla que el IEPS para bebidas con azúcar se mantenga en 3.08 pesos por litro, en lugar de subir de cero a ese nivel, y que las empresas fomenten el consumo de productos light y eviten publicitar refrescos de 3 litros. Clark explicó que el objetivo es reducir el consumo de azúcar, especialmente en niños y adolescentes, sin afectar el gasto familiar.

    La mandataria destacó que el incremento de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad requiere medidas preventivas. “No se trata de prohibir, sino de garantizar una alimentación saludable y disminuir los precursores de estas enfermedades que hoy afectan a niños, adultos y personas mayores”, señaló Sheinbaum.

    Además, las empresas se comprometieron a modificar sus campañas publicitarias, promoviendo productos bajos en azúcar y priorizando la información sobre decisiones de salud para los consumidores. Se busca que estas acciones tengan un efecto a largo plazo, evitando que la situación se agrave en las próximas décadas y sobrecargue al sistema de salud.

    Sheinbaum reiteró que esta primera medida es un acuerdo inicial, que seguirá evolucionando, y que no es un tema de recaudación sino de protección de la salud pública, reforzando la estrategia del gobierno federal para enfrentar los riesgos asociados a los alimentos procesados.

  • Yasmín Esquivel retira proyecto sobre el caso Totalplay y Hacienda

    Yasmín Esquivel retira proyecto sobre el caso Totalplay y Hacienda

    La ministra Yasmín Esquivel decidió detener un proyecto que buscaba que la Corte desestimó un recurso de Hacienda en un caso contra Totalplay, relacionado con un crédito fiscal millonario.

    Yasmín Esquivel retiró un importante proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra decidió suspender en el último momento una propuesta que buscaba rechazar un recurso de la Secretaría de Hacienda contra una sentencia favorable a Totalplay, empresa de Ricardo Salinas Pliego. Este caso se centra en un conflicto por un crédito fiscal que supera los 645 millones de pesos.

    El litigio empezó cuando Totalplay impugnó un crédito fiscal impuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal determinó esa deuda en 2017, y la empresa no estuvo de acuerdo. Por eso, promovió un juicio contencioso-administrativo, que fue confirmado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La compañía buscaba que la justicia le reconociera que podía deducir ciertos pagos realizados a distribuidores, por más de 620 millones de pesos.

    En 2024, la SCJN intervino para proteger los derechos de Totalplay. La Sala concedió un amparo que ordenó al TFJA revisar su sentencia y emitir una nueva resolución. La justicia buscaba que la empresa pudiera deducir esas comisiones y ajustar su crédito fiscal. El tribunal ordenó también que la autoridad fiscal emitiera una nueva determinación en un plazo de cuatro meses, según la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCyA).

    A pesar de ello, la empresa de Salinas Pliego volvió a impugnar. Presentó un segundo amparo, esta vez cuestionando la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCyA. La empresa argumentó que ese plazo violaba su seguridad jurídica, pues reabría plazos de caducidad. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó ese argumento, pero la empresa no se quedó callada. Interpuso un recurso de revisión ante la SCJN.

    En abril de 2025, la entonces ministra presidenta Norma Piña admitió el recurso de revisión 2526/2025. La Secretaría de Hacienda, por su parte, impugnó esa admisión con un recurso de reclamación. El caso fue enviado en septiembre a la ministra Yasmín Esquivel, quien tenía en sus manos la decisión final.

    Este jueves, en la sesión de la Corte, la ministra Esquivel anunció su retiro del proyecto que buscaba rechazar el recurso de Hacienda. De esta forma, se dejó abierta la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 52 de la LFPCyA. La decisión permite que la Corte analice en el fondo si ese plazo viola derechos constitucionales, como la seguridad jurídica.

    Con esta acción, la ministra Esquivel envió un mensaje claro: la Corte continuará revisando un caso que puede marcar precedentes importantes en materia fiscal y derechos constitucionales. La resolución deja en manos de los jueces la decisión final sobre cómo deben interpretarse los plazos y procedimientos en estos casos.

  • Niegan suspensión provisional a diputada por bloqueo de cuentas bancarias

    Niegan suspensión provisional a diputada por bloqueo de cuentas bancarias

    Un juez federal negó a la diputada morenista Hilda Brown la suspensión para descongelar sus cuentas bancarias, tras no probar que fuera su titular. 

    La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, no logró frenar el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Un juez federal le negó la suspensión provisional dentro del amparo que promovió para ser retirada de la lista de personas bloqueadas, al considerar que no acreditó ser la titular de las cuentas congeladas.

    El Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, con sede en Tijuana, determinó que la legisladora no presentó documentación que probara su interés jurídico, lo que impidió concederle la medida cautelar. El juzgador añadió que, aunque la solicitud de Brown no contraviene el orden público, no se advierten perjuicios directos en su esfera jurídica, debido a la falta de pruebas sobre la propiedad de los fondos reclamados.

    Brown Figueredo, diputada de Morena por Baja California, interpuso el recurso el pasado 2 de octubre, al impugnar el acuerdo 282/2025 mediante el cual Hacienda la integró en la lista de personas bloqueadas, lo que derivó en el congelamiento de cuentas en Banco Mercantil del Norte. En su solicitud, la legisladora alegó que los actos eran “ostensiblemente inconstitucionales” y pidió que se le retirara del listado para recuperar el acceso a sus recursos financieros.

    No obstante, el juez requirió a la autoridad responsable rendir un informe en un plazo de 48 horas, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, podría presumirse cierta la existencia del acto reclamado y aplicarse una multa de hasta 2,295 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

    Cabe recordar que, en septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Hilda Brown en una lista de presuntos colaboradores del grupo criminal “Los Mayos”, una facción del Cártel de Sinaloa que opera en Baja California. La legisladora negó en su momento cualquier relación con organizaciones delictivas y aseguró que sus cuentas no habían sido congeladas por el Gobierno mexicano.

    Sin embargo, el nuevo fallo judicial confirma que sus recursos sí fueron objeto de bloqueo por parte de la SHCP, dentro de las acciones de coordinación con autoridades financieras internacionales.

  • Ingresos fiscales suben 9.1% en 2025 y Hacienda proyecta 6.5 billones para 2026

    Ingresos fiscales suben 9.1% en 2025 y Hacienda proyecta 6.5 billones para 2026

    El aumento en recaudación se debe a controles más estrictos y combate al contrabando; la meta de 2026 se fija en 6.5 billones de pesos.

    Bajo instrucción del gobierno federal, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, presentó los avances de la recaudación fiscal de 2025 y las proyecciones para 2026, destacando un incremento real del 9.1% en los ingresos tributarios y no tributarios, equivalente a 542 mil millones de pesos adicionales respecto al año pasado.

    El funcionario explicó que este crecimiento refleja el fortalecimiento de las finanzas públicas, impulsado por un mejor desempeño en comercio exterior, que aportó cerca de 200 mil millones de pesos del total, y por la aplicación de controles más estrictos contra la evasión fiscal, corrupción y contrabando.

    Durante el periodo de enero a septiembre de 2025, Hacienda reportó que se alcanzó el 77.8% de la meta anual establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, al superar los objetivos nominales en 470 mil millones de pesos. Esto se traduce en un aumento real del 3.3% en ingresos tributarios y del 16.8% en ingresos no tributarios, lo que ha consolidado un crecimiento total de 4.6% en términos reales.

    De cara a 2026, la meta de ingresos fiscales se proyecta en 6.5 billones de pesos, con un crecimiento estimado del 4.3% respecto a los ingresos tributarios y no tributarios. Amador Zamora subrayó que estas cifras se lograron gracias a la coordinación del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Ingresos, aun con un crecimiento económico moderado.

    Además, el secretario de Hacienda anunció propuestas de reforma al Código Fiscal de la Federación, enfocadas en reforzar medidas contra la emisión de facturas falsas y el uso de empresas fantasma, con el objetivo de garantizar mayor equidad fiscal y proteger los recursos públicos.

  • No hay pruebas de lavado en Vector, CIBanco e Intercam, aclara Hacienda

    No hay pruebas de lavado en Vector, CIBanco e Intercam, aclara Hacienda

    La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio.

    Las sanciones, señaló Hacienda, derivan de incumplimientos administrativos, y no de vínculos probados con lavado de dinero, como sugirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE.UU. La dependencia federal reiteró que, de contar con evidencia de delitos financieros, se actuará con todo el peso de la ley.

    El comunicado busca mantener la confianza en el sistema financiero y aclarar que las multas reportadas por la CNBV no son nuevas, sino parte del mismo proceso informado desde el 25 de junio, cuando se impusieron las primeras sanciones por 134 millones de pesos. Los 50 millones restantes corresponden a revisiones previamente notificadas.

  • Emilio Romano defiende la solidez del sistema financiero mexicano

    Emilio Romano defiende la solidez del sistema financiero mexicano

    El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, aseguró que las represalias del Departamento del Tesoro norteamericano, en contra de unos bancos, no afectan el sistema financiero del país. Esto luego de que se diera a conocer que las sanciones impuestas por el organismo estadunidense tendrían una prorroga de poco más de un mes.

    “Hoy por hoy es una medida administrativa, pero no ha quedado fehacientemente comprobada. No hay más bancos ni casas de bolsa involucradas en esta investigación.

    Esta prórroga habla muy bien de la relación con Estados Unidos”, afirmó Emilio Romano.

    El presidente de la ABM explicó que el aplazamiento de las sanciones a los bancos implicados, con extensión de 45 días fue solicitado al Departamento del Tesoro por parte la Secretaría de Hacienda a petición de la institución que preside.

    Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó en conferencia de prensa que: “Se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la Casa de Bolsa, y particularmente uno de los bancos, tenía una serie de fideicomisos, que está interviniendo Hacienda para fortalecer y que no haya problema con todos aquellos que son parte de los fideicomisos“.

    Mediante un comunicado el Tesoro norteamericano anunció que “esta prórroga refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo la asunción temporal de la administración de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito”.

    El presidente de la ABM también aclaró que no existe un problema de credibilidad en el sistema financiero; que las acusaciones a bancos son situaciones que se llegan a repetir, pero que en caso de ser reales las denuncias, entonces habrán consecuencias, “Vamos a continuar siendo una banca muy resiliente, muy preparada y poder prevenir cualquier incidente” concluyó.

  • Avalan en el Senado extinción del Coneval y traspaso de funciones al Inegi

    Avalan en el Senado extinción del Coneval y traspaso de funciones al Inegi

    Con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado de la República aprobó la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

    El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca optimizar recursos, evitar duplicidades y fortalecer la evaluación de políticas sociales al concentrarlas en una sola institución. El Inegi asumirá tareas clave como medir la pobreza, evaluar programas sociales, emitir recomendaciones y actualizar los lineamientos técnicos de medición.

    La reforma también mantiene en la Secretaría de Hacienda las atribuciones del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, y armoniza varias leyes con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución.

    Durante el debate, legisladores destacaron que la medida permitirá ahorrar hasta 9 mil 300 millones de pesos. La senadora Andrea Chávez defendió la integración bajo el Inegi como una mejora en eficiencia y coordinación. La oposición advirtió posibles riesgos en la independencia de la medición de la pobreza. El dictamen será enviado a la Cámara de Diputados.

  • Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

    Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

    El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero.

    El dictamen recibió 74 votos a favor de Morena y sus aliados. En contra votaron 13 senadores del PRI y algunos panistas, mientras que 19 senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se abstuvieron. La mesa directiva anunció que el documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

    Las reformas incluyeron cambios de última hora. Se eliminó toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva para estas modificaciones, argumentando que la figura era innecesaria y podía crear confusiones jurídicas.

    Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mencionar el caso de tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero. Preguntó si la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían ignorado información relevante.

    Guadalupe Chavira, de Morena, respondió que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria han informado sobre investigaciones en curso. La oposición expresó su apoyo a la lucha contra el lavado de dinero, pero advirtió que esta causa se usa como un “Caballo de Troya” para imponer vigilancia sin control.

    Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña señalaron que la definición de “Persona Políticamente Expuesta” es ambigua, lo que podría llevar a sospechas injustificadas sobre ciudadanos comunes. La priísta Claudia Anaya comentó que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al permitir que la Guardia Nacional realice labores de investigación.

    Morena calificó estas afirmaciones como exageradas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo. Su objetivo es evitar que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos.

    Oscar Cantón Zetina, de Morena, destacó que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es clave para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Enfatizó que la propuesta no es abusiva, sino necesaria para combatir las redes de encubrimiento generadas por la delincuencia organizada.