El Senado confirmó que Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no rendirá protesta el próximo lunes debido a un accidente automovilístico que sufrió, por lo que se encuentra en proceso de recuperación.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, explicó que se consultó la posibilidad de realizar la protesta a través de videoconferencia, pero por motivos legales y de protocolo no es posible. Por ello, Guerrero tomará protesta una vez que se recupere por completo.
El legislador señaló que no habrá afectaciones al funcionamiento de la Suprema Corte, ya que el pleno puede operar con presencia de ocho de los nueve ministros. Guerrero se incorporará formalmente a las labores del tribunal tras rendir protesta ante el Senado.
Según un comunicado del ministro electo, el accidente ocurrió la noche del 22 de agosto en avenida Río Churubusco, Ciudad de México, cuando otro automóvil impactó el vehículo en el que viajaba con tres personas más. Guerrero sufrió fracturas en tórax y nariz, que requirieron intervenciones quirúrgicas.
El Senado aseguró que la salud del ministro es prioridad y su incorporación a la SCJN se dará en cuanto esté en condiciones médicas para asumir el cargo.
La impugnación a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló una red que opera contra la democracia mexicana, la cual se encuentra vinculada al empresario Claudio X. González Guajardo, la llamada “Marea Rosa”, exconsejeros del INE como Lorenzo Córdova Vianello, y los magistrados electorales Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.
De acuerdo con información de Nancy Flores para Contralínea, estas estructuras, bajo la fachada de “sociedad civil organizada”, buscan disputar el poder político mediante ventajas ilegítimas al interior del INE y del TEPJF, con el objetivo de fundar un partido de derecha. La organización Personas Sumando en 2025 A.C., que pretende convertirse en el partido “Somos México”, agrupa a exfuncionarios del INE y del PRD, así como aliados de Claudio X., como Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo y Gustavo Madero.
El magistrado Rodríguez Mondragón, cercano a la administración de Felipe Calderón y a los intereses de Claudio X., avaló un “amicus curiae” de Personas Sumando en 2025 para impugnar la elección de ministros, mostrando la influencia directa de estas redes en el Tribunal Electoral. Exconsejeros como Edmundo Jacobo Molina, Carlos Ferrer Silva y Gabriel Mendoza Elvira forman parte de esta estructura y mantienen cercanía con Córdova y otros miembros de la Marea Rosa.
Estas alianzas también se extienden a la observación electoral y el litigio estratégico, como evidenció la firma del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) en 2023, coordinado por Rodríguez Mondragón y organizaciones civiles vinculadas a Claudio X., dejando en manos de actores opositores a la 4T la supervisión de procesos electorales clave.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los integrantes de la Marea Rosa “ya no se sienten representados” por el PAN, el PRI ni otros movimientos, por lo que buscan formar su propio partido. Destacó que, aunque tienen derecho legal a constituirse como partido, no han presentado propuestas claras más allá de defender las diputaciones plurinominales, las cuales responden a intereses propios.
El proceso de Personas Sumando en 2025 está lejos de cumplir los requisitos legales, dado que hasta el 21 de agosto, de las 200 asambleas distritales necesarias para enero de 2026, solo se han concretado 83, mientras que 61 se cancelaron por falta de quórum. Según Sheinbaum, la organización ha reducido su presencia en manifestaciones públicas y se centra en consolidar su estructura política.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF, presentó un proyecto en el que propone validar la elección del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar infundados los señalamientos de la excandidata Verónica Patricia Gómez Schulz.
En su resolución, el magistrado subraya que “para anular una elección, los hechos deben estar debidamente probados, ser graves, dolosos y determinantes”. Sin embargo, destacó que las pruebas presentadas por la denunciante —fotografías y videos en redes sociales— no acreditan la existencia de una estrategia masiva ni sistemática para coaccionar el voto mediante el uso de supuestos “acordeones” o guías de votación.
De la Mata sostuvo que el Consejo General del INE actuó conforme a derecho al declarar la validez de los resultados, asignar las magistraturas y entregar las constancias de mayoría. Añadió que el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados debe prevalecer cuando no se cumplen los criterios de nulidad.
El proyecto también desechó recursos extemporáneos, entre ellos uno presentado por el magistrado electo Rufino León y otro del PAN, al determinar que los partidos políticos están impedidos para intervenir en este tipo de controversias.
De aprobarse en la Sala Superior del TEPJF, el fallo confirmaría de manera definitiva la integración del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, clave en el nuevo modelo de justicia impulsado en el país.
Arístides Rodrigo Guerrero García, próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo un accidente automovilístico este viernes, entre las 22 y 23 horas, al regresar de la Ciudad de Oaxaca, después de haber participado en un evento público de la Fiscalía del Estado.
Hoy, desde la bella e histórica biblioteca Fray Francisco Burgoa, en la ciudad de #Oaxaca, participé en el Encuentro Nacional de Fiscales Electorales con la conferencia “Inteligencia artificial e impartición de justicia”. pic.twitter.com/st83kjCiab
— Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 22, 2025
“El ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero García sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, cuando se trasladaba del aeropuerto hacia su domicilio(…) presentó fracturas de tórax y en la nariz”, anunció su equipo de comunicaciones en redes sociales.
La preocupación de muchos se debe a que el ministro Guerrero se encuentra a una semana de entrar en funciones en la SCJN; sin embargo, en la misma circular informativa publicada en X se asegura “estará activo para asumir sus obligaciones” y “derivado del inicio de la Nueva Suprema Corte, cuenta con el apoyo de todas y todos sus integrantes”.
Arístides Guerrero fue intervenido quirúrgicamente después del infortunio; sus fuentes aseguran que se encuentra estable y su familia confirma que tiene buen pronóstico.
El equipo de comunicación social del Ministro electo, Arístides Rodrigo Guerrero García comunica lo siguiente: pic.twitter.com/Spl3VXhLNk
— Arístides Rodrigo Guerrero García (@AristidesRodri) August 24, 2025
“El Ministro electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de Ministras y Ministros el próximo 1 de septiembre de 2025”, comparten con total seguridad los cercanos al ministro.
Arístides Guerrero García ganó su lugar en la SCJN, en la pasada elección judicial del 1 de junio. Guerrero tiene un amplio recorrido profesional en cargos públicos y académicamente cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancará actividades el 1 de septiembre con un programa inédito que incluye un ritual de purificación indígena, la entrega de bastones de mando, un fandango popular y la apertura de sus puertas al pueblo de México, cerradas desde 2020.
De acuerdo con el programa preliminar, los nueve ministros electos participarán desde las 5 de la mañana en la sede de la Corte con una ceremonia ancestral, seguida por un acto en la zona arqueológica de Cuicuilco. Posteriormente, a las 16 horas, recibirán el bastón de mando y servicio en un encuentro que reunirá a más de 1,500 personas, entre pueblos indígenas, afromexicanos y autoridades de los tres niveles de gobierno.
El itinerario contempla también la toma de protesta en el Senado, un fandango musical y, a las 21:30 horas, la simbólica apertura de puertas de la SCJN al pueblo de México, cerradas durante las presidencias de Arturo Zaldívar y Norma Piña.
La jornada culminará a las 22 horas con la sesión solemne de instalación de la nueva Corte, a la que se prevé asista la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que será el primer acercamiento formal entre el Poder Judicial y el Ejecutivo tras más de dos años de distanciamiento.
El abogado Vidulfo Rosales, quien durante una década representó a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, anunció su renuncia al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, donde trabajó por más de 24 años.
Rosales explicó que su decisión se basa en motivos personales, además de la falta de recursos y respaldo político para continuar con la defensa de los familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014.
De acuerdo con diversas versiones, Rosales podría integrarse al equipo de trabajo de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien asumirá funciones el 1 de septiembre de 2025.
Nacido en 1976 en Totomixtlahuaca, Guerrero, Rosales ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la justicia social, especialmente en comunidades indígenas. Debido a esto, a lo largo de su carrera, ha enfrentado amenazas y presiones, al grado que se ha visto obligado a salir del país por razones de seguridad.
Su caso más destacado fue como abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que denunció la complicidad del crimen organizado con autoridades y la indiferencia del Estado ante la crisis de desapariciones en México.
Durante 24 años en Tlachinollan, Rosales defendió a mujeres víctimas de violencia, campesinos despojados de sus tierras y familias afectadas por desaparición forzada, dejando una huella profunda en la lucha por los derechos humanos en México.
Su salida marca un cambio importante en el caso Ayotzinapa, mientras se prepara para lo que sería una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, conocida como la “ministra del pueblo”, denunció un golpeteo mediático en su contra y acusó difamación sobre sus ingresos y declaraciones fiscales.
Batres aseguró que, desde su llegada a la Corte, ella y su equipo han generado un ahorro al erario de 18 millones 880 mil 190 pesos, al devolver 4.7 millones directamente y al dejar de percibir 14.1 millones en prestaciones ilegales.
Explicó que en su declaración patrimonial no se reflejan los 3.5 millones recibidos en 2024, porque de ese monto devolvió 1.4 millones. Añadió que sus ingresos fueron más altos que los del expresidente López Obrador porque reportó todo 2024, incluyendo el aguinaldo de 2023 pagado en enero de 2024.
La ministra destacó que gasta menos en viáticos y boletos de avión que otros integrantes del Tribunal, y subrayó que ha presentado 637 sentencias, cifra superior al promedio de ministros en 2024 y 2025.
“Aunque les moleste tanto, seguiré siendo austera. Su difamación no lo modificará”, afirmó Batres, quien advirtió que las críticas sólo buscan justificar los privilegios de la Corte y reiteró que no será cómplice de esos abusos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se prepara para tomar una decisión clave sobre los “acordeones”, la polémica estrategia de guías de voto que favoreció a nueve candidaturas en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La resolución de este miércoles marcará un precedente para las elecciones judiciales de 2027.
La magistrada Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón presentarán proyectos para anular la elección, revocar constancias de mayoría y ordenar una elección extraordinaria, tras evidenciar que los acordeones operaron como propaganda ilícita y coordinada, según reveló Milenio. En 29 entidades federativas se distribuyeron miles de ejemplares tanto impresos como digitales, que ayudaron a concentrar el 46% de la votación en las candidaturas favorecidas, resultando en una probabilidad atípica frente a las 64 opciones disponibles.
En contraste, los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes consideran que no existen pruebas suficientes para acreditar que los acordeones influyeron en el voto ni que hubo uso indebido de recursos públicos. Además, prevén que el INE continúe investigando el origen de las guías, pero sin que esto afecte la validez de la elección.
El consejero Martín Faz advirtió que permitir esta estrategia sentaría un precedente peligroso, legalizando prácticas que vulneran la libertad del voto y permiten que grupos externos impongan candidaturas en futuras contiendas.
La decisión final del TEPJF será crucial no solo para la SCJN actual, sino también para establecer reglas claras sobre la intervención de terceros en el voto de las elecciones judiciales y proteger la integridad del sufragio ciudadano en México.
La administración de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido una de las más controvertidas. Bajo su liderazgo, la Corte se ha visto envuelta en críticas severas. Muchos la ven como parte del llamado “Cártel de la Toga”.
Piña ha defendido sus decisiones con la idea de construir legitimidad. Sin embargo, sus sentencias han reflejado más intereses políticos que justicia. La Corte, bajo su mando, parece alejarse de su función principal: proteger los derechos de los ciudadanos.
Los detractores argumentan que la gestión de Piña ha priorizado la lealtad política sobre la justicia imparcial. Las críticas apuntan a que sus decisiones a menudo favorecen a grupos de poder. Esto ha generado desconfianza en la justicia y ha debilitado la credibilidad de la Corte.
A pesar de su discurso sobre democracia y derechos humanos, muchos ven contradicciones en su actuar. La SCJN, una vez un bastión de la justicia, ahora se enfrenta a un cuestionamiento constante. La historia juzgará su legado, pero por ahora, el rótulo de “Cártel de la Toga” pesa sobre su administración.
Al cerrar este capítulo, la sociedad espera un cambio radical en la SCJN. La nueva integración debe enfocarse en recuperar la confianza y garantizar la justicia sin ataduras políticas. Norma Piña deja un legado cuestionable, marcado por la polémica y la desilusión.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció la prohibición de narcocorridos y canciones que hagan apología del delito o glorifiquen la violencia en todos los eventos y espacios públicos del estado.
La medida, presentada en un mensaje a la ciudadanía, busca proteger a las nuevas generaciones de contenidos que —según el mandatario— “seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”.
El decreto aplicará en plazas públicas, auditorios, estadios, ferias y centros de espectáculos, y exhorta además a los 18 municipios de Querétaro a adecuar sus reglamentos para extender la restricción a lugares privados como bares y centros nocturnos.
Kuri recalcó que la decisión no atenta contra ningún género musical, sino contra la normalización de la violencia y la apología del delito. De igual manera recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido límites a la libertad de expresión cuando se incita al crimen o se celebran conductas delictivas.
“En Querétaro defendemos la paz y el bien común. No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. La libertad no existe sin responsabilidad”, concluyó el gobernador.
