Este lunes 19 de junio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, lanzó una propuesta al pleno de la SCJN, la cual busca invalidar la segunda parte del Plan B que el Presidente Andrés Manuel López Obrador buscó implementar en materia electoral. El rechazo se derivaría por violaciones al proceso legislativo para su aprobación.
“El proyecto propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado ‘Plan B’ en materia electoral pues se estima que, durante la aprobación del decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido’’, informó el máximo tribunal constitucional del país.
Los recursos jurisdiccionales por los que la oposición impugnó el decreto publicado el 2 de marzo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismo que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), puede ser catalogado como inconstitucional debido a que durante el proceso de su aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, hubo inconsistencias de gravedad.
En mayo pasado, ocho de los 11 ministros que conforman la SCJN aprobaron invalidar el decreto correspondiente al primer paquete del llamado “plan B’’ electoral, por el que el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con el nuevo proyecto pendiente de resolución, cita el comunicado, se actualizan “todas las violaciones acreditadas al analizarse la primera parte’’ del paquete de cambios “por la simple razón de que ambos Decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
“La Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados y, lo más importante, tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas.
“En el caso que ahora se discutirá, se destacan violaciones adicionales graves al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior. Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores“.
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