La destitución de Isidro Avelar Gutiérrez como juez de circuito fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras denuncias de que tenía vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Esto se produjo después de que se alegara que había hecho declaraciones al gobierno de los Estados Unidos.
El 20 de febrero de este año, la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de aprobar la destitución del exadministrador de justicia fue rechazada por el alto tribunal en sesión privada.
El exadministrador de justicia había apelado la decisión de revisión administrativa tomada el 10 de noviembre de 2021.
Actualmente, Avelar Gutiérrez enfrenta un proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito por 12 millones 20 mil 474 pesos.
El exmagistrado estuvo interno por casi dos años en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit. El delito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR) no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el año pasado logró volver a su casa, tras interponer diversos recursos legales, que le permitieron sustituir la medida cautelar de prisión preventiva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la Controversia Constitucional que impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad.
Este es el cambio que fue aprobado rápidamente el sábado 22 de julio por el Congreso estatal en sesión remota.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Mena, de la Comisión de Receso de la SCJN, atendieron el tema.
Los ministros concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria.
Además, no procederá a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se interrumpirá el pago de sus percepciones.
Así justificó el tribunal la decisión:
Ante todo, se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado.
Ahora, la SCJN comenzará a analizar si la reforma siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta.
Este miércoles, el aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández visitó la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México donde daría una asamblea informativa.
Al grito de “¡Presidente, presidente!” habitantes de la alcaldía de la Ciudad de México recibieron a López Hernández, quien iba acompañado de su esposa, Dea Isabel Estrada. Recorrió las calles en donde saludo y escucho las peticiones de algunas personas.
📹 #Vídeo | "¡Presidente, presidente!": corean habitantes de Tlalpan, CDMX, ante la llegada de @adan_augusto y su esposa, Dea Isabel Estrada.
El tabasqueño ofrecerá una asamblea informativa al sur de la capital.
Durante su discurso dijo estar emocionado de estar con los asistentes y resaltó la participación de los adultos mayores, ya que los de la Ciudad de México siempre estuvieron apoyando al presidente Andrés Manuel López Hernández, en las buenas y en las malas.
Asimismo, expresó que las personas mayores son ejemplo de una política pública enfocada en el aspecto social. En este mismo sentido, recordó que cuando fue candidato municipal de Villahermosa, en 2003, tomó como ejemplo la política pública de López Obrador.
En su intervención también resaltó el aumento a la pensión universal, el cual será del 25% en enero de 2024, con lo que esta será de 6 mil pesos.
Otro de los puntos importantes que tocó fue la necesidad de reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial, ya que estos están al servicio de la mafia en el país.
Regresar a la Ciudad de México es siempre emocionante.
Aquí, el movimiento popular iniciado en Tabasco, se hermanó con las luchas democráticas y sociales de todo el país, y escribió algunas de las páginas más gloriosas de nuestra historia.
Un grupo de legisladores y legisladoras de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una solicitud de juicio político en contra de algunos ministros de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los que señalan de haber no solo traicionado al pueblo de México, sino de ganar más que el líder del Ejecutivo y echar atrás la reforma electoral, violando con ello las atribuciones del Poder Legislativo.
Entre los ministros del Poder Judicial señalados están Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 110 y 114, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, venimos a formular la denuncia de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”.
Precisa el documento
El diputado Alejandro Robles Gómez acusó que los ministros han abusado y faltado a la Ley Federal de Remuneraciones: “esta demanda de juicio político porque no es capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo de México, para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros que han decidido ampararse”.
“¡Nunca más jueces, jueces, magistrados y magistradas que se pongan en contra de la voluntad del pueblo!”, agregaron los diputados en sus redes sociales.
El magistrado Alberto Pérez Dayán es señalado de ser uno de los principales aliados de la oligarquía, así como de votar en contra de los intereses del pueblo o de los más necesitados.
El medio Polemon dio a conocer que el ministro Luis María Aguilar Morales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN)aceptó atraer al máximo tribunal del país el caso con el que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Elektra, busca evitar el pago de impuestos.
Según el medio, el ministro hizo suyas dos solicitudes de Elektra que buscan evitar que Elektra pague los impuestos que debe desde hace más de 12 años.
Por ello, será tarea de la Segunda Sala de la Corte la que decida si acepta la petición del ministro de intervenir y así poner fin al juicio fiscal que Salinas ha logrado alargar más de una década.
La primera solicitud es un amparo que busca evitar el pago de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe desde el 2011, más actualizaciones, recargos y multas.
La segunda se trata sobre el ejercicio de facultad de atracción 152/2023 promovido ante la SCJN. Esto es en contra del fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el cual el 30 de noviembre del año pasado reiteró que procede el pago de impuestos.
Elektra ha buscado por varias instancias y recursos legales tratando de evitar el pago de impuestos adeudados. En 2016 promovió un recurso de revocación, que perdió.
Por ello buscó apelar al TFJA, que en octubre de 2020 ratificó que la compañía tenía que pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Un proyecto que proponía declarar inexistente la omisión por parte del Senado de la República por falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de comisionados del propio Instituto fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por una mayoría de ocho votos a favor de las siguientes consideraciones generales:
1) La realización por parte del Senado de algunas actuaciones tendientes a realizar los nombramientos respectivos, que no culminaron con estos, no implica la inexistencia de la omisión determinada.
2) La previsión constitucional en el sentido de que el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales esté integrado por siete comisionados o comisionadas, implica un mandato para que los órganos responsables hagan los nombramientos correspondientes en un plazo razonable.
3) La falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del organismo constitucional autónomo, que funge como garante de la protección de los derechos señalados.
Por lo anterior, el proyecto que pretendía establecer la inexistencia de dicha omisión fue rechazado, y la resolución será resuelta por el Pleno de la Corte en su próxima sesión, luego de ser devuelto a un ministro elegido entre los que integraban el mayoría.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició el Controvertido Constitucional 280/2023 contra la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con el fin de impugnar la constitucionalidad de la no designación del Senado de candidatos para cubrir tres cargos para las personas, el propio Instituto se había encargado de llenar.
La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso del fiscal general del estado de Morelos, donde se determinó que este no puede ser procesado por delitos federales debido ya que cuenta con fuero institucional.
La Segob informó que existen suficientes elementos para señalar la falta de probidad y la actuación sospechosa del fiscal morelense durante el tiempo que ha permanecido en su cargo.
Otro punto del que se habló en el documento fue que el pasado miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se fijara la fecha de la audiencia para la vinculación a proceso de Uriel C., hecho que llamó la atención ya que una semana después de esto, la Corte resolvió una controversia admitida 20 meses atrás para concluir que el fiscal gozaba de fuero constitucional.
Asimismo, la dependencia resaltó que la actuación del juez de control a cargo de la causa resultó atípica.
En el comunicado, la Segob agregó que el fuero constitucional solo aplica a los casos de delitos federales y no del fuero común,“como es el caso de las carpetas de investigación atraídas por la FGR en su contra por la posible comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia previstos en el Código Penal para el Estado de Morelos”, se lee en el escrito.
Por esto, se puede proceder penalmente en contra del fiscal general del estado, no se requiere que el Congreso local emita un pronunciamiento al respecto. Siendo así, la FGR puede investigar y perseguir los delitos del fuero común en contra del fiscal de Morelos, por lo que no podrá escudarse en la resolución de la Corte.
Por último, la Segob señaló que no habrá impunidad para las autoridades que imparten la justicia en el país.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los fiscales estatales sí cuentan con fuero; lo que incluye a Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, por lo que la Fiscalía está impedida para proceder penalmente en su contra
La Primera Sala del alto tribunal aprobó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso declarar fundada la controversia constitucional que promovió el Congreso de Morelos e invalidar la resolución de la Cámara de Diputados, por medio del cual declaró que el fiscal morelense no gozaba de fuero constitucional.
A pesar de que Uriel Carmona cuenta con fuero, ha sido señalado de haber incurrido presuntamente en diferentes delitos de distintas índoles.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo denunció ante la FGR en marzo de 2021, debido a que lo acusó de realizar supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según información de la UIF, el funcionario de Morelos, habría cometido dichas faltas a la ley por sus nexos con grupos delictivos implicados con el tráfico de drogas.
Al respecto, un informe filtrado de la Secretaría de Marina señala que Uriel Carmona Gándara, estaría vinculado con el grupo criminal que es conocido como “Los Rojos”.
Además, a finales del 2022, la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó que el fiscal de Morelos incurrió en encubrimiento en el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Una nota de Reporte Índigo dio a conocer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)visten lujosas togas que cuestan miles de pesos del erario público, las cuales se mandan a hacer desde hace 28 años en la misma sastrería.
El periodista Daniel Flores de dicho medio informó que estas tienen un valor entre 12 y 23 mil pesos cada una, con el argumento de que la toga representa un símbolo de seriedad y máximo respeto a los ministros.
Más de 200 mil pesos mexicanos se destinaron en 2020 para otorgar estas prendas a los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Bossa y Margarita Ríos Farjat.
El desglose de la adquisición señala que el alto tribunal destino el recurso público para costear seis togas para los tres ministros del Pleno de la SCJN para sesiones ordinarias, las cuales tuvieron un valor de 23 mil 500 pesos cada una, es decir, 141 mil pesos en total.
Según datos oficiales obtenidos por medio de solicitudes de información que se hicieron en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Corte erogó 70 mil 500 pesos para la compra de tres togas más que utilizarían en eventos especiales o sesiones extraordinarias.
Cabe señalar que los ministros ocupan su cargo por 15 años y la Corte tiene dos salas, compuestas por cinco ministros cada una, que sesiona una vez a la semana.
La ley dice que los ministros tienen derecho a tres togas magisteriales cada uno, una vez iniciados sus periodos dentro del Máximo Tribunal Constitucional, estas pueden ser renovadas cuando estos lo soliciten, no necesariamente puede ser por deterioro o antigüedad.
La Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, así como la Dirección de Recursos Materiales de la SCJN indican que el otorgamiento de uniformes y vestimenta está sujeto al presupuesto autorizado por el alto tribunal, así como al Manual de Percepciones de la Corte, expedido cada año.
En su reportaje, Daniel Flores expuso que gracias a un decreto presidencial expedido hace más de 80 años, la SCJN quedó obligada a la adquisición de esta indumentaria. En donde se estableció que esta deberá ser de seda mate negra, con cuello, vueltas y puños del mismo color.
La investigación de Flores señala que de acuerdo con archivos históricos de la Corte, de 1995 a 2019 se han comprado 53 togas para los integrantes del Pleno, que sesionan los lunes, martes y jueves, a las 11:00 de la mañana.
Tomando en cuenta dicho periodo, la Corte ha gastado 773 mil 783 pesos solo para esa prenda de vestir. La cantidad no incluye los birretes, pues estos tienen un precio de mil 500 pesos cada uno.
El taller es todo lo contrario a la elegancia
Daniel Flores relató que las togas se mandan a confeccionar en un taller de la colonia Roma, en un edificio deteriorado y del cual los vecinos desconocen del giro o más bien se niegan a hablar de él. Este no cuenta con un sitio web y la única manera de comunicarse es a través de un número telefonico.
No han sido pocas las veces en las que se ha debatido si existen o no vinculos entre la justicia y la política, sobre todo ahora en esta época que se caracteriza, desde algunos sectores jurídicos, como la «era de los jueces».
Ciertamente, la actividad judicial se ha incrementado en los últimos años. Sin exagerar, puede decirse que todo ha de pasar por el filtro de los tribunales. Aspecto por el cuál se genera el debate.
Hoy, no basta con que una ley se apruebe en el Congreso por una mayoría ni tampoco ganar ampliamente en las urnas. Tanto para una cosa, como para la otra, es necesaria la presencia del poder judicial.
Pero más allá de estos casos que ya han alcanzado gran demanda, la justicia ordinaria también se relaciona con la cuestión política.
Muchos casos existen y se debaten en la literatura jurídica que se han tomado de la misma práctica; lugar donde poco o nada se debate más allá de las audiencias.
Por ejemplo, el mítico caso de Riggs vs Palmer, tras el cual está en disputa una herencia y donde uno de los argumentos de los jueces que fallaron en contra de Palmer fue respecto a qué mensaje se daría, desde el tribunal, a los ciudadanos si se permitiera que reclame la herencia.
Casos como ese obligan a cuestionar el por qué el poder judicial mexicano sigue en negación respecto a la relación entre justicia y política, ya que el mensaje parece ser el mismo: «si se tiene dinero o poder…».
Así las cosas, se sabe que no son pocos los casos en que políticos, empresarios o personajes famosos se salen con la suya ante actos judiciales. Gozan de libertad o tienen licencia para seguir violando la ley.
Por todo, si una de las cosas que se pretende es la estructuración del poder judicial, uno de los puntos importantes es empezar a tener la capacidad de visualizar la relación entre la justicia y la política. Que ya no sea tabú, por ejemplo, que los jueces digan sus afinidades políticas o que se empiece a aceptar que las decisiones judiciales tienen un impacto importante en la sociedad.
